Crisis multidimensional de la pandemia COVID 19 para los Pueblos Indígenas Amazónicos Transfronterizos en Colombia, Ecuador y Perú

Por su parte, las organizaciones Amazon Frontlines y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acompañamos, y en algunas instancias representamos, a diversas comunidades indígenas. Amazon Frontlines es una organización no gubernamental multidisciplinar que acompaña Pueblos Indígenas en Colombia, Ecuador y Perú en sus procesos de pervivencia física y cultural. Tiene una presencia constante en la zona fronteriza entre estos tres países¹ . CEJIL es una organización no gubernamental con más de 28 años de acompañamiento a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas Pueblos Indígenas en Ecuador, Colombia, Nicaragua, Honduras, Paraguay y Chile, en el uso de sistemas internacionales y regionales de protección de derechos² . Ambas organizaciones representan al Pueblo Siona ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con las medidas cautelares vigentes a su favor en relación con Colombia³ .

En esta ocasión, solicitamos de manera específica que la Relatoría para Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo con las facultades otorgadas en el Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con las facultades otorgadas por el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU mediante Resolución 42/20 respecto el mandato de la Relatoría Especial, formulen una serie de recomendaciones a los Estados de Colombia, Ecuador y Perú; requieran información de los mismos Estados sobre las medidas tomadas para enfrentar la crisis detallada en la presente carta; y hagan un pronunciamiento público conjunto para promover respuestas estatales adecuadas.

Consideramos que, por la naturaleza transfronteriza de estos Pueblos, es necesario que los mecanismos regionales e internacionales de protección de derechos humanos adquieran un papel activo en promover la garantía de derechos, para que cualquier respuesta adecuada implique no solo acciones por parte de cada Estado, sino un esfuerzo trinacional coordinado, tal como ya lo han mencionado la CIDH y la Relatora Tauli Corpuz, para el caso de otros pueblos transfronterizos de nuestra región⁴ .

En la presente comunicación, primero detallamos la situación general en que viven estos Pueblos transfronterizos, con atención a cómo la crisis del COVID 19 ha agravado su situación de vulnerabilidad. Luego, profundizamos la destrucción continua del territorio; y algunos grupos con afectaciones particularmente graves dentro de los pueblos transfronterizos. Para finalizar, comunicaremos a Ustedes nuestras solicitudes en función de la urgencia de la crisis y el rol transcendental que podrían tener frente una crisis de esta dimensión.

I.Pueblos Indígenas amazónicos transfronterizos, su vulnerabilidad estructural, y el COVID-19

Los Pueblos Indígenas amazónicos transfronterizos son aquellos cuyos territorios ancestrales están divididos por las fronteras entre países, pero cuyas dinámicas de vida se ejercen de manera orgánica en lo que consideran un territorio único⁵ . En la zona fronteriza compartida entre Colombia, Ecuador y Perú están sentados los pueblos y nacionalidades Awá, Inga, Quillacinga, Pastos, A’i Kofán, Eperara Siapidaara, Kamentsá, Murui, Kichwa, Siona, Secoya, Coreguaje, Nasa y Embera Chamí⁶ .

Estos Pueblos viven una situación de especial vulnerabilidad con respecto al ejercicio de sus derechos humanos y colectivos, estando expuestos a situaciones sistemáticas de abandono y desatención estatal, presión de actores armados regulares e irregulares, imposición de actividades extractivas⁷ o forestales generadoras de despojo⁸ . Es decir, se trata de una población que está expuesta a problemas relacionados con la falta de infraestructura de salud, condiciones de abastecimiento alimentario, agua potable y bioseguridad⁹ .

En este contexto, los pueblos indígenas enfrentan una fuerte crisis humanitaria que incrementa cada vez más el riesgo de su extinción física y cultural, situación que se ve agravada en el medio de una pandemia mundial.

Para el año 2018, en Colombia la población indígena registrada era de 1.905.617 habitantes, lo que equivale al 4,3% del total de la población¹⁰ . De los 115 pueblos y naciones indígenas en ese país¹¹ , se identifica que por su fragilidad demográfica 35 pueblos se encuentran en riesgo de extinción física y cultural, dado que están conformados por menos de 500 habitantes; este hecho los ubica como una población con alta vulnerabilidad ante la pandemia del COVID-19. A nivel de Resguardos, un total de 201.576 familias indígenas están en alerta por la probabilidad de contagio¹² y son susceptibles de ser afectadas en el corto plazo¹³ .

