Violaciones de derechos humanos en las protestas del Paro Nacional en Colombia

Después de 43 días de iniciado el Paro Nacional se han retirado los proyectos de reforma de salud y reforma tributaria, renunció el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro, Juan Alberto Londoño, autores de esta última, y, se han dado algunos acercamientos entre sectores movilizados representados por el Comité Nacional del Paro y el Gobierno de Iván Duque para concertar una salida negociada que deberá contener entre otros puntos la intervención económica integral emergente al sistema de la salud, el fortalecimiento de la vacunación contra el coronavirus y la aprobación de una renta básica de emergencia para personas en condición de pobreza. Mientras tanto, se siguen registrando graves violaciones a los derechos humanos en diversas zonas del territorio colombiano, exacerbados por discursos de odio y difamaciones que favorecen la criminalización de las personas y colectivos étnicos que ejercen su derecho a la protesta y movilización social.

Diversas organizaciones de derechos humanos reportan que desde el inicio del Paro Nacional el 28 de abril, hasta el 4 de junio de 2021 han ocurrido: 77 homicidios, de los cuales 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica, o no se tiene información clara sobre ello; 1.246 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional,  en particular por los  Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD); 158 personas defensoras de derechos humanos, 667 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, 2.808 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes, 346 personas se encuentran desaparecidas; entre otras gravísimas violaciones a derechos humanos.

Estas cifras no son consolidadas, porque hasta la fecha no existe un registro cuantitativo claro y contrastado por instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las Personerías Municipales y la Fiscalía General de la Nación, mostrando, entre otros hechos, gravísimas falencias para procesos de documentación, investigación y atención de las violaciones descritas.

Los hechos reportados se ven exacerbadas por discursos y afirmaciones discriminatorias y de odio realizadas por funcionarios públicos en contra los/las manifestantes, sin ninguna prueba contundente de tales afirmaciones, favoreciendo la construcción de enemigo interno en quienes pretenden hacer pasar estas graves violaciones a derechos humanos como casos aislados de criminalidad o vandalismo entre particulares, omitiendo así su responsabilidad en el discurso público. Es el caso de Wilson Ruiz, Ministro de Justicia, quien durante una entrevista aseguró que la mayoría de los muertos en el contexto de las protestas en realidad ocurrieron en “peleas callejeras o intentos de robo”.

Por otro lado, el Gobierno Nacional haciendo uso velado de figuras contrarias a la constitución como es la “asistencia militar”, indicó a las administraciones departamentales y municipales a través del Decreto 575 expedido el 29 de mayo de 2021, que debía darse una respuesta armada con el Ejército para disolver las manifestaciones en las ciudades, legitimando dar a la población civil un tratamiento similar al de combatientes.

El 14 de mayo pasado, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos condenaron la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia y pidieron al Gobierno una investigación exhaustiva e independiente sobre muertes reportadas, violencia sexual, alegaciones de tortura, casos de presuntas detenciones arbitrarias y de desaparición forzada. Para esa fecha los expertos tenían en sus manos informes de al menos 26 muertes, en su mayoría jóvenes, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, incluyendo a policías, aproximadamente 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual, así como alegaciones de tortura. Además, se habían producido por lo menos 69 agresiones contra defensores de derechos humanos.

Diversas organizaciones, observadores internacionales y periodistas han registrado numerosas denuncias de los voluntarios de atención sanitaria y defensores y defensoras de Derechos Humanos y medios de prensa independiente, que pese a estar formal y correctamente identificados fueron atacados por el ESMAD o por civiles armados obstruyendo su labor y poniendo en grave riesgo su integridad; el incremento de agresiones contra estos colectivos quienes realizan acciones permanentes monitoreo, acompañamiento, asistencia y/o verificación constituye riesgos contra su vida y desconoce su papel para la garantía del derecho a la protesta y del Estado de derecho.

