A continuación, se reproduce de forma textual el comunicado de la Nación Waorani del Ecuador (NAWE), la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), el Pueblo Kichwa de Pastaza (PAKKIRU), Alianza Ceibo y la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT).
Una carta dirigida a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, advierte que la congelación de cuentas bancarias y la represión de la sociedad civil son señales de riesgo para las inversiones en Ecuador
WASHINGTON DC, 17 de octubre de 2025. — Organizaciones indígenas de Ecuador entregaron hoy una carta abierta a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la que cuestionan directamente la promoción por parte de la institución financiera de la expansión petrolera y minera en la Amazonía, y acusan al Gobierno ecuatoriano de congelar sus cuentas bancarias para silenciar la resistencia a la extracción. «Tuvieron que congelar nuestro dinero antes de poder abrir nuestras tierras», afirma la carta, publicada mientras el FMI celebra sus reuniones anuales en Washington DC.
La carta, firmada por la Nación Waorani del Ecuador (NAWE), la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), el Pueblo Kichwa de Pastaza (PAKKIRU), Alianza Ceibo y la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT), advierte que “un gobierno tan desesperado como para borrarnos financieramente a fin de atraer inversiones petroleras, es un gobierno que no puede garantizar la seguridad de los inversores”. Los líderes indígenas citan sus 20 años de trayectoria bloqueando con éxito la extracción, incluyendo victorias judiciales en 2012 y 2019, movilizaciones masivas en 2022 y el referéndum de Yasuní de 2023, como prueba de que la expansión extractiva respaldada por el FMI no puede tener éxito sin una represión sistemática.
La carta, emitida durante las reuniones de otoño del FMI, llega en un momento en que las protestas nacionales contra las políticas del presidente Daniel Noboa, alineadas con el FMI, entran en su cuarta semana. El Gobierno ha respondido con una fuerte represión policial y militar que ha dejado al menos un muerto, más de 282 heridos y más de 170 detenidos. Trece defensores indígenas y de los derechos humanos se enfrentan a cargos de terrorismo. A finales de septiembre y principios de octubre, el Gobierno congeló las cuentas bancarias de destacados líderes y organizaciones indígenas sin previo aviso, cargos o justificación legal, entre ellos el líder de la CONAIE, Marlon Vargas; el exlíder de la CONAIE y ex candidato presidencial, Leonidas Iza Salazar; el presidente de la CONFENAIE, Shiashia José Esach; María Belén Páez, de la Fundación Pachamama; el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y Alianza Ceibo. La congelación de las cuentas se produjo dos meses después de que el Gobierno anunciara nuevas rondas de concesión de licencias petroleras en territorios indígenas.
La segunda revisión del FMI de julio de 2025 promueve explícitamente “sectores de alto potencial como la minería, los hidrocarburos y la energía”, exigiendo a Ecuador que reabra su catastro minero (cerrado desde 2018), desarrolle un nuevo régimen fiscal para la minería y aplique un “ambicioso plan plurianual para movilizar inversiones en el sector de los hidrocarburos”. Se trata de objetivos estructurales formales que Ecuador debe cumplir para seguir recibiendo los desembolsos del préstamo, con plazos que vencen en diciembre de 2025 y junio de 2026.
El mismo programa del FMI exigía la eliminación de los subsidios al diésel, lo que provocó un aumento del 56 % en los precios, que pasaron de 1,80 a 2,80 dólares por galón el mes pasado. Para las comunidades indígenas que dependen de canoas propulsadas por diésel para navegar por los remotos ríos del Amazonas, esta política encareció su supervivencia básica, precisamente cuando el Gobierno se preparaba para ampliar la extracción de petróleo en sus territorios.
En agosto de 2025, el Gobierno de Noboa anunció la “Ronda suroriente y subandina”, una nueva ronda masiva de concesión de licencias petroleras que comprende casi 50 proyectos en 8,7 millones de acres de selva amazónica virgen. El anuncio se produjo poco antes de la ola de congelación de cuentas bancarias dirigida a las organizaciones indígenas que históricamente han defendido estos territorios. También se espera que en los próximos cinco años entren en funcionamiento seis nuevas minas a gran escala, lo que triplicará las operaciones mineras actuales.
“Los pueblos indígenas estamos claros, por más que nos bloqueen las cuentas bancarias de nuestras organizaciones, no vamos a dar consentimiento para que se desarrollen actividades petroleras en nuestros territorios”, afirmó Juan Bay, presidente de la Nación Waorani de Ecuador. “Si el gobierno quiere imponer a la fuerza políticas extractivas en nuestros territorios, aquí encontrará lucha y resistencia”.
