Las poblaciones indígenas de Ecuador, y toda Latinoamérica, han vivido una opresión y exclusión histórica que, a pesar de las luchas por conquistar derechos y los avances en normativas para alcanzarlos, la condiciones derivadas de aquella opresión histórica aún no se superan. La mejor muestra es que en Ecuador, en las alarmantes cifras de pobreza, que afecta casi a un tercio de la población ecuatoriana, y de pobreza extrema, que pasa del 10%, están super representados sectores rurales e indígenas.
Estas condiciones se ven profundizadas por una serie de acciones tomadas por el Estado ecuatoriano, políticas en materia económica, social y cultural que excluyen a los pueblos y nacionalidades indígenas, o por el contrario, se toman para su supuesto beneficio, pero sin coordinarlas, ni consultarlas con esta población. El mejor ejemplo de ello fueron las medidas de austeridad que llevaron a la elevación del precio de combustibles, despidos de funcionarios públicos, reducción del presupuesto para salud, educación, seguridad entre otros, tomadas, por el gobierno de Lenín Moreno, para cumplir con la agenda establecida por el FMI, que se sostuvieron durante la emergencia sanitaria por el COVID19, y que todavía se sostienen durante el mandato de Guillermo Lasso, vigente al momento.
Esta situación ha obligado a pueblos y nacionalidades indígenas, gremios de trabajadores, estudiantes, movimientos sociales, feministas y de diversas áreas a levantarse en protesta, como ocurrió el octubre de 2019 y en junio 2022. Ambas, acciones legítimas que fueron respondidas por el Estado ecuatoriano con mucha violencia, tanto en la represión por parte de la fuerza pública, que ha cobrado la vida de 20 personas, en ambos paros, como en el ámbito político, cuando desde el discurso se criminaliza la protesta, se judicializa a sus líderes y dirigentes, y además, se estigmatiza ejercicios propios de protección territorial como la guardia indígena.
Por todo esto, varias organizaciones indígenas y de derechos humanos elaboraron el presente informe sobre la situación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y protesta social ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de su 185° período de sesiones. Este informe fue co-escrito por Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana – CONFENIAE; el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador – FEINE; la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras – FENOCIN; la Nacionalidad Waorani de Ecuador – NAWE; la Organización Waorani de Pastaza – OWAP, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, la Nación Siekopai, la Fundación Alianza Ceibo y la organización Amazon Frontlines, con la colaboración de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador.
El presente informe aporta información sobre la exclusión histórica de los pueblos indígenas en las políticas públicas, la legitimidad de los paros nacionales de octubre 2019 y junio de 2022 y la falta de efectividad de las mesas de diálogo instauradas como resultado de las movilizaciones. El reporte fue entregado a la CIDH y presentado en la audiencia pública temática que tuvo lugar el día 24 de octubre de 2022.