En los departamentos de Vaupés, Arauca, Meta, Casanare, Cauca y Tolima, en los cuales existe alta presencia de población indígena, se evidenció un aumento en el índice de necesidades básicas insatisfechas con la presencia de cuadros notificados de desnutrición aguda moderada y severa en 2018¹⁴ . A lo anterior se suman altos índice de mortalidad por asociadas a desnutrición en menores de cinco años¹⁵ . Estos indicadores sirven para ejemplificar la difícil situación que tienen que afrontar los pueblos y naciones indígenas ante la medida de aislamiento derivada de la emergencia sanitaria sin que medien garantías por parte del gobierno nacional y los gobiernos territoriales.

En Colombia se registran un total de 3,977¹⁶ casos de COVID-19, 47 de ellos en el departamento de Nariño fronterizo con Ecuador 1 en el departamento del Amazonas limítrofe con Perú.

En Ecuador la población indígena ecuatoriana es de un millón de personas, equivalente al 7% de la población nacional¹⁷ , de este total al menos el 70% se ubica en territorios distantes y con un baja o inexistente acceso a servicios de salud equipados de manera suficiente.

En Ecuador se han reportado un total de 10,128 personas casos positivos de COVID-19¹⁸ , de los cuales 232 se encuentran en las provincias limítrofes con Colombia y Perú¹⁹ . En los primeros días del mes de abril y el pasado 10 de abril fallecieron la madre y el padre, respectivamente, de una de las siete personas de los centros shuar Warints y Yawi, Asociación Nunkui del cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, que un mes antes atendieron a una convención en Canadá de exploración y minería a invitación de la empresa canadiense Solaris Resources/Equinox Gold. Varios de los participantes de dicho evento resultaron contagiadas de COVID-19. Las autoridades ecuatorianas, al igual que la empresa involucrada, no han podido dar evidencia alguna de que las muertes reportadas tengan relación con la epidemia provocada por el COVID-19. Además, la “movilización de militares a los territorios no se ha detenido y se conduce sin las debidas precauciones contra el COVID-19”²⁰ . En el cantón Tiwintza se confirmó un caso COVID-19, y el campamento militar de la zona se encentra en cuarentena.

El viernes 17 de abril de 2020, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador²¹ alertó que, en los últimos 15 días, al menos 20 personas pertenecientes a la nacionalidad Siekopai presentaron síntomas asociados al COVID-19 y una persona adulta mayor con sintomatología falleció²² . A la fecha de redacción de este informe, el Ministerio de Salud Pública de los distritos de Cuybeno y de Shushufindi realizaron visitas en las comunidades de Waiya, San Pablo y Bellavista, reportando personas con sintomatología respiratoria coincidente con cuadro faríngeo amigdalar y/o neumonía, informaron no contar con dotación de pruebas de testeo rápido o PCR para descartar coronavirus. Se recomendó tomar las medidas de aislamiento domiciliar.

En Perú, la población indígena es de 5,972,606 de personas, equivalente al 25% de la población nacional²³ . Tan solo el 32% de comunidades cuenta con establecimientos de salud²⁴ , de los cuales 92% son postas sin personal médico, el 1,7% de estas postas tiene internamiento. Dichos establecimientos presentan desabastecimiento, ausencia de medicamentos o equipos necesarios para la atención y cuentan con grandes dificultades para aplicar el enfoque intercultural²⁵ , clave para valorar las creencias y visiones relacionadas con la salud, y para complementarlas con acciones concretas por parte del Estado. Según datos del censo del 2017²⁶ , solo el 9,8% de la población indígena amazónica tiene acceso a Internet; apenas el 25,8% cuenta con acceso a agua potable por red pública, el 19% cuenta con desagüe al interior de su vivienda y el 46,1% de las comunidades nativas tienen alumbrado eléctrico.

En Perú se reportan 16,325 casos confirmados²⁷ , de los cuales 552 se presentan en la provincia de Loreto²⁸ , zona de frontera con Colombia y Ecuador.

El 16 de abril de 2020, el Consejo Shipibo Konibo Xetebo- COSHIKOX, alertó públicamente sobre seis probables casos de infección de COVID -19 en pobladores de la Comunidad Shipibo Konibo de Puerto Bethel²⁹ . El 18 de abril se detectaron dos casos en la comunidad Shipibo-conibo de Puerto Bethel, provincia de Coronel Portillo, en la región Ucayali³⁰ , hasta la fecha no existe un pronunciamiento oficial por parte del Estado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP ha denunciado la falta de protocolos y respuesta especifica.