“Como pueblos indígenas, tenemos derecho a decidir qué sucede en nuestros territorios”, dijo Nemonte Nenquimo, cofundadora de Alianza Ceibo y Amazon Frontlines. “No permitiremos que gobiernos, ejecutivos petroleros ni instituciones financieras nos impongan su agenda miope y destruyan nuestros bosques sagrados milenarios para extraer algunas de las últimas gotas de petróleo del país. La selva amazónica mantiene la vida de la humanidad y el equilibrio climático; en lugar de cerrarnos las cuentas bancarias y perseguirnos, deberían respaldarnos, escucharnos e invertir en nosotros y en las soluciones que proponemos.”
La carta abierta replantea la congelación de cuentas no solo como una violación de los derechos humanos, sino como una advertencia a los inversores. “Cuando un gobierno congela las cuentas bancarias de los pueblos indígenas civiles sin el debido proceso, demuestra el mismo poder arbitrario que utilizará contra los inversores cuando los contratos se vuelvan inconvenientes”, afirma la carta. Los líderes indígenas señalan que “siguen controlando las tierras que se quieren perforar” y mantienen sus derechos constitucionales, la solidaridad internacional y la determinación de resistir. “Cada dólar que inviertan en nuestros territorios se enfrentará a siglos de sabiduría colectiva y resistencia indígena. Nos han congelado porque estamos ganando. Y seguiremos defendiendo nuestro hogar con o sin cuentas bancarias”.
Esta es la tercera movilización nacional en seis años contra las políticas respaldadas por el FMI. En 2019 y 2022, el movimiento indígena logró obligar a los gobiernos a dar marcha atrás en los acuerdos de préstamo con el FMI. En agosto de 2023, los ecuatorianos votaron en un referéndum nacional a favor de mantener el petróleo en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní. La crisis se produce cuando Ecuador se enfrenta a un referéndum en noviembre de 2025 que podría desmantelar las protecciones de la Constitución de 2008, incluido el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado para los proyectos extractivos que afectan a sus territorios.
“Nuestra casa está en amenaza constante. En nombre de desarrolló no podemos favorecer a unos y desgraciar la vida de los otros, la vida de los pueblos Originarios y de los seres espirituales, seres visibles e invisibles que habitan en el Kawsak Sacha, la selva viviente”, afirmó Luis Canelos, líder kichwa y presidente de PAKKIRU. “Las políticas extractivas que ha implementado el gobierno de Noboa para cumplir con los acuerdos realizados por el FMI hacen un gran daño a nuestro formas de vivir y al territorio en las cuales hemos vivido y cuidado por siglos. A la comunidad Internacional hacemos un llamado: que dejen de utilizar combustibles fósiles que sale de la amazonía ecuatoriana, que no financie para la explotación, saqueo, despojo, muerte que generan las empresas multinacionales extrayendo petróleo de territorios culturalmente y ecológicamente biodiversos”.
Las organizaciones indígenas instan al FMI a responder públicamente a las preocupaciones planteadas en la carta abierta, reconsiderar los parámetros estructurales que promueven las industrias extractivas en los territorios indígenas, evaluar el impacto de sus condiciones de préstamo en los derechos humanos y reconocer la conexión entre sus políticas y la represión financiera de la sociedad civil. “Estimada Sra. Georgieva, piénselo dos veces antes de apoyar las medidas del Gobierno ecuatoriano”, concluye la carta. “Los pueblos ecuatorianos también le pedirán cuentas”.
La carta completa está disponible aquí.
CONTACTOS: Para entrevistas, póngase en contacto con Luisana Aguilar, coordinadora nacional de prensa de Amazon Frontlines (+593 99 924 0129), correo electrónico: luisana@amazonfrontlines.org . O póngase en contacto directamente con los siguientes correos electrónicos: Nación Waorani del Ecuador (NAWE): nawe.comunicacion@gmail.com; Pueblo Kichwa de Pastaza (PAKKIRU): Presidencia@pakkiru.org; Organización Waorani de Pastaza (OWAP): owapcomunicacion@gmail.com; Alianza Ceibo: directorio@alianzaceibo.org y Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT): udapt1993@gmail.com
ACERCA DE LOS FIRMANTES: La Nación Waorani del Ecuador (NAWE), la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), el Pueblo Kichwa de Pastaza (PAKKIRU), la Alianza Ceibo y la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT) representan a las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana que trabajan en defensa de los derechos territoriales y la protección del medio ambiente. Las siguientes organizaciones, tras las reuniones de otoño del FMI en Washington D. C., han respaldado esta carta: Recourse, Bretton Woods Project y Fight Inequality Alliance (FIA).
NOTA DEL EDITOR: Se contactó con el FMI para recabar sus comentarios a las 10:00 a. m. ET del viernes 17 de octubre de 2025. Proporcionaremos información actualizada una vez que recibamos una respuesta.