Por su parte la Alta Comisionada de las Naciones, Michelle Bachelet, ha expresado su profunda preocupación por los hechos acaecidos en Cali donde civiles armados han abierto fuego contra manifestantes, periodistas que cubrían las protestas y transeúntes.  Cali, capital del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más grande de Colombia, con 2,2 millones de habitantes con un alto número de residentes afrodescendientes, ha sufrido hasta 46 homicidios además de diversos ataques de odio contra la Minga indígena que entró en la ciudad a principios de mayo para sumarse a las manifestaciones. “Las autoridades colombianas deben respetar la libertad de expresión y de prensa, y garantizar que los periodistas puedan cubrir las noticias en condiciones de seguridad”. El uso de la fuerza potencialmente letal es una medida extrema, a la que sólo se puede recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente. Las armas menos letales, por el contrario, deben emplearse únicamente sujetas a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, cuando las medidas menos dañinas resultan ineficaces.

En este punto resulta importante referir el contexto socio económico en Cali para entender por qué es uno de los epicentros de la protesta. Cali llegó a ser la ciudad más desarrollada en el suroccidente colombiano, aportando más de 12% del Producto Interno Bruto del país en la década de los 80. Esas condiciones, otrora favorables, configuraron a Cali como epicentro del desplazamiento forzado de miles de personas víctimas del conflicto armado. Solo en 2018 la alcaldía municipal reportó la llegada de 205,000 personas en esta condición, muchos del Pacífico y el Cauca, donde se concentraron los asesinatos de líderes y lideresas sociales, la disputa de las rutas del narcotráfico y la concentración de tierras y territorios ancestrales en manos de la agroindustria azucarera y de biocombustible.

Para el 2020 la situación de pobreza y desempleo en Cali era menos mala que la del resto del país, con una tasa de pobreza del 21,9%, frente al 35,7% nacional; en pobreza extrema los porcentajes eran 4,7% y 9,6% respectivamente, y en el índice de desigualdad 0,46% y 0,52%, con la llegada de la pandemia la pobreza nacional llegó a 42,5 (un aumento de 7 puntos) y 3,5 millones de personas se volvieron pobres (un aumento del 20%). También se incrementó la desigualdad medida por el índice de Gini, el cual pasó de 0,52 a 0,54, volviendo a los niveles de principios de siglo. En Cali la tasa de pobreza aumentó 15 puntos (el doble de la nacional) llegando a 36,3, y el número de pobres aumentó 67%, es decir más del triple de lo que pasó en el país. Otro indicador alarmante en la ciudad es la pérdida de ingresos de los más pobres: mientras que en el conjunto del país fue del 24%, en Cali fue del 50%.

Todos estos hechos y la falta consistente de garantías al derecho a la protesta motivaron insistentes y diversos pedidos ciudadanos a la CIDH para la realización de una visita in loco en la que se puedan documentar en terreno las denuncias de las víctimas y procesos organizativos afectados, identificando impactos diferenciados de las violencias en mujeres, personas LGBT, defensoras de derechos humanos y periodistas, así como comunidades étnicas; después de varias dilaciones por parte del Gobierno de Duque en cabeza de su canciller Marta Lucía Ramírez finalmente se encuentra realizando la visita entre el 8 al 10 de junio.

Si bien la visita es una oportunidad para evidenciar lo ocurrido en contexto de protesta y movilización social en Colombia, generar espacios de diálogo e interlocución y pensar en soluciones de corto y mediano plazo a los problemas evidenciados por las protestas diversas organizaciones sociales, étnicas y de derechos humanos han denunciado que no existen garantías suficientes para que la visita se realice sin limitaciones para el acceso del personal de la comisión a los testigos y a los territorios. La CIDH ha manifestado su interés de escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones; así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto, para tal fin además de la información que recaben en la visita han diseñado un formulario para que las víctimas puedan compartir sus testimonios. Organizaciones sociales y de derechos humanos requieren a la CIDH impulse la conformación de un grupo de personas expertas independientes como el que acordó frente a las protestas en Nicaragua, Bolivia o Ayotzinapa, México.

El mismo llamado por parte de la sociedad civil colombiana de apoyo se ha extendido a organizaciones internacionales a quienes nos piden continuar la labor de observancia, denuncia y acompañamiento a los sectores sociales y pueblos étnicos movilizados, con el fin de vigilar las obligaciones que el Estado Colombiano tiene para la efectiva garantía del ejercicio de los Derechos Humanos y especialmente, para preservar la vida e integridad ante el escalonamiento de vulneraciones a derechos humanos y la respuesta militar a la protesta social.

