Sr. Iván Duque
Presidente República de Colombia
Sr. Francisco Barbosa Delgado
Fiscal General Colombia
Sra. Antonia Urrejola
Presidente CIDH
Sr. Francisco Cali Tzay
Relator PPII NNUU
Sra. Mary Lawlor
Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Como es de conocimiento público el 20 de abril fue asesinada cobardemente en su domicilio Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora del Resguardo La Laguna – Siberia del municipio de Caldono en el departamento del Cauca. Sandra Liliana lideraba de manera enfática la determinación de sus autoridades asamblearias y tradicionales de ejercer Gobierno Propio en su territorio ancestral gravemente atacado por actores armados regulares e irregulares que pretenden ejercer control sobre el mismo mediante diversas estrategias de control y despojo.
Quienes suscribimos este pedido de ACCIÓN URGENTE vemos con mucha preocupación que este no resulta ser un hecho aislado, no solo porque las instituciones competentes tenían suficiente información sobre la situación de riesgo que enfrentaba Sandra Liliana; porque en diversos espacios de la Minga Nacional por la Vida, se han realizado y reiterado denuncias, peticiones y exigencias frente a hechos de riesgo; y, de manera especial, porque en Colombia solo en lo que va de este año se han sido asesinados 52 líderes y defensores de derechoshumanos (18 de ellos indígenas) y más de mil 166 desde la firma final del Acuerdo de Paz, según los registros del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) sin que por parte del Gobierno del Presidente Duque se implementen las garantías mínimas para su protección. Pese a que el Presidente Duque condena frecuentemente y de manera publica estos hechos la política y programas gubernamentales de prevención y protección no resultan eficaces ni incorporan de menara idónea criterios de carácter diferenciado.
A lo largo de este año, diversas organizaciones indígenas y de DDHH en Colombia han denunciado un incremento significativo de acciones bélicas de corte narcoparamilitar en territorios indígenas qué provocan, entre otros hechos, desplazamiento, confinamiento, reclutamiento y exterminio de sus integrantes, estos hechos que se presentan en diversos territorios indígenas a lo largo del país ocurren de manera aguda y sistemática en el Cauca. La presencia y fortalecimiento de estos grupos armados tienen especial relevancia en zonas donde la institucionalidad estatal es casi inexistente o deficiente favoreciendo que estos grupos se impongan.
En noviembre de 2016, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un histórico acuerdo de paz, que llevó a la desmovilización del que entonces era el principal grupo armado del país. El acuerdo incluyó iniciativas específicas para prevenir asesinatos de defensores/as de derechos humanos, pese a ello los asesinatos de defensores/as de derechos humanos aumentan drásticamente ante la falta de investigaciones diligentes que esclarezcan y sancionen dichos hechos.
La labor que realizan algunos defensores de derechos humanos —por ejemplo, oponiéndose a la presencia de grupos armados o denunciando abusos— los ha convertido en blanco de ataques. Otros han sido asesinados durante ataques de carácter más general perpetrados por los grupos armados contra la población civil. Los asesinatos han dejado al descubierto las dinámicas invisibilizadas de violencia y abuso en regiones remotas de Colombia, donde la presencia de autoridades judiciales y la policía frecuentemente es escasa. Esta ausencia de instituciones del Estado ha dejado a innumerables comunidades indefensas.
Por ello hacemos eco de los reiterados reclamos de la ONIC y otras organizaciones indígenas al gobierno nacional “para que se atienda esta situación de manera inmediata, pues la omisión es un acto que contribuye al genocidio indígena; así como también que la alternativa no es una mayor militarización, sino el fortalecimiento de la Guardia Indígena, el establecimiento de un diálogo de Autoridad a Autoridad y la implementación del Acuerdo de Paz”.
Frente al incremento de actos de violencia contra miembros de Pueblos Indígenas, defensores/as de derechos humanos, líderes sociales y firmantes de paz es prioritario que el Estado colombiano adopte medidas urgentes e integrales para reforzar los sistemas dirigidos a la prevención de la violencia y protección de este colectivo, así como avanzar con la debida diligencia de las investigaciones de delitos cometidos en su contra. De manera particular resulta perentorio que se establezcan y ejecuten medidas de protección idóneas y coordinadas con las autoridades indígenas del Cauca, y se tomen las medidas de protección espiritual yfísica para armonizar y prevenir las múltiples violaciones a los derechos humanos que atentan contra sus territorios y contra su pervivencia.
Por ello EXIGIMOS el Presidente Duque que en cumplimento de las obligaciones con su país y con la comunidad internacional garantice la implementación del Acuerdo de Paz en todas sus dimensiones y particularmente para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de las comunidades y particularmente garantice la labor que realizan defensores/as y líderes como Sandra Liliana que ejerciendo autoridad desarrollan acciones legítimas para la protección de sus territorios y su integridad, muchas veces ante la ausencia estructural del estado, el incumplimiento sistemático de acuerdos y la militarización de sus territorios.
El gobierno de Iván Duque debe realizar esfuerzos genuinos para financiar e implementar los programas y mecanismos orientados a proteger a defensores de derechos humanos y lideres sociales y territoriales, lo que debe implicar la asignación presupuestaria suficiente para la implementación de planes y mecanismos, la coordinación efectiva entre los mecanismos existentes y derogar o modificar aquellos que resultan ineficaces o tienen un mandato poco claro.
Sobre el asesinato de Sandra Liliana exigimos a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y demás organismos concernidos para que investiguen este asesinato de manera diligente, determinen quienes son los responsables materiales e intelectuales de este hecho y los sancione enérgicamente, con el fin de que este hecho no se sume a los cientos de asesinatos indígenas del Cauca que se encuentran en la impunidad; así mismo resulta imperativo que adopten las medidas urgentes y con enfoque diferenciado para evitar que se sigan produciendo hechos similares.
Elevamos el conocimiento de la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Relatoría sobre la situación de los defensores de los derechos humanos requiriendo su inmediata intervención en cumplimento de su mandato, particularmente a efectos de recordarle al Estado Colombiano su obligación convencional de propiciar un entorno libre de hostilidades y el respeto a las libertades fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz para que puedan ejercer libre y eficazmente su labor y las implicaciones internacionales que tiene la omisión de esta obligación.
A los familiares de Sandra Liliana, a su comunidad, a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, a la Guardia Indígena, al Consejo Regional Indígena del Cauca y a todas las comunidades de pueblo Nasa, nuestro abrazo fraterno y nuestro acompañamiento solidario ante la gravedad de los hechos y amenazas que enfrentan.
