8 de abril 2020. Quito, Ecuador – Las Organizaciones Sociales y de derechos humanos que suscribimos, ante la falta de información pública, oportuna y clara por parte del gobierno ecuatoriano, advertimos a las organizaciones peruanas: AIDESEP, ORPIO, ORKIWAN, ORGANIZACIÓN KICHWA WANKIRUNA DEL ALTO NAPO, Federación de comunidades nativas del alto y medio Río Napo, Curaray y Arabela FECONAMNCUA, OISPE, así como a las organizaciones eclesiásticas peruanas y del Vicariato de San José del Amazonas, que el día de ayer 7 de abril, en horas de la tarde, se produjo un derrame de crudo por una rotura del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) a la altura de la Cascada de San Rafael ubicado en la provincia de Sucumbíos (Ecuador).
A lo largo del día de hoy, varias comunidades que viven a las riberas de los ríos Coca y Napo han reportando que el derrame ha llegado hasta sus territorios generando graves afectaciones a, lo que para muchas de ellas es, su ÚNICA FUENTE de agua y alimentación.
Conocemos por redes sociales que el Municipio de Francisco de Orellana anunció la suspensión de la captación de agua desde el río Coca, a partir de las 21:00 del día de ayer. Además, el día de hoy, Juan Báez, director de Agua Potable del Municipio de Orellana, informó que han habilitado la planta de captación del río Payamino para el abastecimiento de residentes en zona urbana a efectos de evitar problemas de salud a la ciudadanía. Por su lado, Juan Carlos Orellana, alcalde del cantón Aguarico, en un comunicado, publicó también que se ha dejado de captar agua del río Napo, y que se buscará dotar a la ciudadanía del líquido vital. Sin embargo, ninguna de estas medidas garantizan el acceso al líquido vital para las comunidades indígenas y campesinas, asentadas en zonas rurales; así como tampoco su acceso a la alimentación a través de la pesca.
A pesar de que varias organizaciones de DD.HH. lo hemos solicitado, la empresa estatal de petróleos PETROECUADOR y los Ministerios ecuatorianos responsables NO han transparentado la información sobre la cantidad de crudo vertido, las medidas de contención tomadas y las alternativas para que las comunidades indígenas y campesinas afectadas garanticen sus derechos mínimos de subsistencia. Este hecho agrava mucho más la situación de vulnerabilidad que ya enfrentan en el marco de la actual pandemia por el Covid-19.
La ÚNICA información proporcionada por el Estado ecuatoriano tiene que ver con los mecanismos para garantizar que el transporte de crudo no resulte afectado. Condenamos que no se genere la misma preocupación sobre la integridad, la salud y la alimentación de cientos de familias afectadas.
LLAMAMOS LA ATENCIÓN del gobierno peruano, a través de su Cancillería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Ambiente, para que exijan a su par ecuatoriano transparentar la información pública, oportuna y veraz sobre este hecho y sus implicaciones.
REQUERIMOS a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, de manera particular a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – REDESCA, realice un seguimiento exhaustivo de esta grave situación, y requieran de manera formal al Gobierno Ecuatoriano, en cabeza de Lenín Moreno, información detallada sobre los hechos acaecidos y las medidas tomadas en materia social y ambiental. Particularmente, de cara a la atención de la Pandemia.
