“Me molesta mucho. No veo la imparcialidad de la justicia ecuatoriana. Hoy lo que se dispuso favoreció al sector público, hasta aplaudieron, hasta abrazaron entre ellos. Yo sí rechazo la actitud de la jueza. Primero colapsó salud, seguridad, ahora peor la justicia. Declara la nulidad del proceso; es decir, nos quedamos en cero, pero seguiré batallando porque estoy seguro del riesgo”
– Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador.
“Para mí, el presidente del COE sigue siendo Otto, no hay ningún decreto o resolución que ponga a María Paula Romo frente al COE Nacional. Además, vicepresidente fue notificado con tiempo de la demanda y recién hoy asomo con escrito a nuestra audiencia. Para mí, es mala fe de parte del Estado. Ellos saben el riesgo de nosotros los wao y también de los pueblos en aislamiento”
– Nemonte Nenquimo, presidenta de la Coordinación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador – Pastaza.
“Ministerio de Salud no está haciendo nada, algunas instituciones encargadas del asunto del covid no están haciendo nada para la nacionalidad waorani. Entonces, nosotros estamos pidiendo urgente una acción de medidas cautelares tampoco tenemos respuesta oportuna que iba a dar hoy día (ayer). ¿A dónde vamos a dirigir los waorani? Aunque no haya medidas cautelares vamos a seguir exigiendo, exigiendo, exigiendo hasta que el Estado se canse. Venimos de un pueblo guerrero”
– Oswando Nenquimo, vocero Resistencia Waorani.
09 de junio de 2020, Puyo, Ecuador – La tarde de ayer, 08 de junio, debió reinstalarse la audiencia por las medidas cautelares interpuestas desde el 20 de mayo por la Nacionalidad Waorani en contra de varias entidades del Estado, entre ellas el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Otto Sonnenholzner, como titulares del COE Nacional, debido al riesgo inminente que enfrentamos como pueblo de reciente contacto y nuestros hermanos, los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri Taromenane frente a la propagación del covid-19 en nuestro territorio.
Una vez instalada la audiencia, la jueza de la Niñez y Adolescencia, Delicia de los Ángeles Garcés Abad, leyó una carta suscrita por Vismark Rafael Estacio, en calidad de abogado de Vicepresidencia, en la que señalaba que su representado no es quien lidera el COE Nacional y que, en su lugar, debe ser citada la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El oficio no fue acompañado de ningún Decreto Ejecutivo o resolución administrativa que derogue el decreto ejecutivo No. 707, del 26 de marzo de 2019, y legalice el mencionado encargo a Romo, siendo esto fundamental para no generar inseguridad jurídica. Sin embargo, la jueza anuló el proceso dándonos 24 horas para responder, sin que su explicación haya sido clara en audiencia. Preocupa que, hasta la fecha, no se ha emitido una notificación por escrito.
Para la jueza Garcés, lo que corresponde es citar a la funcionaria Romo a comparecer, pretendiendo reinstalar la audiencia unos días después para que se sumaran a la causa en el momento procesal en el que la misma se encontraba. Los accionantes le recordamos a la magistrada que de hacerlo así se estarían vulnerando de manera flagrante los derechos de todos al debido proceso; e hicimos hincapíe en la importancia de considerar la naturaleza y finalidad de las medidas cautelares, ahora, nuevamente dilatadas.
Reprochamos con profunda indignación este incidente injustificado y generado por la segunda autoridad más importante a nivel nacional, el vicepresidente, pues, parecería que su accionar tardío entre la primera notificación para instalar audiencia, el 29 de mayo de 2020, la dilación y la definitiva fecha en la que se desarrolló la primera parte de la diligencia, el 05 de junio, no tuvo otra finalidad que dañar el proceso actuando con mala fe. En el lapso de este tiempo, el vicepresidente tenía la obligación de notificar este tema particular a la jueza que preside el caso; al contrario, se ausentó el día viernes, 05 de junio, y envía el mencionado comunicado a pocas horas de reinstalar la audiencia, aproximadamente, a las 09h00, del 08 de junio.
Rechazamos, además, la falta de celeridad con la que hemos enfrentado este proceso. Si bien, la particularidad de las acciones constitucionales es la inmediatez, precisamente, por el riesgo a la vulneración de nuestros derechos y los de los pueblos en aislamiento voluntario a la vida, la salud, la autodeterminación, entre otros, el inicio tardó más de 15 días y ahora han pasado 20, lo cual desnaturaliza la finalidad y el alcance de una medida cautelar y la convierte en ineficaz. Con eso, adicionalmente, terminan también negándonos el derecho a la tutela judicial efectiva. Pues, en concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las medidas cautelares pudieron ser dictadas aun sin audiencia.
