La comunidad Indígena Siona – Kichwa de San José de Wisuya, perteneciente a la Nacionalidad Transfronteriza Siona, localizada en la provincia fronteriza de Sucumbíos, cantón Putumayo, publicó este martes, 14 de julio de 2020, una alerta en la que señala que siete comuneros presentan sintomatología asociada al COVID-19. Entre ellos, se encuentra una autoridad tradicional adulta mayor y que padece una cardiopatía, lo que incrementa considerablemente su situación de riesgo. Según el Presidente de la Comunidad, estas personas recibieron únicamente paracetamol y no se les realizó ni se programó ningún proceso de testeo que confirme o descarte que se trata de COVID-19.
Recordamos que esta comunidad ya emitió una denuncia pública, el pasado 20 de abril, en la que pidieron la concertación de un plan de contingencia para prevenir el contagio y enfrentar el desabastecimiento. Sin embargo, desde entonces no se ha dado respuesta estatal de ninguna naturaleza.
También resulta importante señalar que desde el año 2016 la comunidad ha denunciado de manera formal la situación sistemática de riesgo que enfrenta. De esta situación conocen en detalle la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos sin que a la fecha, según informa la comunidad, se hayan tomado acciones concretas de protección.
La alerta de la comunidad Siona Kichwa revela un sistema de salud público precario y desabastecido que, además, no es capaz de cubrir de manera oportuna la emergencia sanitaria en las zonas geográficamente más distantes y olvidadas. Tampoco está capacitado para proporcionar de manera adecuada la información necesaria de prevención y contención ni para desarrollar procesos de aislamiento ni de seguimiento a posibles contagios. Y, aunque no lo ha reconocido públicamente, tampoco ha sido capaz de proporcionar la cantidad de pruebas necesarias para aplicar de manera masiva en territorios indígenas. Lo cual implica un subregistro preocupante.
Preocupa que la situación de esta comunidad se encuentra agravada por las condiciones mismas de la frontera norte y particulares de esta zona, donde la presión de los grupos armados ilegales no ha cesado y el Estado, a través del Ejército, la Policía Nacional y varias autoridades civiles, sigue desconociendo la autoridad de la Guardia Indígena de este pueblo. Esta comunidad también sobrevive en medio de la presión ejercida por las actividades extractivas inconsultas y el riesgo que implica la confirmación de COVID-19 en trabajadores petroleros en este territorio transfronterizo.
Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, recordamos que este Pueblo fue considerado en riesgo de exterminio físico y cultural por parte del gobierno Colombiano y, desde hace meses, pugnan por la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Mientras, del lado Ecuatoriano, la Defensoría del Pueblo emitió un informe de verificación de derechos humanos en 2018, en el que se ratificaron los riesgos y la necesidad de reparar integralmente a esta comunidad y se dictaron varias recomendaciones para el Estado ecuatoriano, que, hasta la fecha, no se han aplicado.
La alerta difundida por dicha comunidad devela un desinterés sistemático por parte del Estado en responder la grave situación que enfrentan los pueblos y nacionalidades, situación que no ha cambiado desde el decreto de emergencia sanitaria y que ha obligado a las organizaciones indígenas a tomar decisiones y articular acciones, para intentar sobrellevar la inevitable propagación del COVID-19 en un contexto de olvido histórico por parte de las autoridades nacionales y seccionales.
Por tanto, instamos al Estado ecuatoriano a concertar con las autoridades políticas y, específicamente, con la Guardia Indígena, cuyos miembros han hecho un esfuerzo indiscutible en control territorial, definición de protocolos de contención y autocuidado y monitoreo constante de la situación de riesgo. No obstante, en lugar de recibir la atención correspondiente, han recibido señalamientos por parte de autoridades locales que desconocen su legitimidad.
Le recordamos al Estado que hay obligaciones constitucionales y estándares internacionales sobre la autonomía territorial, los sistemas de gobernanza propios y la concertación con los mismos que se están incumpliendo, tales como el artículo 57, No.20 en concordancia con el artículo 30 del 169 OIT.
Finalmente, replicamos textualmente los pedidos específicos de esta Comunidad, para que sean atendidos con la urgencia y la brevedad necesaria:
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“Se realice un proceso de DIAGNÓSTICO TERRITORIALIZADO (…), con la aplicación de pruebas de tamizaje y PCR que permitan la detección del virus de COVID-19, así como la adopción INMEDIATA de medidas de prevención, respuesta y contención adecuadas a las realidades geográficas y culturales de las comunidades indígenas; el despliegue de estrategias de comunicación e información culturalmente adecuadas, así como la entrega de kits de bioseguridad para la Guardia Indígena que está realizando el control territorial para evitar el ingreso de terceros al territorio.
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Se garantice un apoyo mínimo vital de subsistencia para las familias indígenas que no cuentan con sustento o garantías de trabajo, que les permita mantener el aislamiento y evitar el aumento de contagios.
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Que las instituciones, como la Secretaría de DDHH, que tienen compromisos con (…) (la) comunidad no utilicen el argumento de distanciamiento y teletrabajo para dilatar el cumplimento de sus obligaciones. Por el contrario, que se atienda como prioridad los casos de pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas.
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Se recuerda a las Fuerzas Armadas su obligación de respetar el territorio de Pueblos y Nacionalidades y concertar con (…) (las) autoridades antes de cualquier ingreso o acción en nuestra comunidad”.
