9 de octubre de 2019. Quito, Ecuador – Las organizaciones de derechos humanos, a partir del acompañamiento jurídico y social que venimos realizando, denunciamos graves violaciones de derechos humanos que vienen sucediendo durante estas jornadas de Paro Nacional en la ciudad de Quito, en especial, a partir de la emisión del Decreto Ejecutivo No. 884 con el que se impuso un estado de excepción hace una semana y con la profundización de esta situación a través del Decreto Ejecutivo No. 888, emitido el día de ayer, que impuso el toque de queda en la noche. En ese contexto denunciamos los siguientes hechos:
1. Gracias al trabajo coordinado de las organizaciones de derechos humanos y otros actores presentes, las 72 personas detenidas ayer de manera ilegal, ilegítima y arbitraria finalmente tuvieron la audiencia de calificación de flagrancia en la Unidad Judicial de Carcelén y no en el cuartel policial del GIR como se pretendió al inicio. Sin embargo, en dicho lugar, una vez más se negaron a recibir la acción de hábeas corpus que se intentó presentar el día de ayer. Además denunciamos que, como resultado, no se probó la flagrancia en la detención, todos fueron liberados sin cargos, pero se dispuso el inicio de una investigación penal sin fundamento.
2. Denunciamos también que, durante todo el día, nos han impedido acceder a la Unidad Judicial de Flagrancia ubicada en la Avenida Patria y 9 de Octubre, la cual está cercada por la Policía Nacional, obstaculizando nuestro trabajo de registro de detenidos, representación judicial e información social sobre la situación de quienes son privados de la libertad durante el Paro Nacional.
3. Según nuestro último reporte, 60 personas se encuentran detenidas en la Unidad de Flagrancia después de las acciones de represión en el centro histórico, los alrededores de la Asamblea Nacional, el parque del Arbolito y las Universidades Católica y Salesiana. A esto se suman reportes de posibles detenidos que no habrían sido trasladados a esa Unidad, alegando razones de “seguridad”. Esto en el contexto de, según el reporte de CONAIE y CONFENIAE, la detención de al menos 500 detenidos a nivel nacional.
4. Según el reporte de la Unidad de Flagrancia de Quitumbe, al sur de Quito, se detuvieron a 22 personas en el marco del Paro. En esta institución se nos permitió entrar a ver el estado de los detenidos por lo que pudimos constatar varios aspectos: 1) Señales claras de uso desproporcional de la fuerza: roturas en cabeza y nariz, escoriaciones y moretones causados por patadas, puñetes y golpes con toletes, entre otros; tanto en la detención como en el traslado en patrulleros y motorizados. 2) Aprehensiones a menores de edad, los cuales fueron sometidos a los mismos tratos. 3) Traslados a cuarteles policiales que no son lugares legales de detención como la Mena 2. Además, en estos lugares, el lanzamiento de gas en espacios cerrados con todos los detenidos ya esposados. 4) Pruebas forjadas por parte de agentes públicos para incriminar a los detenidos así como chantaje en términos económicos de los mismos para permitirles la libertad.
5. El reportero audiovisual Juan Carlos González fue impactado por una bomba lacrimógena en su rostro mientras cubría la protestas del Paro Nacional en Quito. Fue trasladado al Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero no pudieron atenderlo porque la Policía Nacional continuaba lanzando gas lacrimógeno sin importar las personas heridas. Ahora permanece estable y está siendo atendido en el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Según Fundamedios se han registrado 74 periodistas, víctimas de agresión cuando realizaban la cobertura del paro nacional. Denotamos la falta de garantías por parte del gobierno para garantizar el trabajo de periodistas durante las protestas.
6. Finalmente, denunciamos que, por segunda día consecutivo, al caer la tarde y a pocas horas del inicio del toque de queda, la fuerza pública realizó un operativo violento y desmedido de dispersión de los manifestantes que se encontraban en el Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura, en casi su totalidad población indígena de todo el país y cientos de personas de la ciudad que brindan apoyo de todo tipo en este lugar. El Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura constituyen la primera “Zona Humanitaria de Paz” con puestos y brigadas médicas, cocinas y comedores comunitarios, espacios de cuidado de niños y niñas, centros de acopio, sitios de descanso y albergue nocturno para las personas.
7. Este operativo, que incluyó el uso desmedido de gases lacrimógenos, motos y vehículos policiales, intimidaciones e intentos de arrollamientos, se extendió hacia la zona de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, la parte posterior de la Escuela Politécnica Nacional y de la Iglesia del Girón, todas estas “Zonas Humanitarias de Paz” gestionadas principalmente por estudiantes y las propias personas albergadas. Este hecho constituye un gravísimo atentado contra la población civil organizada.
En base a todos estos hechos, nosotras, organizaciones de Derechos Humanos manifestamos que estos hechos no son aislados sino que suceden en el marco del Estado de Excepción dispuesto, el operativo desplegado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y la coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado lo cual aumenta y agrava el impacto de las violaciones a derechos humanos que estamos registrando.
En consecuencia, exigimos:
Al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría Pública a que, en el marco de sus competencias, garanticen que los procesos por privaciones de libertad se lleven estrictamente ante las Unidades Judiciales de Flagrancia de la ciudad, las cuales deberían ser de libre acceso para abogadas y abogados así como familiares de las personas detenidas, se garantice su integridad persona, física y psicológica así como su derecho a la defensa y el debido proceso.
A la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín Román, que cesen los operativos desmedidos y el abuso de la fuerza pública que están realizando, pues están poniendo en grave riesgo a la sociedad civil. Rechazamos los pedidos de disculpas que se realizan frente a la constatación de graves violaciones a derechos humanos y exigimos que se den cifras oficiales de personas heridas, fallecidas y privadas de libertad a nivel nacional y por provincias.
Exigimos a la Policía Nacional y al Ejército Ecuatoriano que se abstengan de atentar contra las “Zonas Humanitarias de Paz” y de ingresar a recintos de educación superior, en respeto de su autonomía universitaria y para garantizar los derechos de las niñas y niños, adolescentes, hombres y mujeres, adultos mayores que se albergan en esos lugares y de todos los servicios humanitarios que prestan.
Al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, que el diálogo, para que exista, requiere del respeto del conjunto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y no puede tratar de imponerse a través de formas de represión y criminalización y el abuso de la fuerza pública contra quienes se han organizado frente las medidas económicas adoptadas.
A los organismos internacionales de protección de derechos humanos, para que dentro de sus facultades adviertan y conminen al Estado ecuatoriano sobre las vulneraciones a los derechos humanos de las y los manifestantes, del movimiento indígena ecuatoriano, de las y los estudiantes, trabajadores, campesinos, hombres y mujeres en ejercicio de sus derechos a la asociación, la libre expresión y la resistencia.
Finalmente, solicitamos el respaldo y la protección necesarios para las y los defensores de derechos humanos en su labor durante el Paro Nacional: cuidadoras y cuidadores; estudiantes de enfermería y medicina; cocineras y cocineros; voluntarios en las zonas humanitarias de paz, fotógrafos, camarógrafos, periodistas, abogadas y abogados.
¡Verdad, justicia y reparación!
