Dirigente Kichwa de Sarayaku, Tupak Viteri, en la Audiencia Temática de la CIDH
Quito, 7 de Octubre de 2020.- En el marco del 177° Periodo de Sesiones Virtuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relativa a “la situación de derechos humanos y DESCA en Ecuador”, organizaciones indígenas y derechos humanos comparecieron este 6 de octubre, ante varias Comisionadas y Relatores de la CIDH para exponer “la situación de vulnerabilidad e inseguridad jurídica en la garantía de derechos colectivos de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia del COVID-19 en Ecuador”.
Los representantes de las organizaciones indígenas y sociales señalaron enfáticamente que los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en Ecuador afrontan una situación de desprotección y trato discriminatorio sin precedentes, más aún si consideramos que existe una deuda histórica desde el Estado. Situación que se refleja en sus condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación en el acceso general a bienes y servicios públicos. A esto, añadieron que la situación de salud y vulnerabilidad de varios pueblos indígenas está agravada por la alta prevalencia de enfermedades infectocontagiosas introducidas y enfermedades crónicas no transmisibles.
Entre los temas denunciados por las lideresas y los líderes indígenas, se destacó la inoperancia estatal y la atención discriminatoria en la provisión de servicios de salud en la pandemia; además, la vulneración al derecho a una alimentación nutritiva y culturalmente apropiada a comunidades indígenas de la Nacionalidad Kichwa frente al derrame petrolero ocurrido el pasado 7 de abril en el norte de la Amazonía ecuatoriana y que pudo ser predecible, o frente a las inundaciones que afectaron al Pueblo Kichwa de Sarayaku por el desbordamiento de la cuenca del río Bombonaza. Así también, la escasez de alimentos en comunidades Épera, Chachi de la costa y Shuar y Waorani, que son aun más propensas a contagiarse por la presencia de industrias extractivas y agroindustriales, las cuales merman su capacidad de supervivencia por la destrucción de sus medios de vida tradicionales.
Entre las preocupaciones de las organizaciones está la vulneración a los derechos colectivos de consulta previa, libre e informada por el avance de industrias extractivas, así como, los riesgos a la vida e integridad de los Pueblos en Aislamiento en Aislamiento Voluntarios, que actualmente se encuentran amenazados por las actividades petroleras y maderas. Otro de los temas tratados fueron los factores de violencia estructural que enfrentan los pueblos indígenas transfronterizos de Colombia, Perú y Ecuador frente al abandono estatal, la presión de actividades extractivas, la presencia de grupos ilegales y la militarización de los territorios. Además, la situación de precariedad y abandono de poblaciones indígenas que viven en contextos urbanos.
Además, se alertó sobre la falta de garantías jurisdiccionales en varios casos de vulneración de derechos ya mencionados, así como el abuso de los estados de excepción, que han limitado la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de reunión y asociación, dotando al Ejecutivo de facultades excepcionales para adoptar medidas económicas que han sido duramente criticadas por las organizaciones sociales y han sido objeto de acciones de impugnación ante la misma Corte Constitucional.
En el marco de esta Audiencia Temática y tras las exposiciones de las organizaciones indígenas y del Estado, los relatores de la CIDH realizaron preguntas al Estado relacionadas con los procedimientos de participación, los protocolos específicos de atención sanitaria, los impactos diferenciados para mujeres, niñas, niños y adultos mayores, garantías de duelo, el avance de las actividades extractivas durante la pandemia y garantías de educación. Sin embargo, las aparentes justificaciones -que no respondieron a ninguno de los temas- son un claro desconocimiento a las denuncias realizadas por los Pueblos Indígenas, que demostraron que no sólo perdieron a sus abuelos, memoria de su cultura, sino que hubo una deliberada exacerbación de las actividades extractivas, una nula consideración a las dinámicas transfronterizas, la desprotección al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, una sistemática violación de los derechos colectivos y de la naturaleza.
Lo más grave de la intervención del Estado es que demostraron que, desde su lado, no existe consideración sobre estándares mínimos para una vida digna, ni con relación al acceso a los derechos a la salud, a la educación y otros, mucho menos con relación a la ruptura que generaron en sus rituales propios las disposiciones sobre el manejo de cadáveres con Covid-19, y los consecuentes efectos psicosociales. Asimismo, los representantes del Estado intentaron justificar de forma inadecuada procesos de consulta y consentimiento con llamadas telefónicas y reuniones de socialización sobre protocolos construidos tras varios meses de la declaratoria de emergencia pandemia y después de que las estructuras organizativas indígenas ya contaban con protocolos propios avalados por la Organización Mundial de la Salud.
Finalmente, las organizaciones señalaron que la negligencia estatal frente a la emergencia refleja la crisis institucional del Estado y la falta de políticas sociales interculturales y plurinacionales, esto ha obligando a las organizaciones indígenas y sociales a concentrar todos sus esfuerzos en la coordinación de apoyo humanitario para sobrellevar la crisis sanitaria, económica y climática.
Citas de la delegación indígena que intervino en la Audiencia Temática
Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la CONFENIAE
“La población indígena urbana se encuentra fuera y distante de su territorio ancestral por razones de desplazamiento socioeconómico o por conflicto armado. Enfrentan desafíos para la pervivencia cultural; en su mayoría se encuentran en condiciones económicas precarias o de pobreza. Ninguno de nuestros llamados ha recibido respuesta efectiva por parte de los gobiernos y las acciones de atención siguen siendo desarticuladas y carecen del enfoque diferencial”.
Nemonte Nenquimo, dirigente Waorani de Pastaza
“Las empresas petroleras estaban trabajando durante la pandemia y ahí fue el primer contagio. Nuestros hermanos Tagaeri – Taromenane viven ahí. Solicitamos que se respete nuestro pedido de Medidas Cautelares desde la CIDH porque el Estado ecuatoriano no ha cumplido la sentencia que debía proteger nuestra vida y la de los hermanos no contactados. Nuestro territorio es nuestra decisión, nuestro territorio no está de venta. Exigimos que nos escuchen y hagan que el gobierno ecuatoriano actúe”.
Tupak Viteri, presidente del Pueblo Kichwa de Sarayaku
“Las actividades extractivas en Ecuador en el contexto de la pandemia no se han detenido. Incluso en algunos casos aumentaron, a partir de la decisión del gobierno de declararlas actividades esenciales y/o estratégicas mediante el Decreto Ejecutivo 1017 del 16 de marzo de 2020. Por otro lado, autoridades del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables vienen advirtiendo la promulgación del “reglamento para la consulta previa, libre e informada de las comunidades en el caso de las actividades mineras está casi listo” vía decreto ejecutivo. Este reglamento no ha sido realizado con participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.
Justino Piaguage, presidente de la Nación Transfronteriza Siekopai.
“Para nosotros, los abuelos significan mucho. Un abuelo que muere no muere sin sabiduría, ese abuelo o esa abuela transmiten el conocimiento. En nuestra Nación, murió un abuelo que tenía el conocimiento en la medicina ancestral, la otra abuela era la historiadora de nuestra Nación; falleció un profesor, hijo de un arquitecto tradicional que también murió. Sobre las fronteras, debemos decir que para nosotros nunca hay fronteras, nuestros hermanos están al otro lado del río, cuando se militarizan las fronteras se imposibilita la solidaridad entre nosotros. El Estado lo pinta todo lo bonito, no sé en qué país habitamos nosotros”.
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