Es importante precisar que las cifras reportadas de contagios por COVID-19 pueden ser mayores ya que los tres países han enfrentado dificultades para la realización de acciones masivas de testeo,³¹ que incluyen la falta de pruebas, la falta de protocolos claros para la toma y procesamiento de muestras y/o la falta de laboratorios especializados que realicen el procedimiento; ello pese a que la OMS ha insistido en la necesidad de complementar las medidas de aislamiento social con la realización de test masivos.

Esta situación se ha agudizado con las inadecuadas respuestas por parte de Colombia, Ecuador y Perú, para la adopción rápida y eficaz de medidas urgentes para limitar la propagación de COVID 19 en territorios indígenas, medidas de protección con enfoque diferencial, la entrega de apoyos humanitarios y kits de bioseguridad³² . Al mismo tiempo, no ha habido apoyo para la implementación de los planes de contención, cuarentena y aislamiento desarrollados por las autoridades y comunidades en sus territorios.

Ante la falta de una respuesta oportuna, a nivel regional y de país varias organizaciones y movimientos indígenas ya han emitido llamados a una reacción adecuada urgente.

El 1 de abril de 2020, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA emitió una declaratoria en la que enfatizó la obligación estatal de garantizar la salud integral para los pueblos indígenas a través de acciones culturalmente apropiadas de prevención, detección, así como la reducción máxima de las posibilidades de mortalidad; en su comunicación exhortan a que “los gobiernos intensifiquen las acciones de vigilancia y protección de territorios invadidos por petroleros, mineros, madereros y personas ajenas a los territorios”³³ .

A partir del 27 de marzo de 2020, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), a través de sus boletines informativos³⁴ . a emitido recomendaciones y exigencias al poder ejecutivo sobre cómo debe actuar en las fases de prevención, atención y respuesta^35Los .

El 26 de marzo de 2020, organizaciones indígenas y de derechos humanos del Ecuador realizaron un llamado urgente al Presidente de la República³⁷ . al Ministerio de Salud y a la Secretaria de Riesgos para que dado el avance de la pandemia y la situación de especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas se reconozca de manera pública a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, como poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia y, las decisiones se tomen en consulta con los mecanismos de autoridad y representación. Se solicitó que se tomen todas las medidas necesarias, culturalmente apropiadas y efectivas para proteger las comunidades y los territorios del cual dependen. De manera específica se requirió que el COE Nacional³⁸ que estableciera de manera inmediata una mesa técnica de alto nivel, que, de manera indispensable, cuente con asesoría permanente de Organizaciones Indígenas, No Indígenas a efectos de garantizar la pertinencia de su intervención y minimizar los potenciales daños³⁹ .

En Perú, el pasado 30 de marzo organizaciones indígenas de la Amazonia peruana realizaron una declaratoria de emergencia⁴⁰ , informaron la situación de sus zonas y realizaron un llamado al ejecutivo y a la comunidad internacional ante una realidad que podría causar irreparables daños a las comunidades indígenas amazónicas tras la expansión del coronavirus (COVID-19), de manera específica requieren al presidente Martín Vizcarra el desarrollo de acciones de articulación y acción.

En los tres países, además de estas declaraciones diversas organizaciones indígenas, de derechos humanos y de sociedad civil han realizados permanentes e ingentes llamados al Estado⁴¹ para que se dé respuesta pertinente, urgente y concretada a los pueblos indígenas tanto en sus territorios como en entornos urbanos.

Ante una falta de respuesta estatal adecuada, en los tres países las organizaciones y comunidades indígenas han establecido de manera autónoma planes de contingencia para enfrentar la pandemia, que incluyen procesos de aislamiento social comunitario, control territorial a través de sistemas de guardia indígena, fortalecimiento de sistemas de medicina tradicional, acciones educomunicacionales y acciones de incidencia ante gobiernos locales y nacionales para la gestión de ayuda humanitaria. Hasta la fecha en los tres países los Pueblos y Nacionalidades indican que las ayudas gubernamentales siguen sin llegar⁴² .

Entre los pueblos transfronterizos más amenazados por el virus se tiene a los Awa, Pastos Siona y Cofan, quienes mantienen una migración constante y relaciones sociales, económicas, culturales y políticas; con el fin de unir y recomponer sus pueblos, haciendo uso y aplicación de sus principios, valores y prácticas ancestrales.

