Quito, Ecuador. 10 de septiembre de 2020 – Las dos operadoras de los oleoductos más importantes del Ecuador, detuvieron las operaciones de limpieza la semana pasada, declarando que la remediación del derrame ocurrido el pasado 7 de abril se completó a pesar de que existe evidencia de que la contaminación en el curso de los ríos Coca y Napo, se mantiene. La medida tomada por el consorcio de OCP, que incluye a: CNPC, Sinopec, Repsol y otros, y la estatal Petroecuador, se produjo cuando un juez de la primera instancia de la Judicatura de Orellana, falló en contra de miles de indígenas Kichwa afectados por el derrame masivo de aproximadamente 15.800 barriles de petróleo y otros contaminantes en ríos que alimentan las afluentes del Amazonas. Las empresas ahora buscan cerrar la puerta al peor derrame del país en décadas, convocando a reuniones públicas con las comunidades para informar de las acciones de remediación y entregar el río, a pesar de que la evidencia demuestra que todavía existen remanentes de petróleo en el río y el deterioro a la salud de las comunidades locales, es visible.
Sin embargo, los afectados durante el proceso judicial demostraron que el derrame violó los derechos humanos básicos y los derechos de la naturaleza garantizados en la constitución de Ecuador, y que este desastre fue el resultado de una negligencia atroz y una falta de previsión por parte de las empresas y el Estado. Las comunidades planean apelarán el veredicto del 1 de septiembre, en el cual la justicia ecuatoriana falló contra el proceso de reivindicación de derechos de 27.000 indígenas kichwa; los afectados buscarán todas las opciones legales a nivel nacional y luego internacional si es necesario.
“Estas empresas, y nuestro propio gobierno, están haciendo todo lo posible para evadir la rendición de cuentas”, dijo Carlos Jipa , presidente de la federación Kichwa FCUNAE. “Ellos ignoraron la ciencia, ignoraron las advertencias y ahora estamos sufriendo. No queremos sus justificaciones. No necesitamos ir a una reunión y escucharlos decirnos que el río es el mismo que antes, que está bien bañarse, nadar, pescar y beber. Puedo ver con mis propios ojos que todavía hay aceite en el agua. Queremos acción. Queremos ríos limpios “.
Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, grupo de organizaciones de la sociedad civil que apoya el caso de acción de protección con medidas cautelares a favor de las comunidades afectadas por el derrame, denunciamos públicamente el intento del consorcio OCP y Petroecuador de poner fin a la remediación cuando la contaminación todavía persiste.
La evidencia visual de contaminación en los ríos y cultivos de las comunidades pone en cuestión cualquier prueba o análisis de la contaminación del agua. Incluso informes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, indican que algunas zonas de las riberas de los ríos Napo y Coca aún tienen trazas de petróleo a menos de un metro de profundidad en los sedimentos del río. Además, los testimonios de comuneros advierten que existe una disminución significativa de la pesca y que continúan las dolencias de la piel por exposición a los contaminantes, sin considerar siquiera el impacto cultural en las prácticas espirituales vinculadas al río, las cuales han alterado la relación de los pueblos indígenas con el territorio.
Las empresas no solo han tratado de hacer un lavado manos de su respuesta a los derrames deteniendo prematuramente las actividades de limpieza que eran inadecuadas tanto en alcance como en la remediación real de los hidrocarburos de los sistemas fluviales y los sedimentos asociados, sino que también han utilizado tácticas para intimidar a las comunidades para que renuncien a sus derechos para el futuro. reparación o remedio. En la carta, las empresas hicieron explícita su amenaza: al no participar en la reunión, las comunidades no serían contadas como ‘beneficiarias’ y quedarían fuera del proceso de compensación del gobierno.
Durante el proceso legal, la Judicatura de Orellana, OCP y Petroecuador proporcionaron información que demuestra que no garantizaron el acceso a fuentes de agua seguras para las comunidades locales. Donde afirman la entrega de 1.016 galones de agua a 50 familias indígenas para un consumo de aproximadamente cinco semanas, es decir, tres litros de agua semanales por familia, cuando la Organización Mundial de la Salud señala que una personas requiere de al menos 15 litros diarios por persona, en contexto de pandemia.
El comportamiento tanto de OCP como de Petroecuador muestra que el único interés de las empresas operadoras es acortar sus obligaciones con los afectados , negándose a brindar una fuente de agua segura y permanente, así como cumpliendo con su deber de garantizar procesos integrales de remediación de los ecosistemas afectados.
El derrame ha violado el derecho al agua, la salud, la soberanía alimentaria, la tierra, los derechos de la naturaleza, entre otros. Estas violaciones no deben quedar impunes o sin resolver.
Ante estos hechos, las organizaciones que integran la Alianza por los Derechos Humanos: FCUNAE, CONFENIAE, Amazon Watch y Amazon Frontlines, exigen que Oleoducto de Crudos Pesados SA (OCP), Petroecuador EP y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua asumir sus responsabilidades a las comunidades afectadas y la naturaleza de llevar a cabo un profundo proceso de remediación y de amplio alcance en las zonas afectadas por el derrame del 7 de abril; los cuales deben realizarse sobre la base de criterios técnicos y la implementación de un plan de reparación y remediación. Dicho proceso debe contar con el consentimiento y apoyo de las comunidades afectadas para cumplir plenamente con la restitución de todos los derechos vulnerados. Asimismo, exigimos la suspensión de los programas de socialización anunciados para “el restablecimiento de los recursos hídricos” hasta que el mencionado plan esté adecuadamente validado e implementado.
Rechazamos que las empresas busquen legitimar sus acciones a través de métodos de participación impuestos bajo coacción, que pretenden distanciarse de sus responsabilidades en este desastre ambiental y social.
María Espinosa, abogada de los demandantes indígenas de Amazon Frontlines, emitió este comunicado:
“Los reclamos descarados y engañosos de las compañías petroleras OCP y Petroecuador con respecto a sus intentos de la supuesta remediación refuerzan lo que los demandantes ya demostraron y denunciaron a través de su demanda: las empresas están priorizando los intereses corporativos por encima de los derechos fundamentales de miles de pueblos indígenas y engañando a las comunidades sobre la limpieza de este enorme derrame de petróleo que contaminó dos importantes ríos del Amazonas. A pesar de la abrumadora evidencia, las empresas están negando su responsabilidad de un derrame totalmente prevenible y actuando en complicidad con el Ministerio del Ambiente, la misma institución encargada de la protección ambiental de los impactos de actividades como las operaciones petroleras ”.
Carlos Mazabanda , Coordinador de campo de Amazon Watch en Ecuador, emitió este comunicado:
“Es lamentable que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Ecuador continúe mostrando su papel como defensor de las empresas petroleras que han causado daños ambientales y sociales con este derrame. Esta institución del Estado debe estar abogando por las comunidades y exigiendo el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza y al Ambiente Saludable, no promoviendo estas socializaciones y facilitando que quienes han contaminado renuncien a su responsabilidad y sus acciones queden impunes ”.
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