Los indígenas en Colombia representan un 5% de la población, según cifras del fondo de Desarrollo para Asuntos Indígenas 1,37 millones de los indígenas del país están en la extrema pobreza, el triple que el promedio nacional. El 70% de los niños y niñas indígenas sufren desnutrición crónica y el 63% del total de la población está bajo la línea de pobreza, de los cuales el 47 % están por debajo de la línea de la miseria extrema. Según las cifras de las ONU, más de la tercera parte de los pueblos indígenas se encuentran en peligro de desaparecer por el hambre extrema, por su parte la más alta Corte del país ha declarado que de los más de 102 pueblos indígenas del país, 34 están en grave riesgo de exerminio físico y cultural.

La Minga Indígena ha confrontado y se ha movilizado activamente contra  los gobiernos de Álvaro Uribe y ahora de su aliado político, actual Presidente de Colombia Iván Duque Márquez. Por años, ha sostenido de manera coherente una agenda en defensa de la vida, los derechos humanos, los territorios y la  paz, haciendo resistencia a un modelo económico capitalista que empobrece a las comunidades y es contrario con sus planes de vida, cultura y espiritualidad.

Ahora bien, mientras las Guardias indígenas, cimarronas y campesinas se mantienen activas y movilizadas en el Paro Nacional, en los territorios rurales se mantienen las diversas violencias que ejercen actores armados irregulares y estatales. Por poner un ejemplo, el viernes 4 de junio en horas de la mañana se presentó un ataque armado en contra de miembros de la Policía Nacional en el sector conocido como “La Vuelta de la Mama” en el casco urbano de Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Al momento del ataque se desplazaban varios comuneros indígenas en un vehículo de transporte público tipo Jeep por la vía que comunica el casco urbano con la vereda San Pedro y quedaron atrapados en el intercambio de disparos. Como resultado hay tres personas asesinadas: en el hecho, una mujer de 54 años y un joven de 21 años, autoridad u’kawe’sx del Resguardo de Munchique los Tigres y tres días después, la comunicadora comunitaria del Tejido de comunicación Çxhab Wala Kiwe de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Beatriz Cano. En la madrugada de hoy, 9 de junio, la autoridad indígena del pueblo Nasa Argenis Yatacue y su esposo fueron asesinados también en la entrada del municipio Corinto en el Cauca.

No existe diálogo o acuerdo posible mientras en los territorios se sigue amenazando, hostigando y asesinando a personas defensoras de derechos humanos, quienes han sostenido la lucha de los pueblos a través de la primera línea, la Guardia indígena, la Minga comunitaria, quienes no solo enfrentan amenazas contra su vida en el contexto del Paro Nacional y de pandemia, sino que viven múltiples vulneraciones históricas a sus derechos humanos y colectivos. No es posible que al mismo tiempo que se abre una mesa de concertación, también se esté autorizando a la fuerza militar a frenar las protestas y legítimas movilizaciones porque este es un derecho legítimo del pueblo colombia amparado tanto por la Constitución, la jurisprudencia (sentencia C-742/12) y la Convención Americana sobre DDHH (art. 15) .

Tampoco es posible hablar de diálogo, sin que el Estado de Colombia admita, reconozca y se comprometa a investigar las violaciones sistemáticas e históricas a los derechos humanos, y sin que al menos el Presidente realice un pronunciamiento público y contundente ofreciendo la  investigación independiente de los hechos denunciados internacionalmente. Esperamos que la CIDH escuche a las víctimas y documente de forma amplia las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Paro Nacional, sin que agentes estatales manipulen e impidan la realización de su trabajo, y que una vez sean emitidas y de público conocimiento las recomendaciones, estas sean de obligatorio e inmediato cumplimiento.

¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!

Lea la Parte I del análisis aquí.
Escrito por:
Maria Espinosa & Laura Rojas Escobar
Abogadas del Equipo Legal de Amazon Frontlines

Fotos Cortesia del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC