A continuación, Amazon Frontlines reproduce de forma textual el comunicado de la Nación Siekopai del Ecuador y la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe.
**El MAATE incumple sentencias e ignora solicitudes de adjudicación, mientras la Presidencia presume garantizar derechos de los pueblos indígenas**
PRONUNCIAMIENTO
Ante la campaña masiva de la Presidencia de la República y el, ahora desaparecido, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Energética – MAATE sobre la adjudicación de 9.300 has. a las comunidades Shuar Tunants, Kampan y Tsuntsuim, las Nación Siekopai del Ecuador y la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe nos pronunciamos, porque tanto el discurso del presidente Daniel Noboa, como de la entonces, ministra de ambiente, Maria Luisa Cruz, dijeron ser conscientes de la necesidad e importancia del reconocimiento de la propiedad sobre los territorios históricos de los pueblos indígenas, mediante la titulación de los mismos. Mientras que el mismo MAATE, ahora fusionado con el Ministerio de Energía y Minas, se ha negado a entregar títulos a territorios indígenas de otras nacionalidades en el norte de la Amazonía, más aún cuando hay áreas protegidas que se traslapan con esos territorios, e incluso desobedeciendo sentencias de tribunales y órdenes judiciales.
Nos complace saber sobre la adjudicación de 9.300 has. del Bosque Protector Kutukú a nuestros hermanos Shuar en los Centros Shuar Tunants, Kampan y Tsuntsuim en la provincia de Morona Santiago, en la Amazonía Sur del Ecuador. Sin embargo, vemos necesario recalcar sobre el doble discurso del Estado, que dice ser de una manera, pero actúa de forma diferente.
En el discurso presidencial se asegura que se está garantizando “la seguridad jurídica sobre sus territorios ancestrales y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas” y que esta garantía, además de una obligación estatal, supone una forma esencial para que los pueblos y nacionalidades podamos seguir cuidando y gestionando nuestros territorios. Pero resulta incomprensible y supone una grave contradicción del Ejecutivo que estos mismos derechos no sean respetados en otros territorios ancestrales, en los cuales a pesar de llevar años solicitando la entrega de nuestros títulos, las comunidades y pueblos indígenas obtenemos negativas o silencio. Esta forma contradictoria de actuar ponemos de manifiesto, y exigimos el respeto a nuestra vida, nuestros territorios y nuestra identidad cultural, basada en nuestra esencial relación con ellos.
Solo por dar algunos ejemplos:
En la provincia de Sucumbíos, la Nación Siekopai lleva ya 20 meses exigiendo que el MAATE cumpla una sentencia que le obliga a entregar el título de propiedad sobre su territorio ancestral de Pë’këya, el mismo que fue traslapado, por la imposición estatal, por la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno.
La Nación Siekopai esperó por cinco años la respuesta del MAATE a su solicitud de adjudicación, al no tenerla se vio obligada a acudir a un proceso judicial en el que acreditaron su ancestralidad y vínculos esenciales con el territorio de Pë’këya. La sentencia fruto de este proceso, declaró la vulneración del derecho constitucional de la nacionalidad, de obtener un título de propiedad sobre su territorio ancestral, e independientemente de la eliminación de la institución, el Estado está obligado a cumplir con la sentencia.
En la misma provincia, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, o en Napo la comunidad Kichwa de Shamato, en la provincia de Napo, cuyos territorios fueron traslapados por los Parques Nacionales Cayambe Coca y Antisana, también debieron recurrir a la justicia constitucional para conseguir que el Estado reconozca su propiedad ancestral y les garantice el derecho la seguridad jurídica sobre sus territorios ancestrales, ante la negativa, por años, del MAATE de avanzar con sus solicitudes. En el caso de Sinangoe ya se obtuvo una sentencia de primera instancia que establece la vulneración de derechos de la comunidad y obliga a su reparación.
En Ecuador, más de 2 millones de hectáreas declaradas por el Estado como áreas protegidas se sobreponen a territorios de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, El 81% de estos territorios se encuentran en la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, y pese a que el Ecuador es un Estado plurinacional y pluricultural de acuerdo a la Constitución del Ecuador, los pueblos indígenas somos constantemente invisibilizados la construcción y aplicación de normas y políticas públicas, como la mismas declaraciones unilaterales de áreas protegidas y la recientemente aprobada Ley de Áreas Protegidas.
Para los pueblos y nacionalidades indígenas hemos cuidado nuestro territorio de forma ancestral, porque es nuestra vida, es lo que garantiza nuestra pervivencia, es el lugar donde y con el que, desarrollamos nuestra cultura. Sin embargo, con la declaración de área protegida, el Estado se limita a firmar acuerdos de cooperación para la conservación de esas zonas, pero no reconoce la propiedad ancestral, vulnerando nuestros derechos, e impide o restringe nuestras formas históricas de relación con los territorios, nuestras formas de gestión y decisión sobre los mismos y que han supuesto su protección hasta nuestros días, tal como ha reconocido el mismo Presidente de la República. Y finalmente niegan nuestro derecho a la seguridad jurídica, que ahora el gobierno presume garantizar.
La Ley de Áreas Protegidas es otra norma que asegura reconocer nuestros derechos como pueblos indígenas, sin embargo fue aprobada vulnerando el derecho a la consulta prelegislativa. Pero la realidad es que hasta hoy no hay ni un solo título de propiedad entregado a una comunidad indígena en áreas protegidas, lo que nos deja en indefensión ante intereses privados que pretendan ingresar a nuestros territorios; lo que se ve agravado por la “fusión” del MAATE con el Ministerio de Energía y Minas, que sin dudas perjudicará aún más este y el resto de nuestros derechos colectivos.
Con estos antecedentes, exigimos que el Estado ecuatoriano, en particular la presidencia de la República, actúe de forma coherente y siendo su más alto deber, respeten la Constitución, la vida y los derechos constitucionales de todos los pueblos indígenas sobre nuestros territorios ancestrales.
