Comunidad A’i Cofán de Sinangoe, 19 de mayo de 2025
La comunidad A’i Cofán de Sinangoe celebra un nuevo hito jurídico que fortalece los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y de la naturaleza. En noviembre de 2022, la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe, en conjunto con la CONAIE y Amazon Frontlines, presentamos una demanda de acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional por la falta de cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia de Acción de Protección propuesta por la Comunidad por la entrega inconsulta de concesiones mineras en el río Chigual y río Cofanes, afluentes del río Aguarico.
El 16 de enero de 2025 la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia 215-22-IS/25, en la que declara el incumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en 2018 a favor de Sinangoe, y dispone la inmediata anulación de todas las concesiones mineras otorgadas y que afectan territorio ancestral y zona de influencia, así como la reparación ambiental.
Está sentencia es contundente sobre la reparación por la violación del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como de los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución ecuatoriana. La Corte establece que las concesiones mineras afectaron los ríos Chingual y Cofanes y que su anulación es automática desde la emisión de la sentencia, invalidando argumentos del Ministerio de Energía y Minas que pretendían dilatar su ejecución.
La Corte declaró también que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) incumplió, al no ejecutar la reparación ambiental en casi seis años. Esta omisión perpetúa la violación de derechos colectivos.
La sentencia ordena al MAATE que en el plazo de tres meses presente a la comunidad un plan integral de remediación ambiental, construido de forma participativa, intercultural y transparente. Además, el Ministerio deberá emitir disculpas públicas en el territorio A’i Cofán de Sinangoe y publicarlas en su página web institucional, así como iniciar procesos disciplinarios contra los funcionarios responsables del incumplimiento.
El 16 de abril se cumplió el plazo, y el MAATE no ha dado muestra de querer cumplir con un adecuado diálogo intercultural con Sinangoe. En su lugar, ha intentado delegar que emitan disculpas públicas funcionarios de menor jerarquía, sin entablar un adecuado diálogo intercultural, y respetando los mismos estándares de la Corte Constitucional que indican que debe estar presente la autoridad de mayor jerarquía, y el contenido y forma debe ser concertada con las víctimas.
Este precedente judicial es una evidencia más de que los derechos colectivos y de la naturaleza no pueden ser ignorados por la burocracia estatal ni por los intereses extractivos. La Corte también llamó la atención al juez de ejecución por su falta de acción efectiva para conseguir la reparación integral, y destacó que la ejecución de los fallos constitucionales exige medidas correctivas y coercitivas, no solo requerimientos formales.
Pese a los votos salvados de tres jueces que minimizaron el valor de los derechos indígenas, la mayoría de la Corte (seis votos) respaldó firmemente que la nulidad de concesiones mineras, por violación del derecho a la consulta, no requiere trámites adicionales, sino ejecución inmediata.
Esta sentencia no solo representa una victoria para la comunidad A’i Cofán de Sinangoe; es también una puerta de lucha para todas las nacionalidades y comunidades indígenas que enfrentan el avance del extractivismo sin consulta y consentimiento. Es un recordatorio de que la justicia puede —y debe— estar al servicio de los pueblos y nacionalidades, y una invitación a seguir luchando colectivamente por nuestro derecho a decidir sobre nuestros territorios.
En este caso fueron fundamentales los Amicus como el del Pueblo Originario de Sarayaku, que expuso la necesidad del cumplimiento de las medidas de reparación como forma de generar confianza en las instituciones públicas, y que el cumplimiento debe analizarse mediante una interpretación intercultural de hechos y normas jurídicas.
