A continuación, Amazon Frontlines reproduce de forma textual el comunicado de las Nacionalidades indígenas de Pastaza: Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE); Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (NASHIE); Nacionalidad Kichwa de Pastaza (PAKKIRU); Organización Waorani de Pastaza (OWAP); Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE); Nacionalidad Andwa de Pastaza del Ecuador (NAPE); Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (FENASH-P); y Coordinadora Binacional Achuar del Ecuador (COBNAEP).
Denuncian que la actualización del plan petrolero de Noboa es inconsulta, y viola sentencia de 2019 que declaró nula la supuesta consulta de 2012
Pastaza, Ecuador, 28 de agosto 2025.- Las Nacionalidades indígenas de Pastaza: Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE); Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (NASHIE); Nacionalidad Kichwa de Pastaza (PAKKIRU); Organización Waorani de Pastaza (OWAP); Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE); Nacionalidad Andwa de Pastaza del Ecuador (NAPE); Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (FENASH-P); y Coordinadora Binacional Achuar del Ecuador (COBNAEP) denunciamos el nuevo intento del gobierno de Daniel Noboa de imponer un plan petrolero nacional que desconoce y atropella los derechos colectivos de nuestras comunidades, pueblos y nacionalidades. Una vez más, se violenta de manera sistemática el derecho a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado; ignorando incluso la histórica sentencia de 2019 que ya frenó la licitación petrolera en el bloque 22 en la Amazonía.
Bajo el disfraz del “desarrollo”, el Ejecutivo ha presentado la llamada “Hoja de Ruta Hidrocarburífera”, un portafolio de 49 proyectos con una inversión proyectada de más de 47.000 millones de dólares (Figura 1). Estos planes incluyen bloques como el 22 y otros de la XI Ronda Petrolera del Suroriente, originalmente lanzada en el año 2012. Estos planes afectan directamente en un 90% de los territorios de las siete nacionalidades indígenas de Pastaza, Andwa, Achuar, Shiwiar, Kichwa, Shuar, Sapara y Waorani, porque se presentan sin información transparente, sin consulta previa y bajo un claro desprecio hacia la autodeterminación de nuestras comunidades.
El gobierno ha anunciado un cronograma preliminar para el desarrollo de los proyectos petroleros subandinos (Figura 2), que contempla varias etapas desde la estructuración hasta la firma de contratos. Actualmente, en el cuarto trimestre de 2025, se encuentra en análisis la estructuración del proyecto, revisión de información técnica y evaluación de diferentes alternativas para definir el alcance y plan de actividades, así como la presentación de ofertas y su envío a los órganos competentes para su evaluación. Posteriormente, se prevé que las negociaciones se lleven a cabo en el primer trimestre de 2026, seguidas de la adjudicación en el segundo trimestre de 2026, y finalmente la firma de contratos, cuya fecha aún está por confirmarse. Este cronograma evidencia la intención de avanzar rápidamente en la explotación de recursos en territorios sensibles, lo que plantea riesgos significativos para los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios.
De manera paralela y estratégica, el gobierno ecuatoriano ha emprendido una acelerada reestructuración de la política pública y de la normativa ambiental con el fin de abrir camino a la expansión extractiva. Con los Decretos Ejecutivos N° 60 y 94, desapareció el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), fusionándose con el Ministerio de Energía y Minas, eliminando toda posibilidad de control independiente sobre los impactos ambientales. Así mismo, con la Ley de Áreas Protegidas se permite que empresas privadas administren territorios indígenas, en abierta violación a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos. Además, se han impulsado reformas para redelimitar áreas protegidas y facilitar su superposición con bloques petroleros. Estas medidas reflejan con claridad que el Estado ecuatoriano no tiene como prioridad la protección de la vida de las nacionalidades indígenas, sino de consolidar un modelo de despojo de sus territorios ancestrales; con el único fin de cumplir con los compromisos internacionales a los que llegó con el FMI.
Al mismo tiempo, el Estado está promoviendo cambios legales destinados a controlar y perseguir a organizaciones de derechos humanos y organizaciones indígenas, así como a sus líderes y lideresas que se oponen a actividades extractivas, buscando criminalizar la defensa de los territorios y de los derechos colectivos. Esta estrategia de persecución política no es un hecho aislado: responde a un plan sistemático para silenciar la resistencia legítima de los pueblos originarios. A la par, el Estado al modificar las normativas ambientales en el país con el fin de reducir los estándares de protección y al mismo tiempo obstaculizar la entrega de información sobre los proyectos extractivos, incumple sus obligaciones internacionales y va en contra de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Escazú que obliga al Estado a garantizar mecanismos institucionales que aseguren el acceso a la información, la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras del medio ambiente.
Estas acciones no solo limitan el ejercicio de nuestros derechos colectivos y ambientales, sino que también debilitan los mecanismos de transparencia y participación que garantizan la defensa de la vida y los territorios.
