16 de Octubre de 2023.
Las comunidades, procesos sociales, populares, organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales manifestamos a la opinión pública nacional e internacional nuestra profunda preocupación por las graves situaciones respecto de Derechos Humanos y DIH que vienen padeciendo las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en el municipio de Puerto Asís, Putumayo debido a las siguientes situaciones:
- Desde el 10 de septiembre se intensificaron las confrontaciones armadas entre el Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las FARC y la estructura armada Comandos de Frontera Segunda Marquetalia.
- Producto de estas confrontaciones varios combatientes resultaron muertos sin que sus cuerpos pudieran ser recuperados en su totalidad.
- Luego de esto, se produjeron órdenes de confinamiento y desplazamiento por parte de Comandos de Frontera, quiénes impusieron un toque de queda, prohibieron a la totalidad de comunidades la libre movilidad intra y extraterritorial, así como el ingreso y atención estatal.
- Si bien es cierto, la intensidad de las confrontaciones ha disminuido, la presencia y control armado ejercido por Comandos de Frontera – CdF, se ha intensificado, incrementando las restricciones de movilidad, presiones a jóvenes para ingreso a filas y encaminarse a enfrentamientos, presiones a pobladores y liderazgos para que no se denuncie la situación con la institucionalidad y no se reciban ayudas humanitarias provenientes del Estado o de ONGs humanitarias, amenazas a personas y/o dirigencias a quienes las señalan como colaboradoras de otros grupos armados o del Estado, infracciones al DIH representando en ocupaciones de bienes civiles de especial protección, imposición de restricciones a misiones médicas, entre otras graves afecciones.
- Existe además orden por parte de los armados, a que ninguna persona y/o dirigencia comunitaria puede denunciar de manera pública o directa ante ninguna entidad estatal, ni hablar con organizaciones de derechos humanos, dado que de hacerlo se convierte en objetivo militar, esto con el presunto ánimo de no generar el interés de entidades públicas civiles sobre el territorio y sobre los actores armados.
Ante esta delicada y persistente situación, demandamos del Estado Colombiano en los niveles territorial y nacional una respuesta integral y sostenida que permita la pervivencia de comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y garantice los derechos fundamentales enmarcados en el Estado Social de Derecho; consideramos que no existen las condiciones para que se determine o declare que se han recuperado condiciones de normalidad o garantía para la población civil, menos aún mientras persista el interés de control territorial y de economías ilícitas del Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las FARC y de la estructura armada Comandos de Frontera Segunda Marquetalia.
Las comunidades en reiteradas oportunidades y por diversos medios han manifestado su apoyo a Paz Total con garantías, su rechazo a la violencia armada, su cansancio a todas las formas y expresiones de violencia, y a su vez requieren respuestas y condiciones para expresar libremente desde sus diversas visiones sus miradas territoriales y de construcción de paz.
Firman
– Amazon Frontlines – AF
– Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CAJAR
– Comisión de Justicia y Paz – J&P
– Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
– Red SomosGénesis
– SIN OLVIDO
– Universidad de Paz UPAZ
– Nia Tero
