Quito, 6 de septiembre de 2022.- Las victorias legales conseguidas en Cortes Provinciales por la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe, en Sucumbíos, en 2018, contra las mineras; y por las 16 comunidades Waorani de Pastaza en 2019, contra las petroleras, y con las cuáles protegieron cientos de miles de hectáreas de selva tropical amazónica, continúan sin tener un efectivo cumplimiento.
Estas sentencias determinaron la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la vulneración del derecho a la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) y a la autodeterminación de estas comunidades indígenas, y ordenaron una serie de medidas de reparación para las comunidades afectadas. Sin embargo, las carteras de Estado encargadas de la reparación – el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y el hoy denominado Ministerio de Energía y Minas- han incumplido voluntariamente con lo ordenado en las sentencias por más de tres años.
Por ese motivo, una delegación de estas comunidades, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígena de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE y con el apoyo de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, Fundación Alianza Ceibo y Amazon Frontlines, llegan hasta la ciudad de Quito para presentar las respectivas acciones de incumplimiento ante la Corte Constitucional.
La sentencia del Caso Sinangoe ordenó al Ministerio de Energía y Minas la reversión de 20 concesiones mineras otorgadas de forma inconsulta, y el archivo definitivo de 32 más; de igual forma ordenó al MAATE la restauración ambiental de toda la zona afectada por la actividad minera. Sin embargo, el Ministerio de Energía únicamente suspendió las concesiones, sin revertirlas al Estado; mientras que el MAATE no ha realizado absolutamente ninguna acción de restauración ambiental en la zona.
En el caso de las 16 comunidades Waorani, la sentencia de la Corte Provincial de Pastaza ordenó la capacitación contínua a las y los funcionarios del MAATE y del Ministerio de Energía y Minas para la comprensión de los derechos colectivos, procedimientos de CPLI y cosmovisión Waorani; esta formación debe ser realizada con la respectiva participación de las comunidades, pero esto no ocurrió. Los Ministerios tampoco han iniciado la investigación a las y los funcionarios que cometieron la vulneración contra las comunidades Waorani, argumentando que ha pasado demasiado tiempo, demostrando su falta de voluntad para llevar a cabo la investigación Las comunidades Waorani piden a la Corte Constitucional declarar nulo todo proceso de socialización realizados por el Estado respecto del bloque 22, ya que esto provocó la vulneración de sus derechos, además, estas comunidades ya tomaron una decisión; decir NO al extractivismo en su territorio.
Para las comunidades indígenas esta actitud por parte del Estado es una clara y sistemática falta de voluntad política para proteger la vida física y cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas, en favor de intereses económicos empresariales, como se evidencia en políticas gubernamentales como los Decretos 95 y 151, que han buscado extender el extractivismo en todo el país, y que solo dieron un paso atrás a partir del paro nacional de junio de 2022. Esta nueva acción ante la Corte Constitucional exige que se activen las medidas constitucionales para el garantizar el efectivo cumplimiento y reparación.
Declaraciones:
Wider Guaramag, Presidente de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe
“Exigimos a la Corte Constitucional que se dé cumplimiento a la reversión de las concesiones y a la reparación integral. Esto es muy importante porque nosotros hacemos uso del río, de los alimentos que provee el Aguarico, siempre hemos pescado ahí. Si esos alimentos, esos pescados están contaminados por lo que hizo la minería, entonces nosotros estamos directamente afectados en nuestros derechos a la alimentación y a un ambiente sano. Exigimos se respeten nuestros derechos”.
Gaba Guiquita, Awene de Educación propia y juventud Waorani – OWAP
“Venimos luchando por tantos años y ahora estamos esperando los resultados. Hoy, levantamos fuerte nuestra voz, porque queremos vivir sanamente en nuestros territorios, el estado nos dañó porque no respeta nuestras decisiones y entró a nuestro territorio, hoy esperamos que cumpla su obligación de sanar y que lo haga bien”.
Jorge Acero, Defensor de derechos humanos y abogado de Amazon Frontlines
El gobierno ecuatoriano sigue vulnerando los derechos de Sinangoe y Waorani de Pastaza, por cuanto no ha cumplido con las medidas de reparación ordenadas por los jueces constitucionales y derivadas de la vulneración a sus derechos, ya por más de tres años; ello demuestra una falta de voluntad real tanto para corregir el pasado como, especialmente, para no respetar y garantizar esos derechos hacia el futuro, ni siquiera con la existencia de sentencias judiciales. Por ello es imprescindible que la Corte aplique y haga valer con claridad y firmeza la Constitución y garantice los derechos.
Andrés Tapia, Dirigente de comunicación de la CONFENIAE
“Las dos sentencias de carácter histórico, obtenidas en los últimos años por la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe y Resistencia Waorani, no solo han marcado un precedente en la defensa y conservación de los territorios amazónicos, sino que han puesto sobre la mesa, la vulneración de los derechos colectivos y territoriales por parte de los Estados hacia los pueblos originarios de la Amazonía. Pese al carácter vinculante y mandatorio, no ha existido cumplimiento por parte de este gobierno, generando incertidumbre en las comunidades. Desde CONFENIAE y el movimiento indígena, respaldamos las medidas establecidas por los tribunales y rechazamos el incumplimiento por parte de las carteras de Estado y de todas las instancias del gobierno”.
Leonidas Iza Salazar, Presidente de la CONAIE
“Hemos ganado estas sentencias en las Cortes. Las ganamos antes de los levantamientos de 2019 y 2022, lo que queda en un Estado institucionalizado es respetar lo que la justicia ordinaria dictaminó en favor de los territorios pueblos indígenas originaria. No es posible que sigamos dando vueltas, es por eso que hemos venido a exigir a la Corte Constitucional que cumpla con lo que determinó la justicia ordinaria en favor de los pueblos y las nacionalidades indígenas.”
Gregorio Mirabal, Presidente de la COICA
“La gobernanza territorial sobre nuestros territorios ancestrales es clave para el futuro de nuestro planeta. Se ha demostrado que los ecosistemas mejor conservados son los que han sido protegidos por los pueblos indígenas, con quienes los Estados tienen deudas históricas. Estas sentencias garantizan la conservación y deben darles el debido cumplimiento”.
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