Sinangoe, 07 de diciembre.- El pasado lunes, 30 de noviembre, el juez de la Corte Provincial de Sucumbíos convocó a una nueva inspección judicial, en la que se citó al Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) y a la comunidad A’i Cofán de Sinangoe. Esta diligencia tenía como fin comprobar sobre el terreno la situación actual de las zonas afectadas por las actividades mineras en las concesiones mineras revertidas por la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos, en noviembre de 2018. Y ello, ante la negativa expresa del MAAE de realizar la reparación al ambiente y la naturaleza que dicho dictamen le ordenaba, pese al reconocimiento de los impactos aún existentes y evidentes.
Sin embargo, el MAAE no asistió a esta convocatoria y la inspección judicial no se pudo llevar a cabo. Esta actitud del Ministerio supone una nueva falta de respeto a la comunidad y una evidencia más de la total falta de voluntad de cumplir con una sentencia definitiva que declaraba la vulneración de nuestros derechos y ordenaba la reparación de daños ambientales causados y que se mantienen por más de 2 años.
Estos actos deliberados de la principal autoridad ambiental del país demuestran -una vez más- el irresponsable y vulnerador actuar de la autoridad nacional ambiental en contra de nuestra comunidad y de la naturaleza. Esto, sin que de parte del Juzgador haya una respuesta clara, contundente y apegada a la Constitución respecto a este actuar del Ministerio, y sin respetar adecuadamente nuestra voz y nuestro conocimiento ancestral sobre el territorio. Como guardianes de nuestra Selva, hemos ratificado y demostrado de manera incansable que nuestro territorio y nuestros derechos no han sido remediados ni reparados de ninguna manera.
En este sentido, como hemos exigido en reiteradas ocasiones, hoy insistimos en que el Juez ante esta situación debe aplicar lo establecido en la Constitución con relación a la destitución de los servidores públicos que no cumplen lo dispuesto en una sentencia de acción de protección como la nuestra, tal como establece el artículo 86.4.
De igual forma, denunciamos la actitud del MAAE y de su actual ministro, Paulo Proaño Andrade, quien devela la inexistencia de una política de seguimiento y cumplimiento de sentencias y, en general, de sus obligaciones de proteger y garantizar el derecho al ambiente y los derechos de la naturaleza, lo cual evidencia el grave incumplimiento y negligencia de la institucionalidad pública.
Finalmente, reiteramos que seguiremos exigiendo que las autoridades correspondientes tomen medidas que garanticen el respeto y la reparación de nuestros derechos y los de la naturaleza; y que el juez aplique los mecanismos pertinentes para obligar a las instituciones a cumplir la sentencia a favor nuestro y de nuestro territorio y disponga las sanciones establecidas ante la grave situación actual. Recordamos y denunciamos, de esta manera, que lo que sucede con Sinangoe también ocurre con otros Pueblos Indígenas que han obtenido sentencias significativas sin que éstas se hayan cumplido.
Más información:
Wider Guaramag, secretario de la comunidad, +593 98 842 5976
Nixon Andy, coordinador de la Guardia Indígena y comunicador comunitario, +593 98 152 4084
Jorge Acero, defensor de derechos humanos y asesor legal de la comunidad, +593 98 856 6832
