En un país devastado por más de medio siglo de guerra civil, la promesa de paz les es ajena para miles de personas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en el Putumayo, una de las regiones más empobrecidas y peligrosas de Colombia.
Ubicada en el sur del país, la región del Putumayo es hogar de múltiples comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Mientras escribimos, su territorio en el municipio de Puerto Asís está siendo fuertemente disputado por grupos armados. Las comunidades abandonadas por el Estado colombiano, se encuentran amenazadas y privadas de acceso a las necesidades básicas. Según cifras oficiales, más de 1.100 familias se encuentran actualmente afectadas, y muchas de ellas enfrentan desplazamientos forzados y confinamiento.
Durante gran parte del siglo pasado, las comunidades de Colombia han estado luchando y esperando una paz prometida desde hace mucho tiempo. Desde la década de 1960, el conflicto civil de Colombia se ha extendido por todo el país, afectando desproporcionadamente a sus poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. Entre 1985 y 2013, según la Comisión de la Verdad de Colombia, más de 450.000 personas fueron asesinadas violentamente y al menos 8 millones de personas fueron desplazadas. En 2016, un histórico acuerdo de paz firmado entre el gobierno y el grupo guerrillero FARC-EP prometió poner fin a décadas de brutalidad.
Pero la tan elogiada paz acordada hace siete años no existe en los territorios más abandonados de Colombia. Sólo este año se han producido al menos 64 masacres en todo el país y 123 defensores de derechos humanos han sido asesinados, según el Instituto de Estudios para el desarrollo y la paz -Indepaz. Colombia sigue siendo el país más peligroso y mortífero del mundo para los defensores de la tierra, con al menos sesenta asesinados en 2022.
El departamento de Putumayo ha sido uno de los focos de violencia desde el acuerdo de paz de 2016, a pesar de que el gobierno lo designó como área prioritaria para el desarrollo territorial y la consolidación de la paz debido al enorme impacto de la guerra civil en este departamento. El municipio de Puerto Asís, en el Putumayo, está atravesado por el río Putumayo, una de las principales arterias del río Amazonas y una ruta de suministro clave para los narcotraficantes que pretenden transportar sus mercancías a Brasil, Europa y más allá. Actualmente el territorio de este municipio está siendo disputado violentamente por los grupos armados Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez – EMC.
Un hombre mayor describe la violencia que le obligó a él y a su familia a dejar sus hogares.
Jomary Ortegon Osorio, abogada, defensora de derechos humanos y presidenta del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR) señala que: “Con posterioridad a los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla FARC, creció en el territorio Siona del departamento del Putumayo, la presencia de grupos armados con alianzas con economías ilegales como el narcotráfico. Esta presencia ha venido ocasionando graves perjuicios en la autonomía, el gobierno propio, el control territorial, y derechos a la vida, como la libertad personal y la integridad de los y las integrantes del pueblo Siona. El riesgo de reclutamiento forzoso de jóvenes por parte de actores armados ha aumentado”.
Estas hostilidades se intensificaron alrededor del 10 de septiembre de 2023. Desde entonces, muchas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas atrapadas en el fuego cruzado han sido desplazadas de sus tierras, o amenazadas y confinadas en sus hogares por grupos armados.
Las comunidades han experimentado el cierre de escuelas, servicios de salud y servicios de transporte fluvial y terrestre por disposición de los actores armados y a la fecha están expuestos a minas antipersona que están siendo instaladas por los grupos armados en los territorios comunitarios y zonas aledañas. Esto pone mayores restricciones para acceder asus medios de vida y para la libertad de movimiento.
El pueblo Siona, cuya comunidad se extiende a ambos lados del río Putumayo, ha enfrentado décadas de impactos brutales de violencia por parte de diversos actores armados, compañías petroleras y proyectos extractivos
En varias comunidades, familias y líderes comunitarios están intentando proteger y de ser necesario evacuar a todos los jóvenes, ya que los actores armados han retomado prácticas de reclutamiento forzado o mediante el ofrecimiento de bonificaciones económicas que en en un territorio abandonado por el estado se convierte en la única oportunidad para la subsistencia económica. Al menos trece niños y niñas han tenido que desplazarse de sus comunidades sin acompañamiento de sus padres y bajo cuidado comunitario, para evitar el reclutamiento por parte de grupos armados.
