Para más información, póngase en contacto con:
Sophie Pinchetti +593 93 991 8899 sophie@amazonfrontlines.org
Luisana Aguilar +593 99 924029 luisana@amazonfrontlines.org
Alejandra Yépez Jácome +593 99 271 3867 ayepez@amazonwatch.org
Quito, Ecuador – El 18 de octubre de 2021, cientos de ancianos, jóvenes y líderes indígenas llegaron a Quito después de haber viajado desde sus comunidades en lo profundo de la selva amazónica, para presentar la primera de una serie de demandas contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un exbanquero de derecha. Las acciones presentadas ante la Corte Constitucional, la instancia judicial más alta del país, pretenden desbaratar sus planes de ampliación de las extracciones petrolíferas y mineras. Estas amenazan millones de hectáreas de selva tropical prístina y de supervivencia física y cultural indígena.
La primera demanda, presentada hoy por organizaciones indígenas, alega que el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento libres, previos e informados fue violado por el Decreto Ejecutivo 95. Este documento pretende duplicar la producción de petróleo del país hasta un millón de barriles diarios mediante la desregulación de los procesos operativos de la industria del petróleo y el gas.
En las siguientes semanas, las organizaciones y comunidades indígenas también presentarán una segunda demanda contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía. Ello, pese a la firme decisión de los pueblos indígenas de mantener sus territorios libres de minería. Los pueblos indígenas potencialmente afectados reconocen no haber sido consultados ni tampoco haber dado su consentimiento a ninguno de los dos decretos, tal y como exige la legislación nacional e internacional; por tanto, exigen a la Corte Constitucional que los declare inconstitucionales y nulos.
Los Decretos Ejecutivos 95 y 151 forman parte de la estrategia de política pública de la nueva administración presidencial para hacer frente a la paralizada economía de la nación sudamericana y a su colosal deuda externa, redoblando el extractivismo y la explotación delanaturaleza. Sinembargo, estos documentos firmados enlos primeros ciendías delgobierno de Lasso, el 7 de julio y el 5 de agosto, respectivamente, pretenden transformarradicalmente las políticas gubernamentales sobre petróleo y minería, favoreciendo a laindustria yatrayendola inversiónextranjera.
Ambos decretos formalizan los mecanismos para que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorguen rápidamente licencias ambientales a las industrias petroleras y mineras. Esto a pesar de la evasión de las leyes y obligaciones internacionales y el marco constitucional del país, diseñado para garantizar los derechos y la soberanía de las naciones indígenas.
Los pueblos indígenas y las organizaciones de derechos humanos denuncian que la decisión del Presidente demuestra un grave retroceso en la garantía de los derechos humanos y colectivos y de los derechos de la naturaleza. Así, refuerza una larga historia de abusos de los derechos humanos y conflictos socioambientales en la Amazonía, vinculados a los sectores del petróleo, el gas y la minería.
En este sentido, la propuesta de expansión de la frontera extractiva tiene como objetivo nuevas franjas remotas de la selva tropical, que alberga algunos de los niveles más altos de biodiversidad del planeta y los territorios de las naciones Shuar, Achuar, Kichwa, Waorani, Shiwiar, Andoa, Sápara y A’i Cofan, que han montado una feroz resistencia contra los intereses petroleros y mineros en los últimos años.
En medio de la crisis climática mundial, las demandas de los pueblos indígenas y las estrategias de organización sobre el terreno tienen como objetivo proteger los últimos bastiones de la selva, fundamentales para la estabilidad climática. La decisión de Lasso de favorecer los intereses de la industria por encima de la protección de la selva amazónica amenaza los compromisos adquiridos por el gobierno ecuatoriano en el Acuerdo de París. Además, es incompatible con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de poner fin a toda nueva exploración y producción de combustibles fósiles, y de disminuir los motores de la deforestación y las fuentes de contaminación, como la minería.
En tanto, la industria financiera se enfrenta a las amenazas a los derechos humanos, la biodiversidad y el clima que suponen las nuevas extracciones de petróleo en el Amazonas, así como a los riesgos para su reputación. Algunos de los principales bancos europeos, como BNP Paribas Group, Credit Suisse e ING -responsables en conjunto de más del 50% de la financiación proporcionada en la última década- se han comprometido a excluir inmediatamente de sus actividades comerciales el nuevo petróleo de la Amazonía ecuatoriana. Este hecho ocurre debido al deficiente historial medioambiental y de derechos de los indígenas del país, así como al doble rasero que supone promover los compromisos de sostenibilidad de las empresas mientras se comercializa un petróleo amazónico que contribuye al cambio climático.
Los pueblos indígenas esperan que estas demandas reafirmen y amplíen un precedente legal pionero establecido en julio de 2020, el cual reconoce el derecho colectivo a la consulta y consentimiento prelegislativo – previo a la promulgación de leyes o reglamentos por parte del poder legislativo o ejecutivo. El derecho a decidir sobre los proyectos extractivos que afectan a sus territorios se ha convertido en una de las herramientas legales más poderosas de las que disponen hoy los pueblos indígenas para proteger sus territorios y su supervivencia cultural frente a la acelerada explotación de las tierras indígenas y, como consecuencia, el avance de nuestra crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies. Los tribunales ecuatorianos han jugado un enorme papel históricamente en la región en torno a este derecho, incluyendo los triunfos legales de los A’i Cofan y Waorani, en 2018 y 2019, respectivamente, que protegieron con éxito miles de hectáreas de selva tropical de los impactos destructivos del petróleo y la minería.