Por su situación única, los Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial están en mayor riesgo por los perfiles inmunológicos. Según opiniones expertas, el virus tendrá un mayor contagio cuando llega a estos Pueblos. La respuesta de protección a estos pueblos no puede circunscribirse únicamente al deber estatal de abstenerse de seguir autorizando actividades que incrementan las probabilidades de contacto, sino que además se deben tomar medidas para asegurar que esto no se produzca. Una de estas medidas debe ser un efectivo cerco sanitario en coordinación con las poblaciones vecinas a sus territorios vecinos, debiendo ser una obligación compartida por los gobiernos de los tres países, estrategia que tampoco se ha implementado hasta la fecha.

En Ecuador el 18 de abril de 2020, luego de conocerse por medio de redes sociales de un posible contagio en la zona de Pompeya⁴³ , contigua al Yasuni, zona de habitación de pueblos no contactados, funcionarios del Ministerio de Salud compartieron de manera extraoficial el “Protocolo para prevención y contingencia de CORONAVIRUS en el área de influencia de la zona Intangible Tagaeri Taromenane MTT4N-002”⁴⁴ , documento elaborado sin el conocimiento y la participación de organizaciones indígenas y que no incluye en sus consideraciones el impacto de la actividad petrolera que la empresa REPSOL realiza en la zona.

La organización comunitaria, la articulación entre las estructuras organizativas, pueblos e instituciones propias, así como la coordinación efectiva con las entidades territoriales, siempre bajo la orientación de las autoridades espirituales, generan condiciones más robustas para hacer frente al avance del riesgo de contagio, reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, ya que se puede lograr una ruta o plan de trabajo con mucha apropiación por parte de las comunidades, que responda con contundencia a las exigencias del momento y tiempos históricos que viven los indígenas y en general los pueblos del mundo. Es fundamental que, tras los tres Estados, los esfuerzos se coordinen con las autoridades locales, quienes conocen la situación y necesidades de los Pueblos.

Así mismo se manifiesta importante preocupación por la situación de miembros de pueblos indígenas residentes en zonas urbanas; situación que obedece a procesos de desplazamiento por razones socio económicas y en algunos casos por conflicto armado. Los pueblos indígenas en contexto de ciudad se encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad en varios sentidos.

Esta población se encuentra fuera y distante de su territorio ancestral y enfrenta desafíos para la pervivencia cultural; en su mayoría se encuentran en condiciones económicas precarias o de pobreza y, ante la falta de políticas públicas diferenciales y voluntad institucional que posibiliten resignificar su ser indígena en estos contextos, la discriminación estructural e institucional, entre otros factores que marcan grandes brechas en comparación con la población mayoritaria, lo cual afecta sus capacidades para afrontar la pandemia. El tema de los ingresos económicos se genera de ingresos diarios por actividades ambulantes o de servicios informales impidiendo la adopción de la medida de aislamiento preventivo obligatorio. En ninguno de los tres países hasta la fecha ha desarrollado protocolos o procedimientos para la atención diferenciada de esta población.

Para el caso de Ecuador los miembros del Pueblo Chachi⁴⁵ , Epera⁴⁶ , Waorani⁴⁷ y Kichwa⁴⁸ han denunciado públicamente que sus miembros se encuentran en condiciones de precariedad ya que sobreviven de ventas informales diarias que se han visto suspendidas por las disposiciones gubernamentales de toques de queda o aislamiento, esto genera que estos se vean presionados a retornar a sus territorios originarios lo que implica graves riesgos de expansión de la pandemia.

Sin embargo, ninguno de estos llamados ha recibido respuesta efectiva por parte de los gobiernos y las acciones de atención siguen siendo desarticuladas y carecen del enfoque diferencial necesario para atender esta crisis desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas transfronterizos en la Amazonía.

Por la gravedad de la situación, y por las necesidades únicas de esta situación, hacemos un llamado a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos para que requieran a los Estados brindar una atención efectiva a estos problemas de manera coordinada y urgente.

Necesidad de medidas de integralidad territorial

La expansión del virus en Colombia, Perú y Ecuador se ha presentado a partir de casos importados desde el extranjero⁴⁹ . Si bien estos casos al inicio se concentraron en las ciudades capitales, de manera gradual han ido trasladándose a otras ciudades intermedias, para, finalmente llegar a municipios cercanos a la mayoría de los territorios indígenas. Es preocupante que, al día de hoy, en ninguno de los tres países se haya logrado frenar la propagación de este virus en aquellas ciudades que cuentan con mayores capacidades técnicas, financieras y hospitalarias para atender esta pandemia.

