A continuación, Amazon Frontlines reproduce íntegramente el comunicado de Alianza Ceibo, PAKKIRU y UDAPT.
Quito, miércoles, 5 de noviembre de 2025.- El juez anticorrupción Vicente Fernando Hidalgo Maldonado aceptó la solicitud de revocar la medida de bloqueo de cuentas de Fundación Alianza Ceibo, la Nacionalidad Kichwa de Pastaza – PAKKIRU y la Unión de Afectados por Texaco – UDAPT, medida que fue solicitada por la UAFE el pasado 6 de octubre y que fue ratificada por el juez el 8 del mismo mes. El juez fue enfático en señalar que la medida no cuenta con ninguna justificación, ya que no se ha demostrado que las organizaciones constituyen amenaza alguna a la seguridad y al orden público, o que financien actos violentos o terrorismo ya que no hay ninguna información o prueba aportada por al UAFE en esta audiencia a ese respecto.
El juez también recordó que el Estado debe garantizar y proteger el derecho de asociación, representado por estas tres organizaciones, y que no se puede interferir ilegítimamente en sus acciones que tienen la presunción de buena fe y de actuar legal y legítimamente; ni tampoco deben ser objeto de hostigamiento ni estigmatización.
Mientras que la UAFE llegó con las manos vacías, nuestra defensa técnica proporcionó al juez toda la información de convenios, declaraciones, informes de auditorías, certificados bancarios, reconocimientos, entre otros que reflejan que nuestro accionar es transparente y en defensa de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.
El juez ordenó oficiar a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la disposición de desbloqueo, misma que deberá efectuarse de manera inmediata, estas entidades deberán informar al Juez en un lapso de 72 horas sobre el cumplimiento de esta disposición.
Las organizaciones afectadas llegamos a esta audiencia con una “cancha inclinada”, criminalizadas, estigmatizadas y sin acceso a la información necesaria para ejercer nuestro derecho a la defensa. Pese a ello, hemos presentado ante el juez toda la argumentación y documentación que respalda la transparencia y legalidad de nuestras actividades y nuestros movimientos financieros.
Durante la audiencia probamos sobre lo desproporcionado y arbitrario de la medida de bloqueo de fondos solicitada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE y ratificada posteriormente por el Juez, ya que, basados en el Art. 17.3 de la Ley de Transparencia, la inmovilización de fondos debe estar respaldada por un reporte de actividades sospechosas que identifiquen indicios objetivos, verificables y graves, además, la misma ley dispone que la medida debe ser excepcional y aplicarse únicamente al monto equivalente de la transacción sospechosa.
Nada de lo anterior se ha sido evidenciado por la UAFE y por ende nada se ha cumplido, ya que seguimos sin conocer la supuesta acción o “transacción sospechosa” que habría motivado el bloqueo; y pese a ello se inmovilizaron todas la cuentas bancarias de las organizaciones; sin que tampoco exista hasta el momento ninguna investigación en la Fiscalía por estas supuestas y falsas insinuaciones de la UAFE.
Prueba de este actuar ilegal y arbitrario de de la UAFE al ordenar el bloqueo y desbloqueo de fondos, es el caso de la organización PAKKIRU, cuyo fondos ya fueron descongelados, sin saber el por que de la medida o del desbloqueo, ni tampoco si es que la medida se volverá a tomar o no, en el futuro; cabe recalcar que el desbloqueo se dio pese a que aún se mantenía vigente la medida cautelar ordenada por el Juez.
Por estos motivos solicitamos al juez que revierta la medida, se declare la nulidad de todo lo actuado y se den las garantías suficientes para que no se repita.