La presentación de las demandas contra los decretos de Lasso se produce a pocas semanas de la investigación de la Asamblea ecuatoriana sobre los posibles delitos financieros del presidente, tal y como revelaron los Papeles de Pandora a principios de este mes. Asimismo, mientras el movimiento indígena se prepara para la primera audiencia de la Corte Constitucional en territorio indígena como parte del caso histórico de los A’i Cofan de Sinangoe sobre el derecho a decidir de los pueblos indígenas.
La demanda contra el Decreto Ejecutivo 95 fue presentada por la Organización Indígena Nacional de Ecuador – CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), la Federación Indígena Amazónica – CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y la Organización política Waorani de Pastaza – CONCONAWEP (Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza). La demanda contra el decreto ejecutivo 151 será presentada a finales de este mes por la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofan de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA).
Declaraciones
Leonidas Iza, Presidente de la CONAIE:
“Los territorios de los pueblos y nacionalidades están en peligro. Estos territorios permiten equilibrar la vida y los ecosistemas. Por ello, por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena, que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada pero de manera vinculante; que exista consentimiento y esto debería ser reconocido por la Corte Constitucional.”
Marlon Vargas, Presidente de la CONFENIAE:
“Desde la organización indígena de la Amazonía ecuatoriana (CONFENIAE) rechazamos los decretos que promueven ampliar la frontera extractiva petrolera y minera. A través de ellos, el gobierno de Guillermo Lasso busca violar todos los derechos colectivos dentro de los territorios indígenas, derechos que son reconocidos no solo por la Constitución ecuatoriana, sino por los tratados internacionales. Por ello, alertamos a todas las nacionalidades. Defenderemos nuestros derechos y nuestros territorios, porque son nuestros espacios de vida”.
Nemonte Nenquimo, Lideresa Waorani & Presidenta de la CONCONAWEP:
“Nosotros, pueblos indígenas, hemos defendido nuestros territorios y la naturaleza durante miles de años. Protegemos nuestra Madre Tierra porque da vida a nuestro planeta y nuestro
clima. El Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano de respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura ”.
Viktor Quenama, Presidente de la comunidad A’i Cofan de Sinangoe:
“Nosotros defendemos nuestro territorio, nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros animales. Sin bosque, sin agua, no podemos vivir. No queremos minería en nuestro
territorio y no queremos que se explote, que se dañe o que se contamine el Río Aguarico o esteros. Toda la comunidad, mayores, mujeres, jóvenes, tenemos un solo pensamiento y queremos cuidar nuestro territorio para que las futuras generaciones puedan seguir viviendo bien. El gobierno tiene que respetar nuestros derechos y dejarnos vivir libremente.”
Josefina Tunki, Presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA):
“Para nosotros, el decreto 151 significa que nuestros territorios están amenazados por la minería a gran escala. Nos damos cuenta que esto no está bien, ¿a quién le consultó Guillermo Lasso, con quién socializó los impactos positivos y negativos de la minería? Con nadie, porque a nosotros no nos consultaron. Todos en las bases comunitarias deben opinar, pero ni él ni sus asesores ni siquiera conocen nuestras comunidades. Asimismo, todo el Pueblo Shuar Arutam ha sido concesionado sin respetar el derecho que tenemos a decir no a estas actividades. La tierra no tiene un precio, la tierra no necesita inversión, la tierra es eterna si la respetamos. Por eso, estos decretos son una violación terrible a nuestros derechos. ¡Vamos a denunciar cada acción del gobierno que no respete nuestros derechos y nuestros principios de autodeterminación! ¡Somos posesionarios milenarios de estos territorios y la ley, la Constitución y los derechos humanos nos protegen!”.
Maria Espinosa, Abogada de Amazon Frontlines:
“Estamos presentando demandas de acción pública de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 95 y 151 por que consideramos que estos han sido elaborados en clara violación a los derechos de consulta previa y consulta pre-legislativa y favorecen la expansión acelerada de actividades extractivas, petroleras y mineras, que generan gravísimos y en su mayoría irreparables impactos contra la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas. De manera particular el incremento de actividad hidrocarburífera se proyecta en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, particularmente de la Amazonía. Con el pretexto de garantizar recursos para el país, Lasso pretende imponer una agenda extractiva y sacrificar la vida de miles de familias indígenas, valiéndose de procedimientos administrativos inconsultos.”
Carlos Mazabanda, Amazon Watch, Coordinador Ecuador:
“Con la emisión de los Decretos 95 y 151, el actual gobierno quiere dar un impulso sin precedentes al desarrollo de proyectos petroleros y mineros, particularmente en la Amazonía, territorios de 11 nacionalidades indígenas. Esta fórmula de sustentar nuestra economía en la extracción de recursos no renovables, que lleva 50 décadas, no ha traído desarrollo económico ni social al país. ¡Esto es real! Así como el cambio climático está afectando la vida de toda la sociedad. Es urgente cuidar los remanentes de los bosques tropicales, que es donde se pretende desarrollar la industria petrolera y minera. La Corte Constitucional tiene la responsabilidad de garantizar estos derechos, principalmente el consentimiento previo, libre e informado, sistemáticamente violado por el Estado ecuatoriano”.