Una joven estudiante desplazada de 16 años describe por qué tuvo que abandonar a su familia y su ciudad natal
La respuesta de la institucionalidad ha estado mediada por la burocracia y ha resultado tardía e insuficiente. Mientras, los grupos armados han ocupado instalaciones comunales e incluso han usurpado alimentos y bienes comunitarios. Estos grupos armados están amenazando directamente a cualquier miembro de la comunidad que hable públicamente sobre sus violaciones de derechos, y han dejado en claro que cualquier persona que denuncie la situación ante autoridades públicas u organizaciones de la sociedad civil será un objetivo del grupo armado.
La situación es grave y añade nuevas capas de violencia para las comunidades que ya han enfrentado décadas de impactos destructivos por parte de traficantes, grupos armados, compañías petroleras, mineros y madereros.
Testimonios de desplazamiento por varios miembros de comunidades en el Putumayo.
Nuestro trabajo y demandas
Miembros de la comunidad en una canoa en el río Putumayo, a ambos lados de la frontera entre Colombia y Ecuador.
Nuestro equipo de defensoras y defensores de Derechos Humanos ha estado trabajando estrechamente durante años con las comunidades de la zona para defender la protección de sus derechos. En 2018, en colaboración con múltiples organizaciones, apoyamos a dos Resguardos Siona para solicitar medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales fueron otorgadas en julio de 2018. Sin embargo, el Estado colombiano no ha cumplido plenamente con la decisión de esta instancia.
A finales de septiembre, una brigada médica pudo llegar a la zona con suministros de alimentos, gracias a los esfuerzos coordinados del Alto Comisionado para la Paz de Colombia y organizaciones de derechos humanos para asegurar un alto el fuego temporal entre actores armados y la apertura de un corredor humanitario. Este corredor fue suspendido sólo unos días después.
Llega corredor humanitario para apoyar a comunidades desplazadas por grupos armados.
La presencia de actores armados perjudica significativamente el acceso de las comunidades a los servicios de atención de salud.
Los corredores humanitarios temporales no son una solución viable a esta crisis cada vez más profunda. Por eso seguimos acompañando y apoyando a las comunidades de la zona, quienes hacen un llamado urgente al Estado colombiano y al presidente Gustavo Petro para que tomen medidas inmediatas, integrales y sostenidas para salvaguardar la vida y los derechos de las comunidades locales, y garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos, incluida la defensora de los derechos humanos y miembro de Amazon Frontlines, la abogada Lina María Espinosa, quien enfrenta amenazas de muerte emitidas por actores armados.
Lina Maria Espinosa, abogada, defensora de derechos humanos y miembro de Amazon Frontlines señala que: “El trabajo de acompañamiento y denuncia que realizamos defensoras y defensores de derechos humanos también está siendo amenazado por los actores armados. Nuestra presencia en territorio y las acciones de sistematización y denuncia de la grave situación de derechos humanos les resulta incómoda e impide que avancen con mayor impunidad, por ello resulta fundamental que el Gobierno Colombiano proteja y garantice nuestra labor. En ausencia del Estado, nosotros los defensores de derechos humanos somos ojos, oídos y voz por la justicia.”
Lina Maria Espinoza, defensora de derechos humanos y abogada de Amazon Frontlines, expone las exigencias que planteamos al gobierno colombiano y a la comunidad internacional.
Las comunidades indígenas y las organizaciones de derechos humanos que las apoyan creemos firmemente en la paz total. En este momento, los territorios del sur del Putumayo no ven paz ni presencia estatal; sólo sobreviven a la presencia impuesta de actores armados regulares e irregulares, multinacionales petroleras, empresas mineras y actores armados que luchan por rutas estratégicas del narcotráfico. Sin la presencia activa y eficaz del Estado para garantizar los derechos, no puede haber paz en los territorios.
Como reflexiona Santiago Mera, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “La paz total, sostenida en un territorio a largo plazo, implica la transformación de los territorios. Esto es, el desarrollo autónomo para las comunidades indígenas, negras, campesinas. Satisfacción de necesidades básicas. La libertad y las condiciones dignas para la permanencia para las comunidades en sus territorios. La paz no es más que una forma de vida en armonía humana, y con la naturaleza. Pero esa paz requiere compromisos – compromisos de instituciones, de comunidades, y de los actores armados que han disputado los territorios.”
Miembros de la comunidad se bañan en el río Putumayo al atardecer.
En Amazon Frontlines, estamos comprometidos a apoyar a las comunidades en esta crisis, exigiendo el fin de la violencia y una paz sostenible y con garantías para la vida en dignidad.
¡Suma tu voz a nuestra campaña y exige al presidente de Colombia que tome medidas urgentes!
