Originalmente publicado en Plan V
En medio de la crisis climática global, una batalla crucial se está librando en la Amazonía ecuatoriana. Las voces de las comunidades indígenas, guardianas ancestrales de este resiliente territorio, se enfrentan a un sistema que por décadas las ha ignorado. Ahora, tienen la mirada puesta en la Corte Constitucional del Ecuador, que tiene en sus manos la oportunidad histórica de, a través de una sentencia, sentar jurisprudencia para garantizar derechos fundamentales y trazar un camino hacia la protección efectiva de la Amazonía.
El caso 1296-19-JP, presentado por las comunidades Waorani de Pastaza y otras nacionalidades indígenas es mucho más que un litigio legal. Este caso representa una lucha por hacer valer el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI), reconocido en la Constitución ecuatoriana y el derecho internacional, pero vulnerado repetidamente por intereses extractivistas. En 2019, 16 comunidades Waorani lograron una victoria significativa al detener la licitación petrolera en su territorio ancestral, protegiendo más de 200 mil hectáreas de selva. Sin embargo, la batalla está lejos de terminar. A pesar de la notificación emitida por el Juez Constitucional Richard Ortiz el pasado 13 de enero, la Corte no ha fijado una fecha para la audiencia, perpetuando el silencio institucional sobre este caso clave, sin escuchar a las poblaciones afectadas.
Los pueblos indígenas de la región exigen que esta audiencia se lleve a cabo en territorio Waorani. Escuchar sus voces directamente en su propio contexto cultural es un acto de justicia,una necesidad para garantizar que las decisiones judiciales reflejen verdaderamente las realidades y necesidades de quienes serán afectados. Además, demandan que cualquier sentencia emitida en este caso cumpla con los más altos estándares internacionales sobre consulta previa e informada, estableciendo una jurisprudencia que blinde sus derechos y sirva de referencia para futuras luchas legales en el país y la región.
Este llamado no es nuevo. Durante cinco años, las comunidades indígenas han recorrido largas distancias desde sus territorios hasta las ciudades, enfrentando obstáculos burocráticos y financieros, para exigir que su voz sea escuchada. Este esfuerzo incansable pone en evidencia la brecha existente entre las promesas legales y su aplicación. Mientras las petroleras continúan amenazando los bosques y su biodiversidad, los pueblos indígenas siguen resistiendo, en una lucha no solo por ellos mismos sino también por el planeta entero. La Amazonía, como uno de los principales sumideros de carbono y un regulador clave del ciclo del agua del planeta, juega un rol crucial en la mitigación de la crisis climática, y su destrucción sería una catástrofe global.
La Corte Constitucional tiene ahora una oportunidad sin precedentes. Al fijar una audiencia en territorio Waorani y garantizar una sentencia que cumpla con los más altos estándares, no solo reforzará los derechos de los pueblos indígenas, sino que también enviará un mensaje contundente sobre el compromiso del Ecuador con la justicia climática y la protección de la biodiversidad. Pero este caso no es solo un asunto de leyes y políticas. Es una cuestión de dignidad y respeto por aquellos que han sido custodios de la Amazonía durante generaciones y que ahora necesitan que sus derechos sean protegidos con la misma determinación con la que ellos han protegido la selva. Cada día que pasa sin una resolución clara es un día más de incertidumbre para las comunidades, y un día más en el que el frágil equilibrio del ecosistema amazónico se ve amenazado.
La Corte Constitucional de Ecuador no puede darse el lujo de dejar pasar esta oportunidad. Con cada decisión, tiene el poder de transformar la lucha de estas comunidades en un ejemplo de resistencia y justicia para el mundo entero. Escuchar a los Waorani y a las demás nacionalidades indígenas en su propio territorio no es solo un gesto simbólico, sino un paso fundamental hacia una justicia real y efectiva. ¡Es hora de actuar!
