Ante el solo riesgo de que se amplíe la frontera petrolera en la Amazonía ecuatoriana, los pueblos y nacionalidades indígenas se unieron y se levantaron para ponerle un alto, por ello se movilizaron desde sus territorios hasta la ciudad de Quito, para exigir a la Corte Constitucional que se emita una sentencia crucial que garantice la autonomía sobre sus territorios.
La mañana del 18 de julio de 2024, una delegación de alrededor de cien personas de las nacionalidades Waorani, Kichwa, Achuar, Shuar y A’i Cofán, junto a las autoridades de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), se manifestaron en unidad para exigir a la Corte Constitucional que priorice el análisis de la causa N° 1296-19-JP, convoque a una audiencia en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, y emita una sentencia que garantice el derecho colectivo de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada.
La causa N° 1296-19-JP se refiere a la victoria histórica que en 2019 consiguieron 16 comunidades Waorani de Pastaza, que anuló la consulta que el Estado ecuatoriano hizo en 2012, por vulnerar sus derechos colectivos. La Corte Constitucional seleccionó esta sentencia en 2020 para generar jurisprudencia en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado, pero tras cuatro años de espera no se ha pronunciado todavía. Mientras tanto, los gobiernos de turno sí han manifestado su interés de promover nuevas rondas de licitación petrolera y minera en la Amazonía ecuatoriana.
La exigencia es que se ratifique la sentencia, emita criterios claros y que de seguimiento para su cumplimiento no solo para la nacionalidad Waorani, sino para todas las nacionalidades de la Amazonía, como lo explica Jorge Acero, defensor de derechos humanos y abogado de Amazon Frontlines: “la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre lo que ya está establecido en la sentencia del caso Waorani de 2019, que no solo debe haber consulta, sino que el consentimiento de las comunidades es necesario. La Corte debe profundizar y clarificar los criterios para la consulta previa, libre e informada, y velar por que se cumpla. No sirve que emitan criterios claros si el gobierno de turno no lo cumple”.
Luis Canelos presidente del pueblo Kichwa de Pastaza – Pakkiru señala que todos los procesos anteriores de consulta han vulnerado sus derechos porque “no ha sido vinculantes al consentimiento, las hicieron a través de funcionarios públicos y sin respetar nuestras estructuras organizativas, sin nuestras autoridades territoriales, violentaron nuestros derechos” por ello, la ratificación de la sentencia del Caso Waorani impactará en las otras nacionalidades, que tendrán una herramienta más para defender sus territorios.
La delegación de pueblos y nacionalidades fue escuchada por seis jueces de la Corte Constitucional, entre ellos el juez ponente Richard Ortiz, quien está a cargo del análisis de la causa. Nemonte Nenquimo, lideresa Waorani expresó que ahora es responsabilidad de la Corte Constitucional ampliar las medidas establecidas en la sentencia Waorani para las otras nacionalidades, “también les fueron a engañar y a mentir, en 2019 ganamos este fallo histórico pero vemos que con esta ronda petrolera no hay garantía, está en manos de ustedes. El Estado ecuatoriano debe respetar, nuestro territorio no está en venta, exigimos que se nos escuche y se respete”.
Durante la reunión la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, PAKKIRU y Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza – FENASH-P presentaron amicus curiae en apoyo a la causa Waorani y al finalizar, Silvana Nihua, presidenta de la Organización Waorani de Pastaza informó que se les invitó a los jueces a realizar la audiencia en territorio y que se mantendrán vigilantes.
“Todos los pueblos y nacionalidades somos diferentes pero tenemos las mismas amenazas. Puede venir cualquier plan del proyecto pero con el consentimiento de las comunidades, sin el consentimiento es nulo” señaló Silvana Nihua
En 2021, la Corte Constitucional realizó una audiencia en la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, de la cual se obtuvo una sentencia que desarrolló estándares para el cumplimiento de las obligaciones de respeto, promoción y garantía del derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en contextos de planes y proyectos extractivos.
Ángel González, defensor de derechos humanos y abogado de Amazon Frontlines explica que en este caso, además de establecer la protección especial que se da a los pueblos de reciente contacto como el Waorani, “se busca que la Corte vincule el derecho al consentimiento con la autodeterminación, identificando que cada pueblo establece sus propios procedimientos y formas de ser, pensar y actuar, por lo que con cada uno se deben establecer procesos específicos y no homogeneizantes, un Waorani es distinto a Kichwa o a un Shuar y eso tendría que quedar establecido en la sentencia de la Corte Constitucional”.
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE dijo: “los pueblos indígenas del mundo estamos amenazados por la agresividad de las implementaciones de las políticas extractivas, estamos en peligro. Los territorios de los pueblos indígenas no pueden ser territorios descartables, son territorios de vida donde está la selva, donde está el agua, la ecología que ha permitido regular la vida no solo para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad. Estamos en desventaja pero la lucha debe seguir en unidad”.
El 80% del territorio de la provincia de Pastaza es territorio indígena y son los bosques mejor conservados del Ecuador, fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas es clave en la conservación de la selva amazónica y ante la constante amenaza de nuevas licitaciones, el pronunciamiento de la Corte es cada vez más urgente.
