El 7 de septiembre de 2020, el Juez de la Sala Multicompetente del cantón Gonzalo Pizarro emitió una providencia, en la que informa que ha realizado acciones reiterativas requiriendo el cumplimiento de la sentencia que fue dictada a favor de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe en el 2018 por la Corte Provincial de Sucumbíos.
En la misma, también se dispone al Ministerio de Ambiente y Agua, al Ministerio de Energía y de Recursos Naturales No Renovables y a la Contraloría General del Estado que, en el plazo de 15 días, informen por escrito al Juez sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas para dichas instituciones en la sentencia referida. Y establece que, en caso de no acreditar dicho cumplimiento, se aplicará lo establecido en el artículo 86.4 de la Constitución, que dispone:
“Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar”.
En estos casi dos años de la sentencia final, ni el Ministerio del Ambiente y Agua (MAE), a cargo de Paulo Proaño, ha cumplido su obligación de realizar la reparación ambiental en las zonas afectadas por minería ni el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR), presidido por René Ortiz, ha revertido al Estado las 20 concesiones mineras entregadas, siendo estas las disposiciones ratificadas por la Corte Provincial de Sucumbíos.
Es más, el MERNNR le ha expresado textualmente por escrito al Juez que no está dispuesto a cumplir la orden judicial. Esto supone, además, incurrir en un delito tipificado por el Código Integral Penal, al no cumplir la decisión legítima de autoridad competente; en este caso, una sentencia judicial definitiva.
Por otro lado, según los relatos compartidos por la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y evidenciado por la labor de cuidado territorial de su Guardia Indígena, las actividades mineras ilegales en la zona no se han detenido. Lo que supone que las autoridades condenadas siguen sin cumplir con sus obligaciones de vigilancia y cuidado del bosque y de los ríos frente a las actividades mineras. En ese mismo sentido, la Contraloría, bajo la dirección de Pablo Celi, debía realizar una auditoría a esos procesos mineros para verificar cómo se habían realizado. Sin embargo, esto tampoco ha ocurrido.
Debemos señalar que la comunidad ha realizado acercamientos, en varias ocasiones, al MAE para lograr el cumplimiento de la sentencia, incluso obteniendo compromisos de esta Cartera de Estado de reparar la zona y hacerlo de forma concertada con la comunidad. No obstante, el tiempo ha transcurrido sin que estos compromisos que tampoco se hayan cumplido.
Es inaceptable que hayan pasado casi dos años desde que una Corte declaró que se violaron los derechos colectivos de la comunidad A ́i Cofán de Sinangoe, estableciendo medidas de reparación que las instituciones del Estado han incumplido consciente y voluntariamente. Con esto, se ha mantenido la vulneración a esos derechos y, además, se han burlado de los tribunales de justicia. Ello, en un Estado Plurinacional e Intercultural.
La protección a los derechos humanos y colectivos está establecida constitucionalmente en nuestro país y, teóricamente, existen los mecanismos necesarios para velar por su cumplimiento, pero, en este caso, evidentemente no han sido efectivos. Paralelo a ello, reconocemos el trabajo de la comunidad por cuidar su territorio, a través de la Guardia Indígena, y, pese al abandono del Estado, mantenerse firme en la defensa territorial.
“Los ministros no han cumplido y no han dado seguimiento a la sentencia que obtuvimos hace dos años. Es importante que se destituyan a los ministros y que quienes vengan cumplan no sólo la nuestra, sino de otras sentencias de otros pueblos”, señala Nixon Andy, coordinador de la Guardia Indígena.
Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y organizaciones adherentes, entre ellas la comunidad de Sinangoe, reiteramos al juez su obligación de dar cumplimiento sin dilación al referido artículo de la Constitución, tal como establece en su propia notificación. Dado que, como él mismo señala, “este Juzgador ha realizado todas las diligencias requiriendo el cumplimiento de la sentencia a las entidades requeridas”, sin que las instituciones del Estado hayan cumplido.
Finalmente, insistimos en que resulta muy grave y preocupante que, en una acción deliberada, las entidades del Estado, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y Ministerio de Ambiente, hayan decidido incumplir una orden judicial definitiva y que el incumplimiento por parte del Estado no termine en acciones sancionadoras desde la autoridad judicial correspondiente, establecidas constitucional y legalmente.
Contactos:
- Víctor Quenama, presidente de Sinangoe +593 96 264 7861
- Nixon Andy, coordinador de la Guardia Indígena +593 98 152 4084
- Jorge Acero, abogado de la Comunidad +593 98 856 6832
