En 2014, los líderes mundiales asumieron compromisos similares en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, comprometiéndose a reducir los niveles de deforestación en un 50% para 2020. Desde ese momento, la deforestación ha continuado a un ritmo acelerado, y ya algunas zonas dentro de la selva amazónica han hecho el tan temido cambio de pasar de ser sumideros de carbono a convertirse en fuentes de emisiones propias. El desafío es cada vez mayor con esta amenaza inminente de la Amazonía acercándose al punto de inflexión, que la llevaría de ser una selva tropical a una sabana.
Al menos, estos compromisos recientes indican una comprensión cada vez mayor de que el status quo no es suficiente, que se necesitan más acciones, determinación política y recursos. Pero cabe la pregunta de ¿Qué es diferente ahora?, y ¿Qué lecciones se han aprendido en los últimos años que darán a la Declaración de Glasgow la esperanza de un destino diferente y más exitoso?
La declaración de Glasgow se basó en el compromiso de canalizar $19 mil millones de fondos públicos y privados hacia la protección de los bosques, de los cuales $1,7 mil millones de dólares se dedicarían a los pueblos indígenas y comunidades locales. Es una noticia bien recibida y necesaria, pero para lograr un cambio real, los compromisos financieros deben traducirse en nuevos recursos y herramientas que logren inversiones proyectadas hacia soluciones. Los compromisos financieros de alto nivel sobre el tema climático tienden a enredarse en obstáculos burocráticos o de doble contabilidad, y finalmente fracasan en llegar a aquellos quienes realmente pueden generar resultados. Aún no está claro cómo estos compromisos llegarán a las comunidades que necesitan recursos, ni cómo los recursos invertidos cambiarán las políticas que han permitido la destrucción de los bosques.
Por mucho que los fracasos del pasado inviten al escepticismo, lo que está en juego es demasiado crítico como para abandonar la esperanza. Los bosques tropicales ahora se tambalean al borde de un peligroso e irrevocable punto de inflexión. Los pueblos indígenas han estado en la primera línea, a menudo trabajando en la oscuridad, sin el apoyo que necesitan para hacer cambios a la escala que son capaces de lograr. A medida que las conversaciones sobre el clima se atenúan, y nos dedicamos a la ardua labor de cumplir las promesas hechas, aquí hay tres pasos concretos e inmediatos que se pueden tomar para que la Declaración de Glasgow sea un éxito en donde otros esfuerzos han fracasado.
1. Asegurar la tenencia de la tierra para los pueblos indígenas: una solución escalable con resultados inmediatos
Los derechos a la tierra para los pueblos indígenas ofrecen una solución rentable e inmediatamente escalable, y las grandes inversiones son capaces de producir grandes resultados rápidamente. Los datos son claros, y lo han sido durante algún tiempo: cuando los derechos de los Pueblos Indígenas son reconocidos y asegurados, las tasas de deforestación son más bajas y las reservas de carbono son más altas que en los bosques gestionados por otros. En todo el mundo, los movimientos indígenas han pedido una mayor inversión en los esfuerzos para asegurar el título formal de sus tierras. Si bien se han asumido nuevos compromisos durante la última década, los recursos han tardado en llegar a las comunidades que a menudo están involucradas en batallas prolongadas con sus gobiernos para buscar títulos, incluso cuando “las excavadoras tocan la puerta”. Eso tiene que cambiar y tiene que cambiar rápidamente.
En Ecuador, el movimiento indígena está preparado para asegurar ganancias masivas en algunos de los bosques más biodiversos y ricos en carbono del mundo. Durante los últimos 50 años, el Estado ecuatoriano ha declarado unilateralmente al menos 1,4 millones de hectáreas de tierras indígenas ancestrales como parques nacionales, asumiendo para sí mismo la propiedad exclusiva. Los pueblos indígenas que viven en estas áreas se ven obligados a negociar acuerdos (frágiles y temporales) de uso de la tierra con el gobierno, para poder acceder a sus territorios. Peor aún, estos acuerdos no impiden que los intereses estatales otorguen tierras a empresas petroleras y mineras, esto se ve demostrado más recientemente por la aprobación de trabajos de perforación petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní, que incluye territorio ancestral Waorani. El reconocimiento formal de los títulos de propiedad de las tierras de los pueblos indígenas proporciona un elemento decisivo adicional de protección para los bosques y el carbono almacenado en estas tierras.
