- Desde el inicio del paro nacional en Colombia, organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia habrían registrado 83 homicidios en personas civiles, 27 de los cuales son presuntamente atribuibles a agentes estatales
- 47 agresiones específicas contra comunidades indígenas se habrían registrado en el marco del Paro Nacional, que van desde señalamientos, amenazas, hostigamientos, confrontación, constreñimiento, desaparición forzada y asesinatos
- Una Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad se llevará a cabo entre el 3 y el 12 de julio de 2021 en la que junto a delegados de 8 países y prensa internacional, realizaremos acciones de verificación y acopio de información de las graves violaciones ocurridas durante estos dos meses de Paro
30 de Junio, 2021 – El Paro en Colombia cumplió 2 meses de movilizaciones ciudadanas y aunque el contexto de los bloqueos, puntos de concentración y resistencia ha variado a partir de negociaciones que de manera directa realizan los Comités Departamentales y de una diversificación de estrategias de unidad y movilización; la juventud que conforma mayoritariamente la “Primera Línea” se mantiene en diversas ciudades, y de manera más sostenida en Bogotá y Cali; por su parte en los territorios las comunidades y organizaciones sociales e indígenas avanzan en procesos de diálogo, concertación y/o exigibilidad, todos ellos/ellas con una bandera de lucha común: tener oportunidades y acceder a derechos en un país con cifras alarmantes de desigualdad, discrimnacion y pobreza.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en 2020 la población colombiana en situación de pobreza alcanzó el 42,5%, con un ingreso mensual per cápita de $331.688 COP (equivalentes a $89,6 USD); mientras que la población en situación pobreza extrema alcanzó el 15,1%, con ingresos mensuales per cápita que no superan los $145.004 COP (equivalentes a $39 USD). Adicionalmente, otro 30% de la población está en situación de vulnerabilidad económica, con grave riesgo de descender por debajo del umbral de pobreza frente a la crisis. A pesar de la grave situación, el Estado incumplió nuevamente sus obligaciones de atención y garantía de los derechos humanos con la población más vulnerable, al no proporcionar una renta básica que permita sobrellevar las medidas restrictivas de confinamiento para evitar la propagación de la COVID-19, adoptadas en 2020.
VIOLENCIA Y REPRESIÓN ESTATAL
Como se ha informado en las dos entregas anteriores (Parte I & Parte II), y documentado en extenso a través de redes sociales -a pesar de la censura-, la Fuerza Pública ha reprimido violentamente las protestas, dejando un saldo de ataques indiscriminados contra la población civil que incluye asesinatos, mutilaciones oculares, lesiones de todo tipo, agresiones con armas de largo alcance y violencia sexual; asi como un incremento significativo de discursos de estigmatización contra quienes ejercen su derecho a protestar y contra quienes defienden derechos humanos, proveniente de personas que ostentan posiciones de relevancia publica.
Se siguen denunciando abusos y violaciones alarmantes de los derechos humanos por parte de las fuerzas públicas en el contexto de las manifestaciones del paro nacional de Colombia. Foto Cortesía Oxi
A partir del último reporte de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, con corte al 22 de junio se habrían registrado 83 homicidios en personas civiles, 27 de los cuales son presuntamente atribuibles a agentes estatales; 1.677 personas heridas por parte de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados actuando con la aquiescencia y tolerancia de agentes de policía de las cuales 80 presentan lesiones oculares y 114 heridas con arma de fuego. Se reportan 106 personas víctimas de violencias basadas en género por parte de la Policía Nacional y de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 23 casos serían de violencia sexual. 84 personas siguen desaparecidas según cifras de la Fiscalía General de la Nación, persistiendo además abusos de poder, allanamientos declarados ilegales, detenciones arbitrarias, generalizadas, con sometimiento a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes frentre a a las más de 3.203 personas detenidas con ocasión del ejercicio legítimo de su derecho a la protesta social.
