Sucumbíos, 26 de marzo de 2025
Desde Alianza Ceibo y Amazon Frontlines expresamos nuestra profunda preocupación y solidaridad con las familias y los territorios colectivos de Esmeraldas, que han sido gravemente y en muchos aspectos irremediablemente afectados por uno de los peores desastres socio ambientales en la historia reciente de Ecuador. El pasado 13 de marzo, la ruptura de una tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) provocó un derrame de al menos 25.116 barriles de petróleo, según el comunicado oficial de PetroEcuador, convirtiéndolo en el peor derrame de petróleo en Ecuador en casi tres décadas. Este derrame ha contaminado los ríos Caple, Viche y Esmeraldas y dejó a medio millón de personas sin agua potable durante casi 12 días, contaminó otros cuerpos de agua y terrenos, destruyó cultivos y ha generado graves riesgos a la salud de comunidades enteras.
De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), más de ochenta kilómetros de cuerpos hídricos han sido contaminados. Las intensas lluvias de la temporada han incrementado el nivel de estos ríos, facilitando la propagación del petróleo a esteros, estuarios y afluentes, con un impacto devastador sobre los ecosistemas y la vida acuática.
Una de las consecuencias más devastadoras de este desastre es la falta de acceso a fuentes de agua potable seguras para las comunidades locales. Denuncias recogidas por diversos medios de comunicación y a través de redes sociales indican que, a pesar de los esfuerzos por parte de PetroEcuador de enviar tanqueros con agua, las cantidades suministradas han sido insuficientes frente a la demanda, y en muchos casos, el agua entregada ha estado contaminada, con olor a diésel y características de “agua aceitosa”. Esta situación requiere una respuesta efectiva ante la grave emergencia humanitaria.
Reconocemos que este desastre no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de incidentes derivados de la fragilidad de la infraestructura petrolera en Ecuador evidenciada en, por ejemplo, los seis derrames petroleros ocurridos entre junio y agosto de 2024 en la Comuna San Antonio, provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, por lo que urgen políticas públicas que garanticen una gestión ambiental responsable. La falta de un marco regulador adecuado ha dejado en particular a las comunidades afrodescendientes e indígenas, las más afectadas por estos desastres, en una situación de total indefensión. El mantenimiento adecuado de los ductos y oleoductos es fundamental para prevenir incidentes como este. Sin embargo, la falta de inversión y supervisión en estas infraestructuras ha contribuido a que el desastre se desarrollara con consecuencias devastadoras.
Extendemos nuestra solidaridad a las comunidades de Esmeraldas que, al igual que en la Amazonía, han enfrentado las consecuencias de constantes derrames de petróleo, y ahora enfrentan uno particularmente devastador. Según datos del MAATE, entre 2005 y 2022 se han registrado 1.496 derrames de petróleo en Ecuador, de los cuáles el 94% atribuidos a la empresa estatal Petroecuador.
Por ello sabemos que este dolor no es un caso aislado. Es parte de una historia más amplia de despojo y destrucción impuesta por un modelo extractivista que prioriza los intereses de las grandes corporaciones sobre la vida y los derechos de las comunidades.
Las comunidades indígenas de Ecuador, que también hemos sido víctimas del abandono del Estado y de la violencia de la industria petrolera, entendemos profundamente el sufrimiento que ahora viven las familias de Esmeraldas. Nos unimos en esta lucha por la justicia ambiental, por la reparación integral de los daños causados, y por un cambio en el modelo de desarrollo que priorice la vida y la sostenibilidad sobre la extracción destructiva de recursos naturales. Que su lucha sea también nuestra lucha. Desde nuestra diversidad y unidad como pueblos, alzamos nuestra voz para exigir un presente libre de violencia, de contaminación y de impunidad.
