*El Ministerio Energía y Minas decidirá sobre la política ambiental del país*
*Quedan pendientes sentencias de tribunales y de la Corte Constitucional por violaciones de derechos de pueblos y nacionalidades indígenas*
* Mujeres y niñas en condición de desnutrición sin rectoría nacional*
*Despidos masivos en sector público, con énfasis en las áreas más sensibles del sector social*
Quito, Ecuador, 25 de julio de 2025.- Con el nuevo decreto ejecutivo del jueves 24 de julio, el presidente Daniel Noboa dispone medidas regresivas que afectan derechos de varios sectores sociales y territoriales especialmente vulnerables, esta decisión por ejemplo es regresiva respecto de los derechos de la naturaleza y el medio ambiente y nos regresa a un pasado donde el derecho al ambiente no existía o era una quimera, y el país no entendía lo que significa la política ambiental ni el respeto a los derechos colectivos y de la naturaleza.
Dentro de los anuncios sobre las disposiciones del Decreto 60 se incluye la reducción del gabinete de 20 a 14 ministerios, con la desaparición entre ellos del Ministerio de la Mujer y DDHH, y el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE); este último es de especial preocupación porque afectará directamente a los procesos y procedimientos relativos a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables; a la protección y garantía de derechos como la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; la autodeterminación; la propiedad ancestral en áreas protegidas, así como el derecho a la protección reforzada como pueblos de reciente contacto en una situación de extrema indefensión y alta vulnerabilidad.
El decreto transfiere las funciones del MAATE–cuya misión era liderar la gestión ambiental en el país, incluyendo la autorización, control y fiscalización de actividades que pueden afectar el ambiente, la naturaleza y los derechos colectivos–al Ministerio de Energía y Minas, entidad encargada de promover actividades extractivas como la minería y el petróleo. Es decir, se entrega el control de la gestión y control ambiental a las mismas industrias extractivas que deben ser controladas y fiscalizadas.
Esta decisión evidencia una clara voluntad del gobierno de subordinar las obligaciones estatales en materia ambiental y de derechos a los intereses y estrategias extractivistas, generando no solo un claro conflicto de intereses y debilitando los mecanismos de protección socio ambiental, sino desdibujando la obligación constitucional y convencional del Estado respecto de la protección y promoción de los derechos de Pueblos Indígenas, naturaleza y ambiente.
Estas imposiciones normativas y el desmantelamiento institucional del Estado también evidencian un patrón: mientras los sectores económicos y de poder —incluido el poder militar y los grupos armados irregulares— se robustecen, las poblaciones más vulnerables, entre ellas los Pueblos y Nacionalidades, las mujeres y los niños y niñas en situación de desnutrición crónica quedan cada vez más expuestas, invisibilizadas y desprotegidas. A este anuncio se suma el de desvinculación de al menos cinco mil servidores/as públicos.
Desde el inicio de este periodo presidencial, el gobierno de Noboa se ha encargado de operar una serie de acelerados cambios normativos que le permitan impulsar su agenda económica y partidista sin ningún tipo de restricciones, en concordancia con el plan financiero respaldado por el Fondo Monetario Internacional, que en la segunda revisión del acuerdo vigente publicado el pasado 18 de julio, promueve la adopción de reformas fiscales y estructurales para atraer inversión privada a sectores “con gran potencial” como la minería, los hidrocarburos y la energía, así como para impulsar el desarrollo del mercado de capitales nacional y la profundización financiera.
Son precisamente los sectores de minería e hidrocarburos los que han determinado en Ecuador cuáles son las regiones donde les interesa hacer proyectos de exploración y explotación y se ubican en su gran mayoría en territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas, cuyos bosques son los mejor conservados y quienes han exigido por años el respeto a sus derechos de acuerdo a lo que establece la Constitución de Ecuador, que en 2008 convirtió al país en referente internacional al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos.
Diversos análisis internacionales, como el de Proyecto Bretton Woods (1) o del Dr Eric Toussaint, portavoz del Comite para la Abolicion de la Deudas Ilegítimas (2) destacan las históricas críticas a las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial por la imposición de políticas de financiamiento a países que solicitan créditos y que generan impactos negativos para la gobernanza democrática, los derechos humanos y el medio ambiente en los países deudores.
20 años de revisiones en numerosos países concluyen que los programas de austeridad rigurosa tienen un alto costo social que se traduce en pérdida de derechos y drásticos daños socio ambientales y ecológicos. Históricamente, el FMI y el Banco Mundial han tenido un doble discurso en relación al respeto de las obligaciones internacionales para la promoción de la protección de los derechos humanos.
“Hace dos semanas, Ecuador ya se había convertido en vergüenza internacional al promover la privatización del manejo de las áreas protegidas para que sean las empresas nacionales y extranjeras las que decidan el uso de ese patrimonio nacional y negando los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, propietarios y cuidadores milenarios de territorios que fueron traslapados sin consulta por estas áreas. Ahora, al eliminar al MAATE, se confirma la voluntad del actual gobierno del Ecuador, no sólo de mercantilizar y convertir en objeto de negocio a la naturaleza y los derechos de pueblos indígenas, sino también de subordinar estos derechos a las actividades más agresivas, deprededoras e impactantes que han existido en el país, como la petrolera y la minera” señaló Jorge Acero, defensor de derechos humanos y abogado de Amazon Frontlines.
El costo político, económico y social por estas medidas será de los más graves en la historia reciente de Ecuador, porque representa mayores violaciones a derechos fundamentales, aumento de violencia y desplazamientos forzados de pueblos y nacionalidades indígenas sobre sus territorios ancestrales, todo para que operen las empresas que prometen apuntalar el desarrollo económico del país.
“En este contexto varias organizaciones sociales, comunidades y defensores/as de Derechos Humanos están amparándose en el derecho constitucional a la protesta y la resistencia; a nosotros nos preocupa sobre manera que desde el gobierno de turno se incrementen acciones de estigmatización, criminalización y uso abusivo del derecho penal y la fuerza. Resulta indispensable que la comunidad internacional y particularmente los organismos del Sistema Universal e Interamericano estén vigilantes y recuerden a toda la institucionalidad Ecuatoriana sus obligaciones de protección y garantía de derechos, debida diligencia y protección a la labor de defensores y defensoras de DDHH, colectivos y de la naturaleza”, concluyó María Espinosa, defensora de derechos humanos y abogada de Amazon Frontlines.
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