Más de 15.800 barriles de crudo se extendieron 30 km y contaminaron los ríos Coca y Napo, afectando a más de 120 mil personas, entre ellas 27 mil kichwas
El Coca, Ecuador, 28 de agosto de 2025.- Tras cinco años de silencio y una cancelación de diálogo el pasado 30 de junio, hoy nuevamente alrededor de 150 personas –entre niños, niñas, mujeres y adultos mayores- de las comunas kichwas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en los ríos Coca y Napo en abril de 2020, asistieron al diálogo intercultural convocado por el juez de Francisco de Orellana y que se realizó en la sede de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE).
Este diálogo con el juez Clemente Paz Lara, designado para la reapertura del caso en enero de 2025, debió realizarse a finales de junio de este año, pero fue diferido por razones de salud. Los demandantes habían requerido que, de acuerdo con los principios de interculturalidad, sean escuchados en la comunidad Amaru Mesa, territorio Kichwa, porque esta es una de las comunidades donde han vivido con diversos y continuos impactos petroleros desde abril del 2020, el peor desastre ambiental de la última década en la Amazonía ecuatoriana, y que hasta la fecha ponen en riesgo continuo la salud de las familias Kichwas, de los ríos, de la selva.
El diálogo intercultural se centró en escuchar a los habitantes de las comunidades afectadas a lo largo de 30 kilómetros de vertido de petróleo en los ríos Coca y Napo. Los representantes de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), PetroEcuador, así como del Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud Pública, estuvieron presentes de forma virtual.
Para las y los kichwa es importante que el juez conozca sobre sus formas de vida, hoy limitada por la contaminación del río y el suelo, más aun porque hace cinco años sus testimonios fueron pasados por alto en una sentencia que resolvió que no había violación de derechos humanos colectivos. Ahora, el juez Clemente Paz debe tener una perspectiva intercultural en todo el proceso, que para los kichwa no se agota en este primer espacio de diálogo, eso es lo que han insistido al juez. También le insistieron en medidas de reparación colectivas que les permitan recuperar la vida del río, y su libertad e integridad colectiva como pueblo originario.
“Un verdadero diálogo debería ser en espacios más abiertos, propios de la comunidad, donde se pueda vivir, sentir y compartir sin miedo. Lo que ahora se vió y se sintió, es que el juez sí accedió a ciertas cosas. Los testimonios, unos más que otros, lo sensibilizaron. Pero hay que seguir trabajando en ambos lados para que el proceso en este diálogo intercultural se fortalezca y sea entendido por las dos justicias que tenemos en el país, tanto la ordinaria como la indígena. Debemos seguir construyendo la propuesta para que el diálogo intercultural se abra a otros casos y que también se discutan en territorio”, señaló Luis Canelos, presidente de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza.
“Lo que esperamos es que se tomen en cuenta estos testimonios y se dimensione la afectación a las comunidades por la contaminación por estos vertidos de petróleo. Es gravísimo tomando en cuenta que se trata de un pueblo originario que vive del río como tal. Entonces, el objetivo que nosotros, como accionantes, es que este diálogo intercultural pueda alimentar la perspectiva del juez para poder dimensionar la gravedad del daño a la pervivencia física y cultural de los kichwas. El juez se refirió al diálogo como una obligación constitucional, señalando que el diálogo se produce luego de la sentencia de la Corte Constitucional que fue favorable a los kichwas”, explicó Francis Andrade, defensora de derechos humanos y abogada de Amazon Frontlines.
En la Constitución de 2008, Ecuador se define como un estado plurinacional e intercultural. En ese sentido, el diálogo intercultural es un principio que debe ser aplicado en todo proceso jurisdiccional con pueblos y nacionalidades indígenas, con el propósito de interpretar normas, comprender hechos y conductas desde la perspectiva de aquellos con quienes se dialoga.
CONTEXTO
La rotura simultánea de dos oleoductos y un poliducto (el SOTE y el OCP) provocó el vertido de más de 15.800 barriles de crudo a lo largo de 30 kilómetros en los ríos Coca y Napo, afectando a más de 120 mil personas, entre ellas 27 mil kichwas que habitan sus riberas. En este caso ni un solo barril fue recuperado.
Los días 19 y 20 de septiembre de 2020, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador hizo recorridos por seis comunidades ubicadas en las riberas de los ríos Coca y Napo y verificó la presencia de contaminantes como hidrocarburos policíclicos aromáticos y metales pesados como níquel, plomo y vanadio. Las sustancias encontradas en las muestras sobrepasaron la norma porque resultaron muy tóxicas para la naturaleza y para la salud de las poblaciones. El derrame de petróleo afectó la salud, la soberanía alimentaria de la población de las comunidades visitadas al haber contaminado el agua del río, los suelos, el aire, los cultivos, los animales domésticos y silvestres, es decir, a la naturaleza presente en las comunidades visitadas.
Después de que los jueces se negaran a impartir justicia en primera y segunda instancia por considerar que no existían ya pruebas de los daños por el derrame petrolero de 2020; en noviembre de 2024, la Corte Constitucional dejó sin efecto ambas sentencias y ordenó un nuevo tratamiento judicial que incluyera un verdadero diálogo intercultural con las comunidades afectadas.
El 8 de abril de 2025 (Juicio No: 22281202000201), el Juez de la Unidad Multicompetente Penal de Francisco de Orellana, Clemente Paz, ordenó realizar un diálogo intercultural antes de proceder con la audiencia por la acción de protección. El diálogo estaba programado para el 30 de junio, sin embargo, el juez lo aplazó y por ello, 120 personas–entre ellas, niños, niñas, mujeres y personas mayores de las comunas kichwas le llevaron al juez de Clemente Paz las evidencias de los derrames petroleros de 2020 y exigieron llevar a cabo el diálogo, justicia y reparación integral de los daños.
Para conocer más sobre el caso del peor derrame de petróleo ocurrido en los ríos Coca y Napo en abril de 2020, puede consultar el siguiente documento informativo.
Contactos de prensa:
Luis Andy, Presidente FCUNAE / +593 96 755 9207
Vivian Idrovo , Alianza por los Derechos Humanos Ecuador / +593 93 928 7754 alianzaddhh.ecuador@gmail.com
Raul Estrada, Gerente de campañas de Amazon Frontlines / +525580196422, raul.estrada@amazonfrontlines.org
