Belem Do Pará, Brasil, 18 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Ecuador se presentó en la Conferencia de las Partes (COP 30) en Belém como un líder en conservación y derechos ambientales y, específicamente a través de su Ministra de Ambiente y Energía – MAE, Inés Manzano (responsable de las actividades de explotación petrolera y minera en Ecuador, además de la protección del ambiente y la Naturaleza), el gobierno dio a conocer un supuesto compromiso gubernamental de “hacer una legitimización de las tierras de muchas comunidades de nuestras nacionalidades indígenas que están dentro de áreas protegidas”1.
Sin embargo, este anuncio es contradictorio con la realidad que enfrentamos los pueblos y nacionalidades indígenas porque el Estado ha declarado unilateralmente diversas áreas protegidas en el país sobreponiéndose a los territorios ancestrales, especialmente en la Amazonía; pulmón del mundo y que en esta Conferencia nuevamente ha quedado evidenciado que su protección es esencial en la lucha contra el cambio climático.
Durante años, hemos solicitado reiteradamente la titulación y seguridad jurídica sobre nuestros territorios ancestrales con el cual sostenemos una relación histórica de interdependencia, por la cual su protección y de su biodiversidad, es esencial para nuestra vida como pueblos originarios, y es parte de nuestra identidad cultural, que luchamos por preservar. La respuesta estatal, incluida la del actual Gobierno ecuatoriano, ha sido violentar sistemáticamente ese derecho a la seguridad jurídica.
Contrario a las actuales afirmaciones y supuestos compromisos que realiza la Ministra de Ambiente y Energía – MAE en el escenario internacional de la COP30, lo cierto es que como pueblos y nacionalidades, la Nación Siekopai y la Comunidad A´i Cofán de Sinangoe, entre otros, nos hemos visto obligadas a acudir a la vía judicial para defender el derecho a la titulación de nuestros territorios frente a este Ministerio.
Incluso este gobierno, por más de dos años ha incumplido una sentencia judicial que le obliga a garantizar entregar el título de propiedad colectiva a la Nación Siekopai, sobre su territorio ancestral Pë´këya, sobre el cual se traslapa la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, caso que ya llegó a la Corte Constitucional.
Así mismo, este 2025, los A´i Cofán de Sinangoe obtuvieron también una sentencia que obliga al MAE entregar en noventa días, la titulación integral de su territorio sobre el cuál el Estado impuso el Parque Nacional Cayambe-Coca, sentencia que actualmente está incumplida.
Esta brecha entre el discurso internacional y la realidad nacional expone la incongruencia de las políticas públicas y acciones estatales en relación a los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Por todo ello, las organizaciones indígenas y aliados que firmamos este comunicado, rechazamos la ambigua noción promovida por el Ministerio del Ambiente y Energía, de “legitimización de tierras de comunidades indígenas que están dentro de áreas protegidas”. El derecho internacional y la jurisprudencia ecuatoriana obligan al Estado a la titulación plena de los territorios ancestrales.
Exigimos al gobierno que cumpla con la Constitución e instrumentos internacionales, garantice la seguridad jurídica sobre los territorios, que cumpla las sentencias judiciales y entregue los títulos propiedad colectiva de sus tierras a pueblos y nacionalidades, elementos fundamentales para garantizar la vida y la identidad cultural; y condición imprescindible para aportar en la verdadera mitigación del cambio climático y la justicia ambiental.
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1 Ecuador, Ministerio de Ambiente y Energía, Declaraciones de la Ministra Inés Manzano, https://www.facebook.com/reel/1162564555894327