La gravedad para los Pueblos Indígenas se exacerba por la ausencia de medidas de prevención, contención y respuesta estatal adecuadas, que consideren, entre otros criterios, las dificultades de movilidad entre y hacia los territorios, el uso de idiomas originarios diversos, la práctica de sistemas reuniones tradicionales comunales para la celebración de eventos especiales, o la forma de vida en viviendas multi-generacionales y con espacios compartidos. En el caso de los Pueblos Indígenas transfronterizos, ello se ve complejizado por la vigencia de distintos marcos jurídicos nacionales respecto el estado de emergencia y circulación permitida.

En la zona entre Colombia, Ecuador y Perú, además de la compleja situación por los niveles de pobreza multidimensional y vulnerabilidad por enfermedades prevalentes, se suma la situación de conflicto armado que ha sido un riesgo histórico para las comunidades de la región y que actualmente, de acuerdo con reportes recibidos por las comunidades y en algunos casos registrados en medios de comunicación, se ha agudizado⁵⁰ .

Desde el mes de septiembre de 2019, mediante la Alerta temprana 040, la Defensoría del Pueblo en Colombia señaló el elevado riesgo al que está expuesta la población civil del municipio de Puerto Asís y de algunos territorios colectivos de comunidades étnicas y Resguardos Indígenas, debido a la presencia y disputa por el control territorial entre actores armados irregulares, pertenecientes a facciones que no suscribieron el Acuerdo Final de Paz y la estructura armada ilegal autodenominada ‘La Mafia’, quienes habían incrementado sus acciones de disputa armada⁵¹ .

Ante la pandemia, según información confirmada por varios líderes y lideresas de la región, los actores armados estarían amenazando con asesinar a quienes resulten con síntomas del Covid-19, como medida de control de la pandemia en el departamento del Putumayo, Colombia. Estos hechos, así como un incremento de la violencia en el departamento del Putumayo en medio de la pandemia global por el covid-19 fueron denunciados el pasado 9 de abril por varias organizaciones de derechos humanos⁵² .

Reiteramos las denuncias hechas desde el año pasado por las diferentes organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, a las cuales debemos agregar los graves hechos de las últimas semanas:

La gran familia AWA ha denunciado públicamente⁵³ . el accionar de los grupos armados ilegales que siguen amenazando sus comunidades, presentándose el homicidio de un joven del pueblo Awá en el Resguardo Tortugaña Telembí en inmediaciones de Río Pipalta, municipio de Barbacoas (Nariño); intimidación a la población por parte de actores armados a la entrada del centro educativo “Los Telembies” en el corregimiento de Buenavista, departamento de Nariño⁵⁴ . El Pueblo Siona de Buenavista y Wisuya también ha registrado e informado diversos actos de hostigamiento y violencia en su contra a la CIDH; entre ellos se encuentra la presión que ejercen actores armados irregulares, quienes restringen la entrada y salida de comunidades en los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Asís. En este último municipio, las comunidades de la ribera del río Putumayo han denunciado que integrantes de una estructura denominada “la Mafia” han advertido de manera verbal a dirigentes y moradores que por disposición de los comandantes de dicha estructura “se la va a dar plomo a cualquier persona que resulte sospechosa de contagio con COVID19”, indicando que están en la obligación de informar al grupo de cualquier sospecha y de negarse se tomaran medidas contra las comunidades.

Pueblos Indígenas como los Siona (ZioBain), los A’I Cofan o los Inga además de los riesgos derivados de la expansión del COVID19 deben también enfrentar los impactos de actividades relacionadas con la reconfiguración del conflicto armado y actividades de crimen organizado. En la rivera los ríos Putumayo y San Miguel los grupos armados han incrementado las acciones hostiles⁵⁵ .

Otra situación de especial preocupación es la continuidad de actividades extractivas legales o ilegales en los territorios. A pesar de que en las zonas transfronterizas se han presentado reportes de contagio de COVID-19, a la fecha los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú no han declarado la moratoria de actividades extractivas, considerándolas estratégicas para sus economías. Por el contrario, en Ecuador⁵⁶ y Colombia⁵⁷ los gobiernos siguen alentando el desarrollo de actividades extractivas en sus diferentes fases, lo que implica graves riesgos para los pueblos indígenas en cuyos territorios se desarrollan actividades extractivas⁵⁸ .