En respuesta a estas amenazas sistemáticas en los territorios indígenas, las Nacionalidades de Pastaza: Achuar, Shiwiar, Kichwa-Pakkiru, Sapara, Andwa y Waorani de Pastaza entre los meses de febrero y junio de este año realizaron peticiones de acceso a la información pública para conocer el contenido del plan de inversión petrolero y las proyecciones que existen sobre sus territorios; sin embargo, las respuestas han sido incompletas y ambiguas, indicando que están en una etapa de “estructuración inicial”, y por ejemplo se omitió entregar datos sobre los bloques 79 y 83, que fueron adjudicados a Andes Petroleum, así como el estado actual de los convenios existentes. Esta obstaculización al acceso a la información constituye, además, una violación directa de los derechos colectivos de las comunidades, ya que impide que puedan ejercer un control informado sobre las decisiones que afectan sus territorios. Lo que sí han respondido es que, sobre los bloques petroleros de la llamada Ronda Suroriente (Figura 3) ya se consultó en 2012, y en los que no, se procederá conforme el Decreto 1247.
El 19 de agosto de 2025, desde la Organización Waorani de Pastaza (OWAP) se presentó un nuevo acceso a la información pública para conocer los documentos e informes en los que se sustenta el Gobierno Nacional para la creación de una nueva ronda de licitación denominada “Subandino”, en la que se incluye el bloque 22. Sobre este bloque, en el año 2019 los jueces de la Corte Provincial de Pastaza ya habían declarado que se violó el derecho a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado.
El Caso Waorani evidencia de manera clara la sistematicidad de las violaciones a los derechos colectivos en Pastaza y la urgente necesidad de establecer jurisprudencia vinculante que garantice el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado vinculado con la autodeterminación. En 2019, la Corte Provincial de Pastaza determinó que la supuesta consulta realizada en 2012 en el bloque 22 vulneró la autodeterminación de las comunidades Waorani de Pastaza. Posteriormente, en mayo de 2020, la Corte Constitucional seleccionó el caso Nro. 1296‑19‑JP, conocido como el caso Waorani de Pastaza; sin embargo, cinco años después aún no se ha generado jurisprudencia vinculante que proteja de manera efectiva los derechos colectivos frente a proyectos extractivos.
En mayo de 2025, más de 100 Waoranis acudieron a la Corte Constitucional en Quito para exigir que se respeten sus derechos y los de otras nacionalidades frente a la Ronda Petrolera Suroriente, respaldados por 23 Amicus Curiae presentados por organizaciones nacionales e internacionales. Este respaldo refleja la preocupación y la unidad de todas las nacionalidades indígenas de Pastaza, que reconocen que el fallo sobre el caso Waorani establecería un precedente vinculante crucial para proteger sus territorios y derechos colectivos.
Este caso no es un hecho aislado: demuestra cómo las decisiones del Estado afectan a todas las nacionalidades indígenas de Pastaza —Achuar, Shiwiar, Kichwa-Pakkiru, Sapara, Andwa, Waorani y Shuar— poniendo en riesgo sus derechos colectivos y territorios ancestrales. La falta de cumplimiento de los estándares de consulta y consentimiento previo, libre e informado que afecta a las comunidades Waorani de Pastaza amenaza directamente a todas las comunidades, y subraya la necesidad de una jurisprudencia clara, vinculante y respetada que sirva como herramienta de protección para todas las nacionalidades de la provincia.
Frente a esta situación, las Nacionalidades indígenas de Pastaza reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la cultura y los territorios ancestrales. Exigimos al Estado ecuatoriano que respete los derechos colectivos de nuestros pueblos, garantice nuestra autodeterminación y el derecho al consentimiento previo, libre e informado, y entregue información completa y transparente sobre todos los proyectos extractivos que afectan nuestros territorios.
Reiteramos que la protección de nuestros derechos no es negociable y que la unidad y el respaldo de todas las nacionalidades constituyen una fuerza colectiva indispensable para resistir los intentos de despojo y consolidar la justicia ambiental y social en la Amazonía. No hemos dado nuestro consentimiento previo, libre e informado frente al plan extractivo del Gobierno Nacional.
Instamos al gobierno a actuar con responsabilidad, transparencia y respeto hacia las nacionalidades indígenas, reconociendo que cualquier avance extractivo sin consulta ni protección plena de nuestros derechos constituye una amenaza directa a nuestra vida, cultura y futuro.
Alertamos a los organismos internacionales de protección de derechos sobre la situación de riesgo de líderes y miembros de comunidades y nacionalidades, organizaciones de derechos humanos, que resisten a los planes extractivos del Gobierno Nacional.
Exhortamos a las y los asambleístas, en especial a quienes representan a la provincia de Pastaza, a que se pronuncien de manera firme frente a todas las actividades extractivas particularmente a la reactivación de los bloques Sur Oriente y aquellos denominados actualmente como bloques Subandino, y exijan al Estado transparencia en sus actuaciones, así como el estricto cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas.
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Figura 1. “Hoja de Ruta Hidrocarburífera”, portafolio de 49 proyectos petroleros 2025-2027
Figura 2. Bloque Subandino 2025-2026
Figura 3. Bloques Sur Oriente
