1 de abril 2020. Quito, Ecuador – Ante la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19, hacemos un llamado de atención especial sobre la situación de las provincias fronterizas, donde los índices de pobreza y la falta de infraestructura sanitaria ponen en grave riesgo a la población. Esta situación prevalece también en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, zona en la que hemos registrado lo siguiente:

• Al menos 11 miembros del personal sanitario fueron contagiados. Este grupo de trabajadores de la salud realizó en días pasados continuas denuncias sobre la falta de equipamiento adecuado para la atención a pacientes. Preocupa que el personal positivo a COVID-19 laboró durante varios días hasta su aislamiento, convirtiendo al hospital provincial en centro de potencial contagio masivo. Ante la falta de pruebas, en este momento, se desconoce el alcance real de la enfermedad en la provincia.

• En la provincia, no se están realizando tomas de muestras para detección del COVID-19 por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), tampoco existen laboratorios privados acreditados. En este sentido, el municipio de Lago Agrio ha contratado de manera temporal los servicios de un laboratorio para la toma de muestras en el hospital Marco Vinicio Iza, el cual inició sus servicios el día de hoy. Este hecho permite establecer que el registro de casos de contagio podría ser mucho mayor al número reportado oficialmente, esto es, 27 personas.

• Con Memorando Nro. MSP-CZONAL1-2020-3459-M, la coordinación de Salud del MSP pidió al Hospital de Lago Agrio en préstamo dos ventiladores mecánicos para abastecer a la Casa de Salud en Carchi.

• El sistema de saneamiento ambiental tiene déficits y, en algunas zonas de la provincia, incluso es inexistente.

• Una de las zonas de contagio (Cuyabeno) es el ingreso a territorio indígena Siona, colocando en riesgo a miembros de las diferentes comunidades.

• Debido al aislamiento, varias comunidades indígenas y campesino-mestizas empiezan a denunciar desabastecimiento de alimentos esenciales, y reclama con urgencia la garantía de ayudas gubernamentales.

Esta realidad demuestra los gravísimos impactos del avance de la pandemia en esta zona y la falta de condiciones idóneas en materia de salud y políticas públicas existentes. Siendo estas contrarias a los estándares internacionales, que señalan que el derecho a la salud implica, además del goce y ejercicio de otros derechos, la disponibilidad, accesibilidad (sin discriminación, física, económica, acceso a la información), aceptabilidad y calidad; criterios que no están garantizados en zonas fronterizas.

En conocimiento de estos hechos, el COE Nacional debe, en coordinación con autoridades locales y sociedad civil, activar los mecanismos necesarios y urgentes, para fortalecer los sistemas de atención y respuesta antes de que la pandemia avance y sus impactos resulten irreversibles.

 

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