El 3 de abril de 2020, 25 empresarios asociados al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga remitieron al presidente de Colombia, Sr. Iván Duque, una comunicación con propuestas para ser implementadas en el marco de lo que han llamado la crisis socioeconómica causada por el COVID-19, manifestando especialmente la necesidad de adoptar medidas “para evitar que la actividad económica real caiga de forma drástica y persistente”⁵⁹ . Entre las medidas proponen “aprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalias (sic), de consulta previa y licencias ambientales en los que, sin vulnerar el ordenamiento jurídico, se simplifique su aplicación, para aumentar y acelerar la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país”. Por su parte el ministerio del interior emitió una reciente directriz que establece el uso de medios virtuales para la realización de la Consulta Previa⁶⁰ .

Ante ello, varias organizaciones indígenas y de la sociedad civil manifestaron preocupación por las medidas regresivas en materia de derechos humanos y del ambiente bajo la excusa de promover el desarrollo a partir del incremento en la productividad de algunos sectores⁶¹ .

Mientras tanto, el 7 de abril de 2020, se produjo un derrame de crudo en el Ecuador, que el estado denominó un caso fortuito⁶² . El incidente se produjo por la rotura de las dos principales tuberías de transporte del Sote y el OCP. A pesar de reiteradas solicitudes de información realizadas por organizaciones de derechos humanos, la empresa estatal de petróleos PETROECUADOR y los Ministerios ecuatorianos responsables no han transparentado la información sobre la cantidad de crudo vertido, las medidas de contención tomadas y las alternativas para que las comunidades indígenas y campesinas afectadas garanticen sus derechos mínimos de subsistencia. Este hecho agrava mucho más la situación de vulnerabilidad que ya enfrentan en el marco de la actual pandemia por el Covid-19. La única información proporcionada por el Estado ecuatoriano tiene que ver con los mecanismos para garantizar que el transporte de crudo no resulte afectado, frente al desprecio sobre la integridad, la salud y la alimentación de cientos de familias afectadas.

Necesidades urgentes de atención en salud

Como hemos referenciado anteriormente, la situación de salud para los Pueblos Indígenas transfronterizos ya era grave antes de la pandemia del COVID-19 debido a la alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas introducidas y enfermedades crónicas no transmisibles en a la falta de acceso a saneamiento y al deficiente servicio de salud⁶³ . Las instalaciones médicas, en caso de existir, a menudo están mal equipadas y no cuentan con personal suficiente o idóneo por ejemplo en temas culturales, servidores públicos o traductores a idioma propios, etc.

En las comunidades indígenas la prevalencia de enfermedades como la hepatitis B, la tuberculosis, la malaria o el dengue es alta. Según la Organización de las Naciones Unidas más del 50 por ciento de los indígenas mayores de 35 años padece diabetes tipo 2. Además de esto, los pueblos indígenas experimentan altos niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición, afecciones cardiovasculares y otras enfermedades infecciosas, como el paludismo y la tuberculosis⁶⁴ .

Ante esta realidad, en los Pueblos transfronterizos se ha planteado la necesidad de que los Estados deben:

Reconocer de manera pública que los Pueblos y Nacionalidades Indígenas son poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia; y en consulta con sus mecanismos de autoridad y representación; tome todas las medidas necesarias, culturalmente apropiadas y efectivas para proteger las comunidades y los territorios del cual dependen.
Elaborar protocolos de respuesta y contención en concertación con Pueblos y Nacionalidades a efectos de garantizar la pertinencia de su intervención y minimizar los potenciales daños.
Garantizar derecho a la alimentación durante la emergencia. Se debe asegurar que las comunidades tengan acceso a fuentes de alimentación propias aprovisionadas mediante prácticas de pesca, cacería y recolección vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros, incluidas empresas o quienes ejecutan actividades “legales” e ilegales de minería y explotación forestal.
La garantía de salud integral asuma como condiciones previas:
Abastecer a las unidades de salud, que prestan asistencia a los Pueblos indígenas, con la cantidad necesaria de insumos para protección individual, medicamentos sintomáticos, productos de higiene personal y garantizar flujo de reposición adecuado.
Reparar los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades en las que estos no estén funcionando y hacer sistemas en los lugares donde aún no existan.

Ofrecer apoyo alimentario pertinente y que se ajuste a las necesidades dietarias de la población.