En este tiempo ha sido evidente que los riesgos se incrementaron. En medio de la pandemia, puestos de salud fueron cerrados y otros tantos se encuentran sin abastecimiento de medicinas y oxígeno. Mientras se pide a nuestras familias quedarse en las comunidades, no se garantiza una alimentación saludable y culturalmente adecuada. De igual forma, ni la escasa entrega de los alimentos, ni el retorno de pacientes que han debido ser traslados a las ciudades por la gravedad de su estado de salud no han considerado los gastos de movilización hacia las profundidades de la selva, el lugar de ubicación de varios clanes waorani. Es decir, lo poco que ha hecho el Estado ecuatoriano han sido medidas desarticuladas, tardías, ineficaces e insuficientes, que no consideran ni la distancia geográfica ni nuestras particularidades como pueblo en reciente contacto.
Frente a la inoperancia del Ejecutivo y la demora de la Justicia, el paso del tiempo ha sido inclemente para nosotros y los contagios siguen aumentando, particularmente en Napo. Y esta situación crítica se vuelve aún más preocupante para nuestros hermanos los pueblos aislados y nuestros Pikenani (ancianos guerreros y sabios Waorani). Nuestra dirigente Nemonte Nenquimo señala:
“Mi hermana acaba de decir que está una señora enferma con síntomas de covid-19 y, en Meñepare, mi tío está también enfermando; el suegro de mi hermana en Gareno también. Estoy preocupada que mientras jueza, los ministerios encargados y las petroleras no entienden, la gente en nuestras comunidades se sigue contagiando, y las personas que no estaban enfermas (cuando pusimos la demanda de medidas cautelares) están hoy contagiadas”.
Este último incidente propiciado por la Vicepresencia se suma a una serie de eventos inaceptables desde la instalación de la audiencia. El Estado, en sus intervenciones, ha intentado desvirtuar todos nuestros pronunciamientos, justificándose con acciones que, reiteramos, no han sido oportunas ni adecuadas, y que si han ocurrido ha sido por nuestra propia insistencia y autogestión. Además, negando el riesgo de las actividades extractivas para nuestros derechos y los de los pueblos en situación de aislamiento, a pesar de que los primeros contagios se dieron en áreas cercanas a bloques petroleros y a zonas de influencia de nuestros hermanos aislados.
Finalmente, llamamos a las organizaciones sociales nacionales e internacionales y a la sociedad civil a sumarse a la vigilancia de este proceso, pues una sentencia negativa puede poner en riesgo nuestra pervivencia física y cultural, llevándonos inclusive al etnocidio.
Contactos:
Defensora de DDHH y abogada de los accionantes.- Lina María Espinosa +593 98 633 8495 (sólo whatsapp)
Comunicación.- Sophie Pinchetti +593 98 148 4873 (sólo whatsapp)
Alejandra Yépez Jácome +593 992 713 876
Explicación jurídica de la situación:
Lina Maria Espinosa, Defensora de DDHH y abogada de los accionantes: “La Nacionalidad Waorani y los Pueblos en Aislamiento enfrentan un grave y multidimensional riesgo por expansión de COVID-19; riesgo debidamente advertido a todas las entidades concernidas del nivel central y local. De esta manera, el Estado, de forma prioritaria, tiene la obligación de elaborar respuestas específicas para este colectivo, que sean respetuosas de su cosmovisión y diversidad cultural. Su vida se encuentra en grave riesgo por la reciente memoria inmunológica al ser un pueblo de contacto reciente (60 años) y para el caso de los aislados resulta totalmente desconocido; riesgo que se exacerba debido al desarrollo de actividades extractivas que inciden directamente en el derecho a la alimentación, al agua y a la salud. En cuanto al derecho a la salud, este pueblo enfrenta diversos obstáculos relacionados con cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad, desabastecimiento de insumos básicos, dificultad de acceder a exámenes para el diagnóstico del COVID-19, la prestación de servicios que no son culturalmente adecuados y que desconoce las prácticas de la medicina tradicional y su realidad lingüística y cultural, protocolos elaborados sin la participación de representantes de las comunidades indígenas, etc. No se ha garantizado la participación de las autoridades comunitarias para la elaboración de hojas de ruta, planes de acción o intervención territorial, vulnerando el derecho de ejercer autogobierno y libre determinación. No se ha generado a tiempo información culturalmente adecuada, veraz y oportuna; y la que se ha generado de manera tardía no considera mecanismos oportunos de difusión de acuerdo a la realidad socio cultural, geográfica y de accesibilidad. No se han desarrollado respuestas de apoyo socioeconómico, fortalecimiento de la autonomía alimentaria y medidas de autocuidado para quienes habitan las comunidades o pare los Waorani en entornos urbanos. Los apoyos han resultado insuficientes, escasos, no pertinentes, inaccesibles e inadecuados para las formas de vida, cosmovisión y cultura. Y ahora el sistema de justicia les niega la tutela judicial efectiva y desnaturaleza el alcance, objeto y razón de ser de una garantía jurisdiccional que busca actuar frente a un riesgo inminente que de constituirse en vulneración resultará irreparable”.
