A medida que se asienta el polvo tras la COP30 en Belém, Brasil, calificada por algunos como la “COP de los Pueblos Indígenas”, los resultados ofrecen un panorama complejo: avances importantes, pero también decepciones. Aunque se anunciaron compromisos históricos de financiamiento y nuevos mecanismos, persisten brechas críticas en la participación, la ambición y la implementación. Estas son algunas de las principales lecturas que ayudan a entender qué dejó realmente la COP30 para los pueblos indígenas y para la Amazonía.
La COP30 deja miles de millones en compromisos financieros, nuevos mecanismos y un lenguaje reforzado sobre derechos, pero también una persistente exclusión de los procesos de toma de decisiones, una ambición insuficiente en materia de combustibles fósiles y deforestación, y serias dudas sobre la implementación. Para los pueblos indígenas, la conferencia no fue ni el avance histórico que algunos esperaban ni el fracaso total que otros temían, sino otro capítulo en la larga lucha por ser escuchados, respetados y financiados en la defensa de los bosques y territorios que han sostenido por generaciones.
1.- Liderazgo indígena: un asiento real en la mesa, no solo una mención. Las lideresas indígenas Nemonte Nenquimo, Hindou Oumarou Ibrahim y Rukka Sombolinggi hicieron un poderoso llamado que va al corazón de lo que está mal en la gobernanza climática. En un artículo de opinión publicado en Context News, en el segundo día de la COP30, destacaron una estadística devastadora: los pueblos indígenas gestionan casi un tercio de los bosques tropicales de manera más eficaz que cualquier otro modelo de gobernanza, pero reciben directamente menos del 1% de la financiación climática internacional. Para ellas, los nuevos mecanismos de financiamiento deben garantizar acceso directo, gobernanza compartida y un poder realmente equitativo, no limitarse a prometer transparencia. Y aunque celebraron iniciativas como la Tropical Forests Forever Facility, rechazaron ser tratadas como simples “beneficiarias” de decisiones tomadas en otros lugares, reivindicando su rol como arquitectas legítimas de las estrategias de protección forestal.
2.- La postura pro-combustibles fósiles de Ecuador en la COP30 quedó expuesta a nivel internacional. El Universo informó que líderes indígenas y figuras internacionales proyectaron mensajes en distintos puntos de Belém con la frase “Noboa, la Amazonía no está en venta”, en referencia a la polémica hoja de ruta hidrocarburífera del país. Este plan contempla 49 proyectos petroleros que requieren más de 47.000 millones de dólares en inversión y que amenazan 29.663 kilómetros cuadrados de territorios indígenas, una extensión equivalente al tamaño de Bélgica, sin el consentimiento libre, previo e informado que exige la propia Constitución del Ecuador. El 89% de los territorios en riesgo corresponde a bosques primarios intactos, que actúan como amortiguadores climáticos esenciales. Mientras la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, defendía la expansión petrolera en los pabellones de la conferencia, organizaciones indígenas emitieron declaraciones en las que advirtieron que las políticas energéticas y climáticas del gobierno contradicen directamente los esfuerzos globales por enfrentar la crisis climática.
3.- Compromisos históricos frente a una ambición vacía. El análisis posconferencia de Mongabay destaca las contradicciones en el corazón de la COP30. La conferencia produjo avances significativos: un Compromiso Intergubernamental Histórico sobre Tenencia de la Tierra, 1.800 millones de dólares en nuevas promesas de financiamiento y el lanzamiento del Tropical Forests Forever Facility. Sin embargo, estos logros convivieron con fallas fundamentales. Los negociadores no lograron establecer rutas claras para una entrega rápida de financiamiento climático ni elaborar hojas de ruta concretas para revertir la deforestación ni eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. El resultado es una conferencia con gestos simbólicos y financieros importantes, pero incapaz de responder a la urgencia que exige la crisis climática y que, en primera línea, sienten las comunidades indígenas.
4.- ¿Inclusión indígena o “Indigenous-washing”? Intercontinental Cry ofrece quizás la crítica más dura en su análisis de lo que denomina “Indigenous-Washing” en la COP30. El artículo sostiene que presentar la conferencia como la COP de los Pueblos Indígenas pudo haber hecho más daño que bien al generar una ilusión de participación significativa cuando, en la práctica, no cambió nada. Los pueblos indígenas siguieron sin ningún rol formal en los procesos de toma de decisiones; sus voces fueron mencionadas con mayor frecuencia, pero su poder no aumentó. Mientras tanto, 1.600 cabilderos de combustibles fósiles obtuvieron acreditación para ingresar al recinto de la conferencia, mientras que los pueblos indígenas locales se vieron obligados a protestar fuera de las rejas. Este contraste expone la brecha entre la retórica sobre el liderazgo indígena y las estructuras reales de poder que rigen la política climática global.
