Comunicado de prensa de Amazon Frontlines, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
Quito, Ecuador 13 de noviembre, 2019 – Dieciséis meses después del otorgamiento de medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del Pueblo Siona, el Estado Colombiano sigue sin cumplir con lo ordenado, hecho que profundiza el riesgo del exterminio físico y cultural de este pueblo.
“La situación de riesgo que enfrenta nuestro Pueblo Siona en los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Piñuña) se ha agudizado por la presencia de actores armados regulares e irregulares en nuestros territorios. Nuevamente el pueblo Siona está confinado, en desplazamiento, con amenazas de reclutamiento forzado y debido a restricciones de movilización por actores armados no podemos realizar nuestras prácticas de pervivencia culturales y espirituales en horas de la noche”, manifestó Sandro Piaguaje Cabrera, Gobernador del Resguardo Siona de Buenavista, durante la reunión de trabajo celebrada con el Gobierno Colombiano en el marco del 174° período de sesiones de la CIDH en Quito (Ecuador).
Por su parte Mario Erazo, Dirigente de Territorio del Resguardo Siona de Buenavista indicó que “Las medidas cautelares tienen que mantenerse en nuestro territorio, y se tienen que implementarse de manera integral, con un enfoque diferenciado y culturalmente adecuada.”
Durante la sesión de trabajo ante la CIDH, el Pueblo Siona y sus representantes reconocieron que la cancillería colombiana y otras instituciones del Estado asistieron a una reunión de concertación en el territorio indígena en el mes de agosto de 2019. Sin embargo, los funcionarios presentes en dicho encuentro no tenían poder de decisión ni capacidad de compromiso presupuestal, por lo que la oferta institucional presentada no respondió a las necesidades ni solicitudes de la comunidad. Ante esta situación, el encuentro fue levantado en un contexto de indignación por parte de las autoridades tradicionales, espirituales y políticas del Pueblo Siona. En el marco de la reunión de trabajo sostenida el día de hoy, la comunidad acoge la propuesta del Estado colombiano de celebrar una nueva reunión de concertación. Los beneficiarios de las medidas de protección y las organizaciones que les acompañamos confiamos en que en esta ocasión primara la buena fe y la voluntad estatal de garantizar la protección colectiva de la comunidad y el territorio del Pueblo Siona.
Lina María Espinosa, Defensora de DDHH de la organización peticionaria Amazon Frontlines señaló que “es emergente que la institucionalidad Colombiana dé respuestas efectivas, concretas y con enfoque diferenciado al Pueblo Siona dada su situación de riesgo y vulnerabilidad. No resultan suficientes manifestaciones de buena voluntad, es urgente que eso se concrete en acciones de protección concretas, idóneas y efectivas”.
Se reiteró que la militarización de sus territorios exacerba la situación de riesgo del Pueblo Siona, y no guarda consonancia con la forma en que el mismo toma decisiones y desarrolla sus sistemas de autogobierno, estigmatizando el ejercicio de control territorial de la Guardia indígena.
“La CIDH debe mantener un seguimiento cercano a las medidas de protección que ha brindado al pueblo Siona para garantizar una plena implementación” señaló Francisco Quintana, director de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe. “La falta de garantías de seguridad frente a los líderes sociales y de pueblos indígenas que vive actualmente Colombia requiere que esta protección internacional sea efectiva y culturalmente adecuada para los pueblos indígenas ese país.”
Estos fueron algunos de los argumentos presentados por Amazon Frontlines, CEJIL, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Secretaría Operativa de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia (CDDHHPI), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) durante una reunión de trabajo de la CIDH con presencia de autoridades políticos y tradicionales y miembros de las Guardias indígenas de los Resguardos Gonzaya y PoPiyuya el día de hoy.
