La actividad petrolera ha continuado pese al estado de emergencia por la Pandemia del covid-19. Esta actividad, por su flujo de personas y materiales, es una de las más riesgosas que pueden darse en el entorno de comunidades indígenas. Por ello, las empresas petroleras y el Estado que las regula, en un contexto de pandemia, debieran ser lo más responsables, y reducir al mínimo su actividad, especialmente en las áreas donde la actividad petrolera es la que más personas y materiales moviliza.
En el caso del área del Parque Nacional Yasuní, se trata además de la zona más frágil del país por la presencia de Pueblos Indígenas Aislados, como la nacionalidad waorani de reciente contacto y, así también, de comunas kichwa amazónicas y mestizas. En especial, los Pueblos Indígenas Aislados cuentan con una amplia protección en la Constitución del Ecuador, así como en las normas supranacionales que reconocen la autodeterminación territorial de estos pueblos. En su última visita al Ecuador, la Relatora de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, puso énfasis en la importancia de respetar los territorios de los pueblos aislados y de reciente contacto, e hizo un llamado a no invadirlos con actividades petroleras.
Lejos de guardar una responsabilidad con estos pueblos, las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano han seguido sus actividades en el área del Yasuní. En el caso del Bloque 43, situado al este del Yasuní y que ocupa en su parte sur el área de los Pueblos Indígenas Aislados, las imágenes satelitales reportan la apertura de una nueva carretera de 2,2 km al sur de la Tambococha B, en el corazón del Parque Nacional Yasuní, y en dirección al área de Ishpingo, donde el Ministerio del Ambiente ha dado licencia a la empresa estatal Petroamazonas para la apertura de tres plataformas petroleras más.1
Una de ellas, Ishpingo B, generaría un impacto directo al área de protección de los Pueblos Indígenas Aislados, tal como muestran los propios Estudios de Impacto Ambiental de Petroamazonas.2 Las imágenes satelitales muestran de forma inequívoca la construcción de esta nueva carretera, que, desde el 15 de marzo, en la que aún no se generaba desbroce, hasta el 6 de mayo, ha provocado 2,2 km de penetración en la selva amazónica, lo que requiere una gran cantidad de movimiento de trabajadores y materiales, contrario a cualquier sentido común en este momento de pandemia.
En la Sesión de 1 de junio de 2020, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional se ha sumado a la preocupación que se ha generado entre la sociedad civil, demandando la comparecencia de los Ministerios y Secretarías, encargadas de la protección del Parque Nacional Yasuní, en los siguientes términos: “Requerir las comparecencias virtuales del Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, del Ministro del Ambiente y Agua y de la Secretaria de Derechos Humanos, para que informen respecto de la denuncia de actividades de construcción de una nueva infraestructura vial dentro del Parque Nacional Yasuní, sin que la Comisión haya tenido conocimiento de este tema, a sabiendas de que este tipo de actividades ponen en riesgo la salud e integridad física de los habitantes de las comunidades indígenas residentes en esta área protegida, por la presencia del COVID-19”.
Las organizaciones firmantes demandamos al Estado ecuatoriano que:
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Mientras dure la situación de pandemia, paralice toda actividad petrolera que implique la movilidad de trabajadores o ponga en riesgo a los pueblos indígenas, en especial aquellos aislados o de reciente contacto.
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Dedique sus esfuerzos a poner en marcha medidas de atención a las comunidades del Yasuní.
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De forma urgente, el Estado ecuatoriano brinde la información oportuna sobre la operación en esta nueva carretera, y transparente la actividad, contratos y riesgos que ha supuesto esta nueva carretera.
