El movimiento indígena se moviliza durante el paro nacional en Colombia. Foto Cortesía Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC
CIDH: las recomendaciones que el gobierno se niega a considerar
En informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se constató la disparidad de cifras entre los reportes oficiales de la Fiscalía General de la Nación, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo y los datos consolidados por las organizaciones de la Sociedad Civil. Para los primeros, sólo se confirmaron 21 personas fallecidas en el marco de las protestas, resaltando en su informe las lesiones físicas a los integrantes de la fuerza pública (1.253 policías heridos) y las pérdidas económicas por el accionar violento contra bienes públicos y privados con afectaciones estimadas por el Ministerio de Defensa en más de 11,9 billones de pesos (USD 3,3 miles de millones).
Por su parte, la Campaña Defender la Libertad documentó hasta el 22 de julio de 2021, 87 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 28 son presuntamente atribuibles a la fuerza pública; 1.905 personas heridas por abusos policiales, de las cuales 88 casos se relacionan con lesiones oculares y 115 con heridas por arma de fuego. También se registraron 326 agresiones hacia personas defensoras y las agresiones sexuales y violencias basadas en género por parte de la fuerza pública, reportándose tocamientos, desnudez forzada, acoso sexual, hostigamiento, violencia sicológica y violación.
La CIDH manifestó explícitamente su preocupación por las inconsistencias en el registro de las cifras entregadas por el Estado y la disparidad, particularmente de las víctimas fatales y desaparecidas, con los sistemas de monitoreo de la sociedad civil, pues esto incrementa la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades, siendo la falta de legitimidad, la corrupción y la impunidad una de las causas del malestar social que produjo el estallido popular el pasado 28 de abril.
La CIDH documentó usos desproporcionados de la fuerza pública, incluyendo respuestas letales excesivas, indiscriminadas y contrarias a la legalidad (como el empleo de gases irritantes vencidos, dispositivos lanzagranadas, impactos a corta distancia contra la cabeza y tórax de las personas manifestantes y atropellamiento con tanquetas antidisturbios), que se encuentran en audios, fotografías y videos que circulan por las redes sociales, y que fueron corroborados por testimonios individuales y colectivos recolectados durante la visita. A pesar de que el Estado mismo ha reconocido infiltraciones en las protestas de terceros armados, a la fecha no hay resultados contundentes de investigaciones orientadas a conocer la responsabilidad individual y la participación de la Policía Nacional en estos hechos.
Sobre los hechos de violencia basada en discriminación étnico-racial contra pueblos indígenas y comunidades negras, la CIDH recibió un registro de 50 casos de ataques contra integrantes de la Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria, y el fallecimiento de 2 personas indígenas, 159 hostigamientos y 21 vícitmas de atentados en el marco de la protesta social.
La CIDH también documentó violencia en contra de periodistas y medios de comunicación; violencia contra las misiones médicas y el personal de salud; abuso de la figura inconstitucional del “traslado por protección” que constituye detenciones arbitrarias y discrecionales por parte de la Policía; así como mantenimientos de competencia en la Jurisdicción Penal Militar de los abusos documentados, entre otras situaciones de particular relevancia como el bloqueo de la señal de internet en los espacios de protesta, prácticas de “ciberpatrullaje”, difusión de noticias falsas, amenazas contra la vida e integridad a través de medios digitales y perfilamiento de personas para catalogarlas como criminales.
Respecto de las recomendaciones al Estado de Colombia, la CIDH invita a que se refuerce desde el más alto nivel de Gobierno un proceso de “diálogo genuino, con enfoque territorial” que permita procesos reales de concertación y participación de los sectores históricamente discriminados entre los que se encuentran los pueblos indígenas. De igual manera, la Comisión es insistente sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar la vida y la seguridad de las personas y organizaciones que testificaron durante la visita, evitando represalias ya sea por parte del mismo Estado o por parte de terceros, sin embargo, durante el mes de julio se han presentado, principalmente en Cali y Popayán, capturas a jóvenes integrantes de la “Primera Línea” de protestas.
Sobre las garantías para el pleno goce del derecho a la protesta social y otras recomendaciones específicas que incluyen, entre otras, ajustes normativos a través de leyes estatutarias que recojan los estándares interamericanos sobre el alcance de los derechos vulnerados y las implicaciones del respeto a la protesta pacífica como base del Estado Social y Democrático de Derecho, evitar la estigmatización y la discriminación; coordinar programas de reparación urgente a las víctimas de la violencia policial con perspectiva de género, interculturalidad e intergeneracionalidad. La CIDH también recomendó a la Policía Nacional y el ESMAD del Ministerio de Defensa, para evitar las perspectivas militares de estos cuerpos de la fuerza pública hacia otro centrado en la protección y seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos.
Pero el Gobierno Nacional, a través de la Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez, manifestó su desacuerdo sobre las recomendaciones de la CIDH enfatizando en el carácter no vinculante de las mismas. También señaló que al ser competencia exclusiva del gobierno nacional, la dirección de las relaciones internacionales, era imposible que las recomendaciones sean implementadas por gobiernos locales, a pesar de la voluntad que algunos habrían manifestado de hacerlo. Así mismo, el Presidente Iván Duque Márquez descalificó y tergiversó su contenido tras afirmar públicamente que la Comisión había recomendado “tolerancia” con los “actos de criminalidad”, refiriéndose a los bloqueos y rechazando que se lleve a cabo el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de derechos humanos que se propuso por el organismo internacional.
Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia
Entre el 3 y el 12 de julio, 41 delegados y delegadas de trece países integraron la Misión de Observación Internacional SOS Colombia, en la cual participó el Defensor de Derechos Humanos y Coordinador del Equipo Legal de Amazon Frontlines, Jorge Acero González y la abogada Sylvia Bonilla como parte de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador. Durante la visita, se recorrieron ocho regiones del país en el que se documentaron de primera mano, con las organizaciones locales, las agresiones, falta de garantías para la protesta e impunidad en un diálogo amplio con las víctimas, entidades gubernamentales y puntos de resistencia. Esta misión, fue la respuesta al pedido urgente de solidaridad internacional promovido a nivel nacional por plataformas de derechos humanos y organizaciones como el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP /PPP); La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); la Corporación Jurídica Libertad (CJL); el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ); la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; la Fundación Forjando Futuros; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD); Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas; Alianza de organizaciones sociales y afines; y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
En el informe preliminar de la Misión presentado públicamente el 12 de julio, se dejó constancia de la información receptada de más de 70 organizaciones locales y regionales como comités de paro, grupos estudiantiles, colectivos de mujeres, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, sindicales, entre otros, también se constató de la actualidad de las graves vulneraciones de derechos humanos que siguen ocurriendo en Colombia y de las que los integrantes de la misión, pudieron ser testigos directos: se presentaron hostigamientos de la fuerza pública a integrantes de la Misión, con ocurrencia de asesinatos, agresiones oculares y hallazgo de dos cuerpos sin vida de jóvenes desaparecidos de puntos de resistencia en cercanías a donde se encontraban reunidos.
De manera contundente, la Misión señala que: “las personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia son blanco de actores estatales y no estatales por su promoción de los Derechos Humanos y sus opiniones políticas”. En consonancia con las recomendaciones de la CIDH, la Misión de Observación recalca que el Gobierno Nacional ha dado una respuesta al Paro Nacional en la lógica de la guerra, sin voluntad real de reconocimiento de los interlocutores ni disposición auténtica para negociar las exigencias populares, étnicas y comunitarias. El Partido de Gobierno, así como las élites económicas que lo soportan, han generado al país daños individuales y colectivos en la estructuración de discursos de odio, racistas y coloniales, causando un “trauma psicosocial colectivo en la sociedad colombiana”.
Como parte de los actores especialmente vulnerables, la Misión señala a los Pueblos Indígenas que han sido estigmatizados, reprimidos y asesinados de manera histórica y continuada por el Estado colombiano. Se resalta la impunidad de los crímenes de Estado y la gravedad del panorama a nivel de país que tiende a agravarse bajo el mantenimiento de la doctrina del “enemigo interno”. El 13 de julio de 2021 la Organización Indígena de Antioquia informó de un comunero gravemente herido por accidente con mina antipersonal en la comunidad Turriquitadó Alto, en el territorio del Resguardo Río Chageradó del Municipio de Murindó del Pueblo Emberá Eyábida, el cual se suma a la alerta que esta misma organización indígena habría elevado el 07 de julio de 2021 tras el fallecimiento de un hombre indígena y heridas de gravedad en una mujer tras la detonación accidental de un campo de minas antipersonales en el municipio de Dabeiba, en la comunidad de Amparradó Medio.
Desde el viernes 16 de julio hemos conocido nuevas denuncias por parte de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y expresiones comunitarias que han sido objeto de hostigamiento, perfilamientos, amenazas de inmovilización y empadronamiento de vehículos que van en Caravana desde diversos territorios de Colombia hacia la ciudad de Cali para participar en la Segunda Asamblea Nacional Popular que se desarrolló entre el 17 y 20 de julio. Estas retenciones temporales de los buses, según lo manifestado por la policía, se enmarca en la expedición del Decreto 0734 del 14 de julio de 2021 “Por medio del cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público” y constituyen, ademas de un nuevo impedimento para el ejercico de la protesta y la manifestcaion, vulnera los derechos de movilidad, libertad de expresión, reunión, asociación y participación.
Para los Pueblos Indígenas, la movilización y la protesta en Colombia son derechos necesarios y urgentes, tal como lo determinaron las organizaciones y comunidades indígenas reunidas en el X Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la ONIC, ocurrido en la La Delfina, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, del 26 al 30 de junio de 2021. De su propio análisis de contexto se obtiene el riesgo de exterminio físico y cultural que afrontan los Pueblos Indígenas debido al conflicto armado, el recrudecimiento de la violencia en las zonas de conflicto, y factores subyacentes como el extractivismo, la discriminación, la marginación y el alto índice de pobreza en los territorios. Tampoco se ha avanzado en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final Paz de La Habana, 2016. El Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC reporta desde el 7 de agosto del 2018 hasta el 31 de marzo del 2020, cerca de 298 homicidios, 60 secuestros, 39 casos de reclutamiento forzado, 16.915 personas en desplazamiento forzado y 2.000 amenazas e intimidaciones, a más de la recurrente amenaza contra los territorios y los intentos de desconocer como un derecho fundamental la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado.