2. Garantizar los derechos para los pueblos indígenas: una oportunidad inmediata para una reforma duradera
Los pueblos indígenas no han esperado los compromisos políticos que vienen “desde arriba” para continuar con su lucha por proteger sus tierras y salvaguardar el clima. En los últimos años, los pueblos indígenas han creado una ventana de oportunidad sin precedentes, para realizar cambios dramáticos y duraderos en los marcos de políticas que privilegian la extracción de recursos naturales por sobre la tutela indígena y la protección del clima. Los recursos prometidos para implementar la Declaración de Glasgow deben apoyar estas luchas urgentes a corto plazo.
La Corte Constitucional de Ecuador está disupuesta a generar jurisprudencia sobre el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre lo que sucede en sus tierras y territorios. A principios de 2020, esta Corte seleccionó de entre miles de casos, los fallos de los tribunales provinciales de los casos Sinangoe y Waorani (ambos con el apoyo legal de Amazon Frontlines) para su revisión, estableciendo la primera oportunidad real del país para que la legislación nacional sobre asuntos indígenas, sus derechos al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), y los derechos de la naturaleza, sean aplicados en los territorios indígenas. El resultado determinará si estos derechos constitucionales existen solo en el papel o son realmente aplicables en la práctica.
El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es una herramienta vital para que las comunidades resistan a la extracción planificada en sus tierras. Los derechos de los pueblos indígenas están ampliamente reconocidos constitucional e internacionalmente. Sin embargo, la implementación efectiva de las normativas legales internacionales y sus obligaciones constitucionales es precaria, ya que los gobiernos continúan impulsando leyes y políticas que promueven un modelo de desarrollo económico basado en la explotación minera, petrolera, hidroeléctrica y forestal. Si bien muchas comunidades indígenas disfrutan de algún tipo de reconocimiento de la tenencia colectiva de sus tierras, el Gobierno de Ecuador conserva los derechos del subsuelo y continúa otorgando concesiones a actores comerciales en tierras de propiedad indígena para su explotación, en clara violación al derecho fundamental al Consentimiento Libre, Previo e Informado. El aumento de la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre el control de sus tierras podría salvaguardar más de 7 millones de hectáreas de selva tropical intacta sólo en Ecuador.
3. Cambiar de rumbo en la política extractivista nacional dentro de los planes de recuperación de la COVID19: lecciones para el futuro
El éxito de la Declaración de Glasgow depende de si cataliza exitosamente las muy necesarias correcciones de rumbo, alejándose de las políticas nacionales de desarrollo basadas en la premisa de “extracción a toda costa”. Muchos países se enfrentan no solo a desafíos persistentes para de desarrollo sostenible, sino que ahora también se enfrentan a crisis económicas adicionales derivadas de la actual pandemia. La Declaración de Glasgow llega en un momento crítico en el que muchos países están buscando formas innovadoras de recuperarse de las crisis económicas y de salud a causa de la COVID-19. Los signatarios de la Declaración de Glasgow, que además son los que cubren más del 90% de la superficie forestal mundial, se han comprometido a “garantizar que existan políticas y sistemas sólidos para acelerar la transición hacia una economía resiliente y que promueva los bosques, el uso sostenible de la tierra, la biodiversidad y los objetivos climáticos”. Eso significa que estos países forestales deben reevaluar los marcos de políticas existentes que no se alinean con esos objetivos, y ciertamente significa que los países signatarios no deben aplicar nuevas políticas que los contradigan.
Apenas unos meses antes de firmar esta declaración, el presidente Lasso, en Ecuador, emitió Decretos Ejecutivos para expandir masivamente la extracción de petróleo y minería, amenazando millones de hectáreas de selva virgen, y la supervivencia física y cultural de las nacionalidades indígenas. Los decretos son parte de la estrategia de política pública de la nueva administración presidencial para abordar la paralizada economía del país y su colosal deuda externa, redoblando sus intenciones de poner el enfoque en el extractivismo y la explotación de la naturaleza. De implementarse, los Decretos Ejecutivos 95 y 151 transformarán radicalmente las políticas gubernamentales sobre petróleo y minería para favorecer la industria y atraer la inversión extranjera.