El movimiento indígena, como cooperación ante la emergencia sanitaria, ha generado protocolos de atención propios para todas las fases de la Pandemia⁶⁵ , por tanto es obligación del estado la difusión y/o implementación de estos contenidos interculturales generados.
Necesidad urgente de información clara y culturalmente adecuada sobre la pandemia
El acceso de los pueblos indígenas a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a sus familias y a su comunidad es un derecho fundamental que no resulta garantizado. Esa información debe además ser clara, culturalmente adecuada y a través de canales eficientes a los que pueda acceder la población geográficamente distante que no cuenta con acceso a telefonía móvil fija, internet, televisión y energía eléctrica.

Ante el vacío de información generada por las autoridades, en los tres países han sido las organizaciones indígenas y organizaciones aliadas las que han llevado a cabo iniciativas educativas y comunicacionales campaña informativas y preventivas en lenguas originarias de pueblos y nacionalidades⁶⁶ . Estas acciones por parte de las comunidades y de la sociedad civil no resuelven el derecho de acceso a información de carácter estadístico y de avance – control de la pandemia, información que debe ser proporcionada por los Estados.

Por ello, es necesario retirar a los Estados su obligación de difundir contenidos interculturales adecuados, utilizar los ya generados por otras fuentes si estos existen, y garantizar una amplia y permanente difusión de estos contenidos a través de todos los canales públicos y privados, y en todos los formatos: radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales.

Enfoque diferencial para Pueblos en aislamiento o no contactados y mujeres indígenas

Las comunidades y sus habitantes no son un grupo homogéneo. Dentro de ellas existen necesidades diferenciadas que los Estados deben tomar en cuenta. Por ejemplo, las mujeres que viven dentro de los Pueblos Indígenas tienen una situación de múltiple discriminación por su propia su condición de ser mujer⁶⁷ , así como por su procedencia rural, pobre, indígena y en algunos territorios víctima de acciones bélicas o de crimen organizado⁶⁸ ; lo que las hace mayormente vulnerables a los impactos de otras situaciones de vulneración y marginalización estructural.

Algunos los pueblos indígenas, se encuentran en una doble condición de vulnerabilidad; la de aislamiento preventivo y la de confinamiento obligatorio a causa del conflicto armado y del tránsito indiscriminado de actores armados al margen de la ley por sus territorios ancestrales. Esta situación ha sido denunciada insistentemente toda vez que provoca que algunas de las comunidades indígenas estén desabastecidas de productos básicos de la canasta familiar, hecho que pone en riesgo la seguridad alimentaria, porque a pesar de las iniciativas propias de proyectos productivos, las limitaciones territoriales por las nuevas dinámicas de la guerra no han permitido el desarrollo óptimo de proyectos productivos de cultivo.

Urgencia de una respuesta regional coordinada

A nivel normativo Ecuador, Perú y Colombia son países que se reconocen como multiétnicos y pluriculturales, protegen la diversidad étnica y cultural por medio del reconocimiento del derecho a la igualdad y el establecimiento de la obligación de promover condiciones para que dicha igualdad sea real y efectiva. De hecho, existen algunos esfuerzos previos por parte de Colombia y Perú de firma de acuerdos para trabajar con comunidades transfronterizas en sus territorios⁶⁹ .

Sin embargo, la magnitud de la pandemia COVID 19 requiere que se extremen los esfuerzos por parte de los tres Estados para las comunidades. En este sentido, el Comité DESC⁷⁰ y la CIDH⁷¹ han reconocido que los pueblos indígenas se encuentran en particular vulnerabilidad frente a la pandemia.

Distintas organizaciones indígenas y de derechos humanos hemos emitido tanto en el ámbito nacional como hacia agencias multilaterales diversas y constantes alertas sobre el riesgo de extinción física y cultural que afrontan estos pueblos; exhortando a los Estados a encontrar soluciones que protejan su existencia y permitan el ejercicio de sus derechos humanos. Estos reclamos adquieren una urgencia adicional en las condiciones actuales.

A medida que continúan los bloqueos en numerosos países, sin una línea de tiempo a la vista, los pueblos indígenas que ya enfrentan inseguridad alimentaria, como resultado de la pérdida de sus tierras y territorios tradicionales, enfrentan desafíos aún más graves en el acceso a los alimentos. Con la pérdida de sus medios de vida tradicionales, que a menudo se basan en la tierra, muchos pueblos indígenas que trabajan en ocupaciones tradicionales y economías de subsistencia o en el sector informal se verán afectados negativamente por la pandemia. La situación de las mujeres indígenas, que a menudo son las principales proveedoras de alimentos y nutrición para sus familias, es aún más grave.

