La tarde de ayer, 21 de julio de 2020, la salud de una adulta mayor Siona con antecedente de cardiopatía empeoró debido a los síntomas asociados al covid-19 y a la insuficiente atención recibida por parte del Estado ecuatoriano, pese a que la comunidad transfronteriza Siona de Wisuya y esta Alianza advertimos públicamente, el 14 y 15 de julio de 2020, sobre la situación de riesgo que enfrentan.
Debido a su situación médica, la adulta mayor siona MGCP fue trasladada desde la comunidad hacia el hospital Marco Vinicio Iza de Lago Agrio, lugar en el que la atención médica ha sido demorada no únicamente para la autoridad tradicional de esta referida comunidad, sino para varios pacientes que, con urgencia, requieren oxígeno. Lo que se le indicó a la familia de la Señora MGCP es que el hospital se encuentra colapsado, no cuentan con camas disponibles, ni con camillas, ni con balas de oxígeno. Y, solamente tras múltiples insistencias de los familiares, fue ingresada a una sala de espera, donde pasó toda la noche sentada en una silla y, al menos, con provisión de oxígeno.
A diferencia del discurso público, médicos y medios de comunicación locales publican varios mensajes sobre una situación colapsada en las casas de salud públicas. Situación que se evidencia en imágenes difundidas de pacientes graves en los pasillos, sentados y conectados a tanques de oxígeno en una situación que no respeta el mínimo derecho a acceder una atención de salud digna, así como en el testimonio de los familiares que acompañan a la adulta mayor siona.
Asimismo, reclamamos la falta de transparencia con la que las autoridades locales y nacionales asumen la emergencia, omitiendo la crítica situación que enfrenta el sistema de salud. De igual forma, alertamos que las insuficientes acciones humanitarias a favor de las familias indígenas y/o campesinas sin un sustento económico seguro no garantiza su permanencia en sus territorios, lo cual representa un riesgo de contagio y de propagación del virus. Además, la falta de provisión de los centros de salud cercanos a las comunidades impide que quienes tienen sintomatología asociada al covid-19 puedan ser atendidos debidamente dentro de sus propios territorios.
Como organizaciones de derechos humanos, llamamos con urgencia al Gobierno y exigimos que se garantice el derecho a la vida y a la salud, denostados por las acciones insuficientes e inoportunas estatales. En este caso específico, la vida de una autoridad tradicional está en riesgo y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la salud integral tanto de ella como de quienes se encuentran en los pasillos de los hospitales públicos del país y de quienes ni siquiera han podido ingresar, debido al colapso y crisis médica actual que no ha sido reconocida por el Estado ni respondida con la urgencia debida.
Exigimos, además, se atienda la falta de provisión de los hospitales públicos provinciales, locales y comunitarios porque el traslado de la adulta mayor demuestra que las casas de salud cercanas a las comunidades no cuentan con los suministros suficientes para atender a las personas con mayor vulnerabilidad.
Tras 24 horas, adulta mayor Siona se encuentra sentada, sin recibir atención médica digna y junto a un cadáver
Han pasado 24 horas desde que la adulta mayor Siona ingresó por emergencia en el Hospital Marco Vinicio Iza, de Lago Agrio, debido a la sintomatología relacionada con COVID-19 y su antecedente de cardiopatía. Pese al tiempo transcurrido y los exámenes de rayos x practicados que muestran el compromiso en los pulmones, no le ha sido asignado un espacio y continúa sentada en una silla de metal. Es decir, no ha recibido atención médica digna.
Además, familiares denuncian que, en horas de la tarde, falleció junto a ella una persona, cuyo cuerpo continúa sin ser retirado y sin que se apliquen los protocolos correspondientes al manejo de cadáveres. Este tratamiento por parte del Estado es indignante tanto con la persona fallecida como con la abuela Siona, y se ha sumado a la grave situación en la que ella se encontraba al ingresar al Hospital. Tener una persona fallecida a su lado por varias horas le genera un nivel de ansiedad crítico, lo cual, para su antecedente de cardiopatía, podría resultar sumamente perjudicial.
Hacemos un llamado URGENTE al Ministro de Salud y al gobierno ecuatoriano a proporcionar atención prioritaria a los pueblos indígenas y los ancianos. Insistimos en que las personas adultas mayores dentro de los pueblos indígenas son el pilar fundamental de su cultura y son consideradas autoridades tradicionales, pues representan la memoria viva de sus costumbres y tradiciones. En este tiempo, varios abuelos han enfermado y han sido enterrados sin que el Estado haya garantizado un plan específico para cuidar su vida. Por tanto, exigimos decisiones adecuadas e integrales y un tratamiento acorde a la dignidad, que tiene toda persona humana.
