Dirigentes de las comunas impactadas por el derrame del 7 de abril y organizaciones sociales, denuncian dilación de la audiencia de acción de protección y la falta de atención humanitaria y médica para los afectados.
A pesar de transcurridos 75 días del derrame de al menos 15,800 barriles de petróleo y que múltiples organizaciones comunitarias, eclesiales y esta Alianza, interpusimos una demanda de acción de protección con medidas cautelares a favor de todas las comunidades y personas indígenas afectadas, el proceso no avanza. La audiencia inició el 26 de mayo y permanece suspendida desde el 1 de junio, por presunta enfermedad del juez a cargo de la diligencia; y hasta la fecha no se ha recibido ninguna notificación formal y escrita sobre la reinstalación o las medidas que tomará la Judicatura para que las víctimas no continúen en indefensión.
La situación de las comunidades impactadas no solo es alarmante, sino crítica, especialmente en la salud de niñas y niños. Varios presentan manchas, sarpullido o laceraciones en el cuerpo, que aparecieron semanas después de la contaminación de las aguas de los ríos.
La presencia de problemas dérmicos, un brote de dengue y casos con sintomatología asociada a COVID-19, son cada vez más frecuentes. Estos efectos agudos generados por el derrame y la pandemia, son visibles en al menos el 70% de las comunidades impactadas por las sustancias contaminantes de los combustibles.
Las comunidades afectadas denuncian que no se ha brindado atención humanitaria adecuada, inmediata y especializada del sistema de salud pública; las personas enfermas han recibido medicamentos como ibuprofeno o ácido fusidico, sin consideración de su grupo etario, patologías e historial clínico. Medicamentos que deben usarse cuidadosamente porque no son adecuadas para tratar cuadros de COVID-19, Dengue, Zika, entre otros. Además, los medicamentos para uso tópico entregados por las brigadas médicas ayudan a la inflamación, pero no son la respuesta a un tratamiento periódico y evaluativo.
Según criterios de expertos, los daños en la piel son propios de personas que han estado expuestas al contacto con el agua del río contaminado; la gravedad de estas afecciones se puede intensificar si el ambiente, – sea el suelo, agua, alimentación -, continúa contaminado.
Las comunidades y las personas afectadas no cuentan con agua segura para enfrentar los desafíos de una pandemia; varias se ven forzadas a utilizar agua del río para alimentación, labores limpieza y aseo personal. Además, se conoce, por parte de los dirigentes comunitarios y las organizaciones locales, que los casos con sintomatología asociada a COVID-19, va en aumento. Se requiere de forma urgente realizar pruebas PCR masivos y territorializados a efectos de establecer si se trata o no de casos positivos.
En este cuadro crítico, además, se dio un nuevo derrame de gasolina el pasado 18 de junio en el sector de San Rafael, del cual se desconoce la magnitud de sus impactos. No obstante, el patrón se repite. Con este nuevo derrame las comunidades no fueron informadas y tampoco alertadas.
Por este motivo, alrededor de 27 mil personas indígenas afectadas por este derrame y las organizaciones de la Alianza, exigimos al Estado garantizar sus derechos colectivos y evitar que la negligencia del sistema de justicia no les permita acceder al agua segura, a una alimentación y ambiente sano, a medidas de protección efectivas y a una reparación integral.
Intervenciones:
Verónica Potes – Experta en Derechos Humanos y Ambientales:
“Vemos con mucha preocupación este juicio, porque revela total falta de justicia a la que están sometidas comunidades que han sido afectadas desde el 07 de abril por un derrame de crudo, que pudo haber sido previsto y no lo fue; que pudo haber sido comunicado inmediatamente cuando ocurrió y no lo fue; y que debería ser remediado. (…) Desde mayo, no tenemos información oficial por parte de la justicia de este país y, mientras tanto, las comunidades siguen afectadas, los problemas se van agudizando. En este momento, tenemos una situación de limbo jurídico; es decir, las comunidades están ahí a la espera de que la administración de justicia decida qué hace ante una situación de salud del mismo juzgado, en el que por esa situación está pendiente un juicio, que se supone que tiene que ser ágil; un juicio en el que se han pedido medidas cautelares, precisamente para prevenir que se sigan violando derechos que están siendo violados desde abril”.
Carlos Jipa – Presidente FCUNAE:
“El agua del río sigue contaminada y las comunidades la siguen consumiendo, debido a la falta de otro medio. El agua segura no ha llegado a todas las comunidades. Quienes han recibido los botellones de agua nos dicen que el sabor del agua es distinto, las personas han tenido diarrea y dolor de estómago. No hemos sido escuchados por las autoridades competentes. El tiempo que lleva esta audiencia no es favorable para los kichwas. Estamos muy indignados”.
Alexandra Almeida – Directora Área de Petróleo Acción Ecológica:
“La situación en las comunidades después del derrame de crudo del 07 de abril es peor, hay fracciones de hidrocarburos que son solubles en el agua y son éstos los que dan mayor toxicidad al río, las comunidades están utilizando esta agua, no tienen otra opción. En los últimos días, llegó información sobre la ruptura del poliducto en la misma zona”.
Verónica Gefa – Presidenta Comunidad Toyuca:
“El trato que nos están dando lo hacen ver como ayuda, pero no es ayuda. Estamos en el derecho de reclamar. No podemos sentir sabor y olor, esos son síntomas de Covid19, pero no han llegado a las comunidades a hacernos pruebas rápidas. No hemos tenido respuesta. Seguimos esperando justicia”.
Mons Adalberto Jiménez – Obispo Vicariato de Aguarico :
” Las las comunidades están viviendo 4 daños a la vez: la contaminación por el derrame, el #COVID19, el dengue y las inundaciones.Hay un abandono del Estado. Las autoridades fueron elegidas para que nos defiendan (…)Hago un llamado a OCP Ecuador y PETROECUADOR para que cumplan su obligación de responder a las comunidades por este daño ambiental y social, y al Consejo de la Judicatura de Orellana, llevamos 2 MESES sin que se resuelva el caso. Está bien preocuparse por la salud del juez, pero es necesario que se vele por la salud de las comunidades”.
Contacto de prensa: Yuli Gaona, Comunicación Alianza por los Derechos Humanos – 0980916690