Solicitudes

Por todo lo anterior, solicitamos a Ustedes que a la brevedad tomen todas las medidas pertinentes de acuerdo con sus mandatos, incluidos comunicados, solicitudes de información y pronunciamientos públicos conjuntos para exhortar a los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú lo siguiente:

a. Reconozca de manera pública que los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, son poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia.

b. En cada país las instituciones que están definiendo e implementando las estrategias de atención ante la pandemia deben establecer mesa técnica de alto nivel, que incluya la participación y asesoría permanente de Organizaciones Indígenas y No Indígenas con experticia en trabajo con estos pueblos y territorios. Las mesas técnicas de cada país deberían tener reuniones periódicas con las mesas de los otros países de la zona transfronteriza.

Con relación a la decisión de ampliación de la cuarentena nacional en los tres países, sin garantías de derechos ni de condiciones mínimas para que la población pueda acatar plenamente esta situación, es urgente adoptar las decisiones necesarias para garantizar el mínimo vital de subsistencia que conduzca a solventar las necesidades de alimentación, bioseguridad y acceso agua potable,

c. Para fortalecer los esfuerzos de contención y respeto de la integridad territorial de los Pueblos Indígenas transfronterizos ante la expansión del virus

i. se insta al Gobierno Nacional y a los gobiernos territoriales de los tres países a fortalecer la implementación de los planes de contención, liderados por los pueblos y nacionalidades indígenas, apropiando efectivamente y con enfoque diferencial los recursos necesarios en forma inmediata; lo que debe incluir la entrega emergente y efectiva de ayudas humanitarias – alimentos y elementos de bioseguridad.

ii. Extremar las medidas de control en TODA la zona transfronteriza entre Colombia, Ecuador y Perú, así como las acciones pertinentes para contener la pandemia y atender los casos, acorde con las solicitudes realizadas por las autoridades indígenas y los gobiernos territoriales de la zona (departamental y municipal).

iii. El gobierno intensifique las acciones de vigilancia y protección de territorios invadidos por mineros ilegales, narcotraficantes, madereros, colonos, misioneros, turistas, etc. Ello en concertación y coordinación con las autoridades y sistemas de gobernanza y protección territorial de las comunidades. Ni la emergencia, ni una noción punitiva y militar de “seguridad nacional” pueden dar lugar a la militarización inconsulta de territorios, que está expresamente rechazada por el derecho internacional y constitucional ecuatoriano de los derechos de los pueblos.

iv. Que los gobiernos prioricen los derechos a la vida digna, la salud, la integridad física, consentimiento y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas sobre las actividades extractivas en sus territorios. La incompatibilidad entre éstas y los derechos de los pueblos se deberá resolver siempre a favor de estos, particularmente, en casos en los que la experiencia histórica y el principio de precaución imponen detener actividades y/o establecer moratorias para no arriesgar la pervivencia de grupos humanos especialmente vulnerables. Asimismo, en protección de los pueblos y sus derechos.

d. Garantizar la atención integral en salud de manera culturalmente adecuada:

i. En concertación y coordinación con las organizaciones y sistemas de autoridad de las comunidades y consejo, se emprendan acciones culturalmente apropiadas de prevención primaria (para evitar que el Covid19 llegue a las comunidades), prevención secundaria (para detección temprana de casos) y prevención terciaria (para reducción de la mortalidad).

ii. Realizar pruebas masivas territorializadas que permitan la detección temprana de personas contagiadas sintomáticas y asintomáticas como medida urgente para contener la expansión del virus. De manera INMEDIATA se deberá realizar toma de muestras de confirmación en las comunidades indígenas que presentan altos índices de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y que se encuentra dentro de las alertas de riesgo señaladas por las organizaciones indígenas de los tres países.

Dada la falta de pruebas de diagnóstico rápido y PCR los estados deberán requerir el apoyo de la cooperación internacional para este fin.

iv. Coordinación de acciones conjuntas entre los gobiernos y las autoridades indígenas y la implementación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Étnico de la pandemia.

e. Garantizar un enfoque diferencial dentro de la respuesta estatal dirigida a Pueblos Indígenas.

i. La garantía de vida y autodeterminación de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario se entienda como un altísimo deber de resultados y no sólo de intenciones de los tres gobiernos de manera autónoma y conjunta: no únicamente deben abstenerse de seguir autorizando actividades, como las de explotación y explotación petrolera o minera, que incrementan las probabilidades de contacto, sino que además se deben tomar medidas para asegurar que esto no se produzca.

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