5.- Dinero sobre la mesa, ¿pero llegará al territorio? Bloomberg analiza la promesa de financiamiento por 1.800 millones de dólares anunciada por el Reino Unido, Alemania, Noruega, los Países Bajos y varias fundaciones filantrópicas para apoyar proyectos de derechos territoriales indígenas en América Latina, África y Asia. Si bien se trata de un financiamiento significativo, los líderes indígenas plantearon preocupaciones importantes sobre su implementación. La práctica común de agrupar a los pueblos indígenas con las denominadas “comunidades locales” en los acuerdos genera ambigüedad legal que podría socavar los derechos específicos que los pueblos indígenas tienen sobre sus territorios. El análisis sugiere que, sin mecanismos claros que garanticen que los fondos lleguen directamente a iniciativas lideradas por pueblos indígenas, y sin resolver estos problemas de definición, incluso las promesas de miles de millones corren el riesgo de quedarse cortas frente a su potencial transformador.
6.- Retórica de derechos vs. realidad de derechos. La declaración posconferencia de Amnistía Internacional no escatima críticas en su evaluación de la participación en la COP30. A pesar de las promesas de que nadie se quedaría atrás, la organización concluyó que las negociaciones siguieron siendo fundamentalmente no participativas ni inclusivas, excluyendo a la sociedad civil y a los pueblos indígenas de los procesos reales de toma de decisiones. Sin embargo, Amnistía también reconoce que la organización de base y la incidencia indígena lograron resultados concretos, especialmente al asegurar el compromiso de desarrollar un mecanismo de Transición Justa. Esto evidencia un patrón recurrente en las conferencias climáticas: los pueblos indígenas y la sociedad civil deben luchar desde los márgenes para influir en los resultados, obteniendo avances no a través de los canales formales, sino mediante la presión constante y la movilización colectiva.
7.- Nuevos mecanismos, viejas preguntas. Carbon Brief destaca un resultado que recibió sorprendentemente poca atención: el Mecanismo de Acción de Belém (también llamado Mecanismo de Transición Justa), que por primera vez reconoció explícitamente no solo los derechos de los pueblos indígenas, sino también los de las personas afrodescendientes, junto con el derecho a un ambiente sano. Esta ampliación del reconocimiento de derechos en un acuerdo climático representa un avance normativo importante. Sin embargo, el bajo perfil del mecanismo plantea preguntas sobre si estos derechos se traducirán en protecciones y recursos reales o si permanecerán como un lenguaje aspiracional en documentos que los responsables de políticas citan, pero no implementan plenamente.
8.- Bosques, financiamiento y el diablo en los detalles. El análisis de resultados del World Resources Institute (WRI) examina la renovación y ampliación del compromiso sobre Bosques y Tenencia de la Tierra, ahora respaldado con 1.800 millones de dólares hasta 2030. De manera significativa, el compromiso amplió su alcance más allá de los bosques para incluir también las sabanas, reconociendo la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad y el almacenamiento de carbono, y donde habitan numerosas comunidades indígenas. Esta expansión geográfica podría canalizar recursos hacia territorios indígenas que iniciativas anteriores, centradas únicamente en los bosques, habían pasado por alto. Sin embargo, como ocurre con otros compromisos financieros de la COP30, la prueba crucial será si las estructuras de financiamiento permiten un acceso directo a las comunidades indígenas, en lugar de fluir a través de intermediarios que pueden diluir el impacto y socavar la autodeterminación indígena.
9.- De las cifras financieras al futuro de las comunidades. The Conversation analiza el que podría ser el compromiso financiero más significativo de la COP30: el Tropical Forests Forever Fund, que promete 7.600 millones de dólares para proteger más de mil millones de hectáreas de bosques, con un 20% destinado específicamente a proyectos liderados por pueblos indígenas. Esto representa un reconocimiento explícito de que los pueblos indígenas son los guardianes más eficaces de los bosques y merecen recursos dedicados. Sin embargo, las personas indígenas entrevistadas por The Conversation subrayan que el financiamiento debe ir más allá de las cifras y abordar cómo fluye el dinero, quién lo controla y si realmente respalda las prioridades indígenas y no agendas externas. La asignación del 20% es significativa, pero los líderes indígenas insisten en que la implementación debe respetar la autonomía indígena y permanecer vigilante ante cualquier riesgo de imponer condiciones externas que limiten la forma en que las comunidades pueden utilizar estos recursos.
10.- Primero los derechos, luego las soluciones climáticas. Global Voices centra su análisis en la experta Sineia do Vale, quien plantea la necesidad de reordenar por completo las prioridades de la política climática. Do Vale sostiene que la acción climática efectiva debe comenzar por garantizar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y no tratar esos derechos como un elemento secundario o como un cobeneficio de los programas climáticos.El artículo aborda paneles e iniciativas presentados en la COP30 destinados a asegurar financiamiento directo para la adaptación climática liderada por pueblos indígenas, lo que refleja un reconocimiento creciente de que canalizar fondos a través de gobiernos o de intermediarios ONG a menudo no sirve eficazmente a las comunidades indígenas. Este enfoque de “primero los derechos” desafía el modelo dominante de financiamiento climático y sugiere que las diversas promesas financieras de la COP30 solo tendrán éxito si parten de una base sólida de derechos territoriales indígenas garantizados y de autodeterminación.
Fotografía de portada de Sergio Moraes / COP30
