Tras declararse la vulneración al derecho a acceder a información pública, Gobernador de Sucumbíos deberá entregar la documentación solicitada y emitir disculpas públicas - Amazon Frontlines

por Amazon Frontlines

/ agosto 2020

Este jueves, 06 de agosto de 2020, tras tres horas de audiencia, el Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos, reconoció que el gobernador de la provincia, Albaro Beltrán, en su calidad de presidente del COE provincial, vulneró el derecho al acceso a la información pública por no entregar en el plazo establecido por la ley la información solicitada el 29 de junio de 2020 por organizaciones sociales de la provincia. Así, el Tribunal dictaminó que, en el plazo de tres días, el Gobernador debe entregar la información requerida, y, además, pedir disculpas públicas por esa vulneración.

La información y documentación que no fue proporcionada por el funcionario es de relevancia esencial para la vida y la salud de la población de Sucumbíos, porque incluye pedidos sobre la situación de la pandemia en la provincia, relacionada con la evolución del contagio, el número de contagiados y sospechosos; así como, la existencia de protocolos específicos para prevención, contención, tratamiento y aislamiento para Pueblos y Nacionalidades indígenas y otros grupos vulnerables. Esta información debe estar en posesión de los COEs provinciales.

Esta omisión por parte de la autoridad titular del COE provincial, que, a la vez, es el representante del Presidente de la República en la provincia, deriva no sólo en la vulneración del derecho al acceso a la información, sino supone, de manera consecuente y esencialmente vinculada, la violación del derecho a la participación ciudadana. Con lo cual, impide la fiscalización y la participación en las decisiones públicas, y evidencia la falta de transparencia de la autoridad, desconociendo y negando, como establece la Constitución, que el poder radica en el pueblo.

De ahí que esta sentencia genera un precedente esencial y les recuerda a las autoridades que son depositarias y administradoras de la información pública, misma que es propiedad de la ciudadanía, y que deben respetar y garantizar el libre acceso a la misma. Lo contrario deviene en responsabilidades por vulneración de los derechos fundamentales de las personas.

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos hacemos hincapié en que la falta de transparencia del Estado con respecto a la información en contexto de pandemia no es solamente un hecho que ocurre en la provincia de Sucumbíos. En general, en el país, la información sobre contagios ha sido, desde el inicio, imprecisa y contradictoria, pues, de los registros oficiales, se eliminan y se añaden casos y personas fallecidas con explicaciones poco claras.

Es más, no existe información específica sobre Pueblos y Nacionalidades Indígenas, se desconoce el tipo de protocolos asumidos con otros grupos poblacionales vulnerables. Asimismo, sobre la situación desbordada de los hospitales se conoce únicamente por la información publicada por la misma ciudadanía, no por la información entregada por las autoridades competentes.

En el caso de Guayaquil, es aún incierto el número de cuerpos de personas fallecidas desaparecidas e incluso cuántos de los cadáveres entregados sí corresponden a las familias que les dieron sepultura. Así lo señala el informe preliminar que realizó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en relación a los casos de cadáveres extraviados, donde se señala que los familiares aún tienen “la duda de que su familiar fallecido realmente haya sido sepultado, tienen la incertidumbre de que haya sido cremado, esté extraviado o incluso siga en la morgue (…) y expresan tener dudas con respecto al cuerpo ​per sé​, es decir, que el familiar sepultado o cremado sea efectivamente el que los médicos forenses y antropólogos hayan identificado y que no hayan sido confundidas las cenizas con las de otro fallecido”.1

Por ello, esta sentencia es un llamado de atención tanto al Gobernador de Sucumbíos como al resto de autoridades locales y nacionales, para que su gestión sea transparente, y se garantice el derecho de participación de la ciudadanía y el control social. Esto, partiendo del principio constitucional de que sus decisiones deben buscar necesariamente la articulación, la concertación y el conocimiento de la ciudadanía; y además, están sujetas a fiscalización por parte de la misma.

Reiteramos que, en la emergencia sanitaria actual, la transparencia es una obligación aún más inexcusable, pues sólo el conocimiento real sobre la situación que enfrentan las distintas provincias y, en consecuencia, los distintos grupos poblacionales, especialmente los más vulnerables, permitirá a las personas tomar decisiones autónomas e informadas para proteger su vida, su salud y la de su comunidad.

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