Comunidades kichwa afectadas por el derrame de crudo enfrentan graves problemas de salud asociados al derrame, a un brote de dengue y al covid-19
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha recibido información preocupante sobre la grave situación de salud que enfrentan varias personas de comunidades kichwa afectadas por el derrame ocurrido el pasado 7 de abril. Las afecciones descritas en algunos casos se refieren a problemas dérmicos por contacto con agua contaminada, brote epidemiológico de Dengue y, en otros, a sintomatología asociada a COVID-19.
Las comunidades de las riberas de los ríos Coca y Napo afectadas denuncian que no han llegado brigadas médicas de especialistas como dermatólogos, pediatras, entre otros, que puedan brindar atención especializada, diferenciada y que responda a la necesidad urgente de tratar las manchas en el cuerpo, principalmente, de niñas y niños, las cuales fueron apareciendo semanas después de la contaminación de las aguas de los ríos.
De manera pública y en diversas oportunidades, dirigentes comunitarios y organizaciones locales han advertido del crecimiento de casos de personas con sintomatología asociada a COVID-19. Sin embargo, hasta la fecha no se realizan procesos masivos y territorializados de tamizaje y diagnóstico.
Recordamos al Estado ecuatoriano que TODAS las comunidades afectadas requieren con urgencia la atención integral, especializada y oportuna de salud, que responda y prevenga los efectos agudos y crónicos que genera el derrame de al menos 15.800 barriles de petróleo, ocurrido el pasado 7 de abril y que aún sigue siendo visible en al menos el 70% de comunidades afectadas. Estas comunidades sufren una especial situación de vulnerabilidad por situaciones multidimensionales de riesgo y empobrecimiento, a lo que debe sumarse el incremento de casos de dengue y otras afecciones a la salud relacionadas con la oleada invernal y que tampoco resultan atendidas.
En cuanto a la presencia de dengue en las comunidades, cabe resaltar que, en diversos momentos, organizaciones provinciales eclesiales, de derechos humanos e indígenas han requerido a las autoridades competentes el desarrollo de acciones, como la fumigación para el control del contagio de esta enfermedad. Pese a estas solicitudes, no se ha recibido ninguna respuesta por parte de autoridades del Sistema de Salud o de los gobiernos autónomos descentralizados.
Tal como se ha venido denunciando desde la primera quincena de abril, debido al derrame de petróleo, las comunidades y las personas afectadas no cuentan con agua segura para abastecimiento diario y, peor aún, para enfrentar los desafíos de una pandemia. Así, muchas familias de más de cinco miembros reciben cuatro botellones de agua por familia y por semana (24 litros), cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) es que cada persona cuente con mínimo 15 litros de agua al día para consumo e higiene en contexto de pandemia (para una familia de 5 miembros significa 525 litros de agua a la semana). Varias comunidades se ven forzadas a utilizar agua del río para labores de lavado de ropa o, incluso, de aseo personal; ello, pese a conocer que el agua está contaminada. También han visto afectado su derecho a acceder a fuentes de alimentación seguras, suficientes y pertinentes culturalmente.
Reiteramos la exigencia al Estado ecuatoriano para que actúe de manera integral y urgente a favor de la protección de los derechos a la salud, agua y alimentación de todas las comunidades afectadas. Resulta FUNDAMENTAL realizar procesos de tamizaje y diagnóstico PCR masivos y territorializados a efectos de establecer si se trata o no de COVID-19
Para el caso de comunidades afectadas por COVID-19, se requiere establecer procesos de cerco epidemiológico y aislamiento con garantías humanitarias de acceso a alimentación y a elementos de bioseguridad, que guarden pertinencia cultural. Es imprescindible que los COE cantonales y los Distritos de Salud convoquen a la dirigencia de las comunidades para que con su participación se elabore un Plan Integral de manejo de la pandemia, el dengue y los impactos multidimensionales del derrame.
En este sentido, toda la institucionalidad concernida del nivel central y local debe establecer mecanismos de diálogo eficientes, articulados y eficaces para elaborar una estrategia diferenciada. Se requiere a los COE cantonales pertinentes que se mantenga la semaforización roja y se establezca protocolos especiales en zonas sensibles, como son los territorios indígenas.
Resulta prioritario que se planifiquen visitas de diagnóstico y atención especializada en salud a todas las comunidades que enfrentan otros padecimientos a su salud, como dengue o enfermedades respiratorias y cutáneas. El equipo médico que deberá ingresar a territorio debe componerse de al menos un médico/a familiar, un dermatólogo/a, un epidemiólogo/a, un especialista en enfermedades respiratorias, un enfermero/a, un laboratorista, un promotor/a de salud o social Kichwa.
Si el Ministerio de Salud y los Distritos de Salud no cuentan con los recursos técnicos, humanos o financieros suficientes para cumplir con su obligación de atencion, protección y garantía deberá requerir la cooperación de universidades y organizaciones no gubernamentales que hemos hecho pública nuestra voluntad de coordinar y apoyar.
Requerimos que la Defensoría del Pueblo, en cumplimento de su mandato, EXHORTE al Estado a cumplir con sus obligaciones, elabore un informe de la situación de vulneración de los derechos a salud, alimentación y agua que afronta la población impactada por el derrame e informe de esta situación al Sistema de Naciones Unidas y al Sistema Interamericano.