MISIÓN S.O.S. COLOMBIA
Ante el 47° Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se está realizando desde el 21 de junio hasta el 13 de julio, la Alta Comisionada de ONU, Michelle Bachelet, informó de graves retrocesos a los derechos humanos en el mundo, derivado de la precaria respuesta a la crisis ocasionada por la pandemia. De manera específica, llamó la atención de situaciones preocupantes respecto de Colombia por los abusos de las fuerzas de seguridad y los niveles de impunidad al respecto en el contexto de las movilizaciones sociales. Instó particularmente sobre la necesidad de adelantar investigaciones rápidas, efectivas e independientes, recalcando la necesidad de rendir cuentas frente a la responsabilidad del Estado, para que, junto con un compromiso real de aplicación y cumplimiento a los Acuerdos de Paz, pueda contribuir a aumentar la confianza pública en las autoridades, enmarcado en un proceso de justicia transicional que aborde las causas estructurales de la violencia política que vive el país y que ha alimentado el conflicto armado interno en los últimos 60 años.
Ante una intensa campaña promovida por la sociedad civil y la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos visitó el país entre el 8 y el 10 de junio para observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas, recibir testimonios, denuncias y comunicaciones principalmente de las víctimas y sus familias. La delegación estuvo conformada por la Presidenta de la CIDH y relatora para Colombia, comisionada Antonia Urrejola; y los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón, con apoyo de la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum; la secretaria adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y personas integrantes de sus equipos técnicos. Promoviendo el diálogo como salida democrática a la crisis social que dieron origen a las protestas y mantienen las movilizaciones del paro nacional, la CIDH tiene el reto de elaborar recomendaciones al Estado a partir de los hechos documentados, brindando observaciones generales sobre la visita.
A pesar de que se esperaba una disminución de los hechos de violencia como consecuencia de la visita internacional, entre el 18 y el 21 de junio fueron hallados 5 cuerpos descuartizados en varias regiones del país de jóvenes que habían participado de las protestas, algunos de ellos conformando la primera línea: se trata de Santiago Ochoa, de 23 años en Tuluá (Valle del Cauca), Kevin García de 16 años en La Virginia (Risaralda), Hernán Ramírez de 25 años en Tuluá (Valle del Cauca), y 2 personas más sin identificar en Bello (Antioquia). Estos hechos, además de evidenciar una grave situación de violaciones a los derechos humanos y una incapacidad absoluta del Estado de investigar con debida diligencia para sancionar a los responsables, pretende desestimular las acciones de protesta, generar terror y afectar de manera colectiva, a la sociedad civil movilizada.
El movimiento indígena se moviliza durante el paro nacional en Colombia. Foto Cortesía Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC
ATENCIÓN URGENTE A LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Por su parte, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI en conjunto con la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona del Putumayo – ACIPS presentó ante la CIDH un informe sobre las afectaciones diferenciales para los pueblos y comunidades indígenas desde un enfoque territorial. Se ratificaron como razones de apoyo al Paro nacional las iniciativas, tanto administrativas como legislativas, que vulneran los derechos al consentimiento y consulta previa, libre e informada en el marco de contextos extractivos y agroforestales dentro de los territorios ancestrales propuestas por el Gobierno del Presidente Iván Duque. Adicionalmente, el aumento progresivo de los homicidios en contra de personas indígenas como consecuencia de los incumplimientos de los Acuerdos de Paz; las dilaciones en la implementación de mecanismos de ordenamiento social de la propiedad rural en favor de comunidades originarias, la inminente reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato y el incumplimiento a la política pública de reparación a las víctimas colectivas del conflicto armado y a la restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas, motivan a continuar con las Mingas de Resistencia desde los territorios.
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC citado en el informe, desde mayo de 2021 se ha registrado una gran Minga Indígena Nacional con 3 asambleas permanentes, 28 movilizaciones y 22 puntos de resistencia en todo el país, con actividades culturales y espirituales, tanto al interior de los territorios como movilizaciones pacíficas en las ciudades y cabeceras municipales.
Desde el 9 de junio, fecha de nuestra última entrada de análisis en esta plataforma, organizaciones indígenas del nivel territorial, entre ellas el Consejo Regional Indigena del Cauca y la Organización Indigena de Antioquia han denunciado varios hechos victimizantes contra personas de Pueblos Indígenas, liderazgos comunitarios y personas defensoras de los Derechos Humanos. Entre los hechos se destacan las amenazas proferidas por la estructura paramilitar denominada “Bloque Sur Occidental de las Águilas Negras”; el asesinato de una mujer indigena Embera y su hija, y la mutilación de extremidad inferior de un guardia indigena por accidente con mina antipersonal.