De parte de la UAFE, su representante se centró en indicar que no tenía conocimiento del informe que motivó el bloqueo, que no podía ser presentado por considerarse reservado y confidencial, y que solo el Sistema Nacional de Inteligencia, organismo al cual pertenece la UAFE, puede desclasificar la información. De esta manera, en la audiencia la UAFE no aportó ningún argumento o evidencia de la existencia de una supuesta actividad sospechosa, menos aún que pudieran justificar la necesidad y proporcionalidad de mantener la medida cautelar. Cabe señalar que el Art. 55 de la Ley de Inteligencia referente a la reserva de información, es uno de los artículos suspendidos por la Corte Constitucional, precisamente por contar con vicios de inconstitucionalidad.
En esta la audiencia las organizaciones fueron acompañadas por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, asistieron de forma presencial al Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito, y de manera virtual, asistieron sus bases y trabajadores/as.
Ante esto queremos señalar lo siguiente:
- La medida de bloqueo de cuentas es una clara estrategia de estigmatización y criminalización contra personas y organizaciones defensoras de derechos que busca inmovilizarmos, y ocuparnos en nuestra defensa legal y reputacional, mientras el Estado ecuatoriano avanza con su agenda extractiva que incluye licitaciones petroleras y concesiones mineras en territorios de pueblos indígenas.
- El bloqueo ha generado serios desafíos en la continuidad de las actividades que desarrollamos en nuestras comunidades, donde hay una ausencia estructural del estado, quien mayoritariamente llega para imponer o favorecer condiciones de despojo y contaminación.
- Se están vulnerando los derechos de las y los trabajadores/as de las organizaciones a quienes no se les han podido pagar sus salarios debido al bloqueo económico.
- La lucha continúa firme, nos seguiremos defendiendo de la injusta e ilegítima persecución y el discurso bélico del presidente de la República, Daniel Noboa, y mantendremos nuestras actividades en defensa de los territorios.
- Y si nos pretenden seguir investigando y persiguiendo, seguiremos demostrando nuestro actuar transparente y respetuoso de nuestras obligaciones, enmarcados en nuestros fines y objetivos; y esencialmente en el acompañamiento y defensa de los derechos humanos, de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Contrariamente al accionar del gobierno y sus instituciones, que usan las inconstitucionales leyes aprobadas por él y sus herramientas para perseguir, estigmatizar y criminalizar a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que puedan oponerse a sus objetivos extractivistas y mercantilizadores de la naturaleza y los territorios indígenas.
CITAS:
“El juez nos dio la razón, no había pruebas o razón para el congelamiento de las cuentas, nosotros siempre tuvimos una respuesta transparente y contundente de nuestro trabajo, un trabajo honesto que venimos y seguiremos haciendo.”
Jairo Irumenga, lider waorani y director ejecutivo de Alianza Ceibo.
“Hoy logramos demostrar que la medida de bloqueo de cuentas ordenada por la UAFE nunca resultó debida, necesaria, ni proporcional, luego de 28 días de bloqueo la entidad no entregó ningún elemento nuevo que confirme la necesidad de mantener esta medida.”
María Espinosa, defensora de derechos humanos y abogada de Alianza Ceibo
“Udapt, Alianza Ceibo y Pakkiru demostramos que sí somos transparentes, que sí cumplimos con la ley, que sí declaramos y pagamos los impuestos correspondientes, y hacemos todo lo posible por ayudar y llegar donde el Estado no llega: con los pueblos indígenas, con los campesinos, con los pacientes de cáncer y con otros pueblos excluidos por el Estado ecuatoriano.”
Pablo Fajardo, defensor de derechos humanos y abogado de la UDAPT.
“Demostramos una vez más que el Estado ecuatoriano está usando leyes, como la inteligencia y la de transparencia social para perseguir organizaciones y perseguir líderes. La cuenta de Pakkiru fue bloqueada con apenas 100 dólares, y luego fue desbloqueada sin orden judicial, esto quiere decir que se instrumentaliza a la justicia y que hay una persecución a las organizaciones como nosotros que hemos sido muy frontales en defender los derechos colectivos y de la naturaleza.”
Luis Canelos, presidente de PAKKIRU
