QUITO, 9 julio de 2025.— La organización Amazon Frontlines advirtió este miércoles que el nuevo borrador del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, aprobado en segundo debate por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional ayer martes, representa “una amenaza estructural” para los derechos territoriales y colectivos de los pueblos indígenas del Ecuador. El proyecto de ley será puesto a votación en el pleno de la Asamblea mañana jueves durante la tarde.
Según un análisis técnico y jurídico publicado por la organización, la propuesta legislativa, tramitada con carácter económico urgente, no fortalece la protección ambiental, sino que reorganiza las áreas protegidas bajo criterios mercantiles, centralizados y regresivos. Amazon Frontlines identificó al menos cinco aspectos críticos en el articulado:
1. Privatización encubierta. El texto alienta la inversión privada en áreas protegidas mediante contratos discrecionales, legalizando una forma de privatización que, aunque negada formalmente, se habilita mediante concesiones, fideicomisos y delegación de funciones sin control democrático.
2. Violación de derechos ancestrales. El proyecto no reconoce la propiedad colectiva de los territorios indígenas dentro de áreas protegidas ni garantiza el derecho a una consulta previa, libre e informada. “El Estado se arroga la titularidad de los territorios, desconociendo su preexistencia histórica y constitucional”, afirma Amazon Frontlines.
3. Soberanía comunitaria debilitada. La ley propone mecanismos temporales y revocables de uso de tierra en lugar de reconocer titularidades colectivas. “Esto vulnera el derecho a la autodeterminación y somete a las comunidades a relaciones jurídicas desiguales y jerárquicas”, señaló la organización.
4. Militarización de territorios. El texto faculta la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas en áreas protegidas sin establecer salvaguardas claras. Amazon Frontlines advierte que esta medida abre la puerta a la criminalización de comunidades y guardias indígenas que ejercen vigilancia territorial legítima.
5. Concentración de poder en el Ejecutivo. La reglamentación de la ley queda en manos exclusivas del Presidente de la República, sin control legislativo ni participación vinculante. “Este diseño permite consolidar un sistema altamente discrecional, opaco y autoritario sobre el patrimonio natural del país”, concluye el análisis.
Amazon Frontlines también alerta que la ley ignora el artículo 57 de la Constitución ecuatoriana, que reconoce el derecho de las comunidades a definir sus territorios y a participar en decisiones que afecten su entorno. “Sin consulta prelegislativa ni garantías de participación real, el proyecto consolida una arquitectura jurídica del despojo”, subrayó.
La organización llama a legisladores, defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales a rechazar el avance de esta normativa hasta que se garanticen estándares constitucionales y obligaciones internacionales en materia de derechos colectivos y ambientales.
Apoyo internacional al reclamo de los pueblos indígenas
Organizaciones civiles internacionales como Avaaz y Amazon Watch, y celebridades como la actriz estadounidense Jane Fonda se están sumando al llamado de pueblos y nacionalidades indígenas que reclaman al gobierno ecuatoriano y a la Asamblea Nacional su derecho a ser consultados frente a la iniciativa de ley de Recuperación de áreas Protegidas.
En un posteo de Instagram, Jane Fonda dijo: “En proyecto de ley que está siendo apresurado en el Congreso de Ecuador amenaza con entregar áreas protegidas —incluidos territorios ancestrales indígenas— a empresas privadas. Estas tierras no están vacías: están vivas, son sagradas y cuidadas. Me uno a los pueblos indígenas de la Amazonía que están llamando a los legisladores a escuchar, proteger la vida y defender la Constitución del Ecuador. El mundo los está mirando, y está de su lado”, ha dicho la actriz estadounidense.
Por su parte, las organizaciones internacionales Avaaz, Amazon Frontlines, ICCA Consortium (Indigenous and Community Conserved Areas) han firmado un comunicado en el que exige a la Asamblea Nacional a que “rechace y archive el proyecto de ley del Presidente de la República por ser inconstitucional, ineficaz y peligroso, al desconocer los derechos de los Pueblos Indígenas y sus territorios”.
Asimismo, también exigen en el comunicado que la Corte Constitucional “ejerza su mandato y actúe de forma preventiva ante las posibles y graves violaciones a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, que derivan del incumplimiento de los principios y disposiciones establecidos en la Constitución”.
Estas organizaciones se hacen eco así de los pronunciamientos de coaliciones ecuatorianas tales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la cual ha condenado el proyecto de ley en un comunicado, y de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, la cual ha manifestado en un posteo que “ninguna medida que afecte a Pueblos Indígenas puede aplicarse sin la debida consulta”
Este proyecto legislativo, que se analiza de forma acelerada en la Asamblea Nacional, contempla la intervención de empresas privadas nacionales y extranjeras en la gestión de más de dos millones de hectáreas de territorios ancestrales y biodiversos traslapados con áreas protegidas. La Constitución ecuatoriana, en su artículo 57 numerales 7 y 17 obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas en proyectos de ley que comprometan la autonomía y gobernanza de territorios ancestrales.
De hecho, este principio proviene de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, el Protocolo de Nagoya y el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, donde se resalta el principio de protección de los derechos humanos y colectivos de pueblos y nacionalidades, y el reconocimiento de sus territorios ancestrales. Sin embargo, los asambleístas que apoyan el proyecto de ley, que fue presentado por el presidente Daniel Noboa, han sido cómplices en negar el derecho a la consulta libre previa e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas para que expresen sus opiniones y preocupaciones por la intromisión de terceros en la toma de decisiones sobre los territorios que habitan, mucho antes de que existiera Ecuador como país.
Por ello, es necesario recordarle a la Asamblea Nacional la responsabilidad que conlleva la ratificación de acuerdos internacionales, sobre todo cuando estos se vinculan con el compromiso en la protección equitativa de los derechos humanos y colectivos de niños, niñas mujeres y adultos, y ello no es una excepción en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Si los asambleistas votan a favor de esta inciativia, pasarán a la historia como los cómplices de potenciar los riesgos a los que ya han sido históricamente expuestos los indígenas en Ecuador: violencia física, racismo, discriminación y expulsión de sus territorios. Desde distintas regiones del mundo, ciudadanos, organizaciones civiles y científicos están observando qué decisión tomará Ecuador respecto a esta ley y los derechos fundamentales de pueblos y nacionalidades indígenas.
PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Luisana Aguilar – Coordinadora nacional de prensa de Amazon Frontlines (+593 99 924 0129), email: luisana@amazonfrontlines.org
Raul Estrada – Gerente de Campañas de Amazon Frontlines (+525580196422), email: raul.estrada@amazonfrontlines.org