AMENAZAS Y ESTIGMATIZACIÓN CONTRA DEFENSORES INDÍGENAS
Hasta el 10 de junio de 2021, se habrían registrado 47 agresiones específicas contra comunidades indígenas en el marco del Paro Nacional, que van desde señalamientos, amenazas, hostigamientos, confrontación, constreñimiento, desaparición forzada y asesinatos, los cuales hacen parte de ataques estructurales y racistas. El Departamento del Valle del Cauca es el lugar donde más afectaciones se han registrado, incluso con lesiones producidas con armas de fuego.
Adicionalmente, se denuncia que aprovechando la coyuntura del Paro Nacional y la movilización de los dirigentes indígenas a los puntos de concentración y resistencia, la Fuerza Pública ha ingresado de manera arbitraria, sin autorización y de mala fe a los territorios indígenas ocasionando daños a los bienes comunitarios, y realizando sin haber garantizado el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada procesos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito con personal militar.
Miembros de la Guardia Indígena Siona del río Putumayo, Amazonía colombiana y ecuatoriana
Los discursos de odio en contra de las Guardias Indígenas y los Pueblos ancestrales sigue siendo una constante en el País. El 2 de junio la ACIPS denunció que un funcionario de la Gobernación del Putumayo estaría llamando “secuestradores” y generando estigma en contra de los dirigentes indígenas responsables de un punto de resistencia por realizar bloqueos controlados y pacíficos sobre las vías del departamento. De igual forma, el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, jefe del Partido de Gobierno, a través de su twitter personal y con información falsa, invitó a respaldar a la Fuerza Pública para evitar la “defensa privada armada”. En el trino publica una fotografía de un vehículo portando la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, y relaciona a la organización con “grupo terrorista ELN” en Jamundí, Valle”.
Lejos de tener una voluntad real orientada al diálogo social para resolver la crisis, el Gobierno Nacional es hostil ante esta posibilidad. Muestra de ello es que, mientras se está desarrollando una mesa de negociación, el Ministro del Interior anunció el pasado 18 de junio una modificación al Decreto 003/2021 mediante el cual se pretendió la regulación -cada vez más limitada- de las circunstancias que constituyen manifestación pacífica y, aquellas que justifican la intervención policial por obstaculizar vías e infraestructura de transporte acciones que ya fueron tipificadas como delito en 2011, en la cuestionada Ley de seguridad ciudadana (Ley 1453 de 2011) siempre y cuando se realice por medios ilícitos.Varias organizaciones sociales de Colombia alertaron que la regulación y limitación del derecho a la protesta pacífica debe tramitarse mediante una ley estatutaria (ver sentencia C-227 de 2017), por tratarse de derechos fundamentales. No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional mediante un decreto administrativo tomó la decisión de modificación normativa sin concertar con los delegatarios de la mesa de negociación del Paro Nacional, y sin garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada con pueblos étnicos que se ven afectados por la limitación de su derecho a la protesta social. De nuevo, esta situación es una muestra más de la mala fe e incumplimiento de los estándares y garantías democráticas de protección de los derechos humanos por parte del Gobierno Nacional.
Como organización internacional de derechos humanos, seguimos comprometidos en la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos y colectivos en los que incurre el Estado colombiano y, que de manera particular, en el contexto actual del Paro Nacional, de todas los hechos que por acción u omisión, atentan contra el derecho a la movilización social, base del ejercicio democratico y plural. Haciendo eco al llamado de la sociedad civil colombiana que ha pedido apoyo para la visibilización y acompañamiento a las comunidades, sectores sociales y pueblos indígenas movilizados, vigilando las obligaciones del Estado Colombiano frente a la garantía de los derechos humanos y deberes especiales de preservación de la vida, integridad y territorios entre el 03-11 de julio de 2021, participaremos de la Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia en la que junto a delegados de 8 países y prensa internacional realizaremos acciones de verificación y acopio de información de las graves violaciones ocurridas durante estos dos meses de Paro.
Seguimos defendiendo la vida y exigiendo en todos los escenarios posibles – legales, de incidencia y denuncia – el respeto por los derechos humanos, la urgencia de respuestas frente a los graves hechos de violencia que promueven el racismo estructural y la desigualdad, así como el cumplimiento urgente a los Acuerdos de Paz. Desde la Amazonía decimos:
¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!
Lea la Parte I del análisis aquí.
Lea la Parte II del análisis aqui.
Escrito por:
Maria Espinosa & Laura Rojas Escobar
Abogadas del Equipo Legal de Amazon Frontlines.
