El Paro Nacional en Colombia cumple 21 días de movilizaciones populares, en pleno pico de la tercera ola del Covid-19, en un contexto previo de colapso de las unidades de emergencia hospitalaria en las principales ciudades del país, el reinicio de medidas de restricción de circulación, toques de queda y una precaria implementación del plan nacional de vacunación que comenzó el 17 de febrero con dosis adquiridas a través del mecanismo bilateral del COVAX y no la gestión directa del Gobierno Nacional.
A la fecha, el país afronta la imposición de un recurrente y sistemático discurso de odio racista y estigmatización contra los Pueblos indígenas movilizados bajo la figura de la Minga que camina la palabra y recorre el País para exigir sus derechos; esos que históricamente les han sido negados, pues las comunidades siguen sometidas a la sistematicidad de la violencia y el despojo de sus territorios. Acercando la realidad a las cifras, de los más de 102 Pueblos Indígenas que existen el Colombia, al menos 39 están declarados en inminente riesgo de exterminio físico y cultural como consecuencia del conflicto armado interno; 35 enfrentan alto riesgo por disminución demográfica contando con menos de 200 habitantes; y 242 líderes indígenas asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016.
Los impactos de la violencia, el empobrecimiento estructural, la amenaza de despojo de sus territorios ancestrales, la búsqueda de satisfacción de sus derechos fundamentales como víctimas del conflicto armado, la afirmación de su autonomía y la decisión de permanecer en sus territorios como condición esencial para garantizar su pervivencia, el incumplimiento flagrante a los Acuerdos de Paz, la inminente reactivación de las fumigaciones aéreas con el glifosato, la imposición de modelos de desarrollo contrarias al Buen Vivir, el desconocimiento de la libre determinación y consulta y consentimiento previa, libre e informada, son algunos de los ejes centrales en la agenda del Movimiento Indígena cuyos incumplimientos son motivos suficientes para sumarse al Paro Nacional.
Adicionalmente, las Guardias Indígenas, sinónimos de resistencia, de paz, de lucha colectiva, de protección real y efectiva a los comuneros y los territorios, han salido a rodear las primeras líneas de las movilizaciones populares en las ciudades que están compuestas mayoritariamente por jóvenes que, sin oportunidades de empleo ni educación, hijos de una generación que afrontó las consecuencias del desplazamiento forzado y el engrosamiento de los cordones de miseria en las urbes, reclaman con furia al Estado la construcción de un país más justo mientras la Policía les dispara a mansalva.
Es importante considerar que los sistemas propios de guardianía son estrategias autónomas de resistencia para el monitoreo y control de los territorios étnicos (formalizados o no), y son una manifestación del pluralismo jurídico, del derecho propio, de la libre determinación para el apoyo y respaldo de las autoridades tradicionales, políticas y espirituales de cada Pueblo Indígena. Son cuerpos civiles, pacíficos, con una función principal de cuidado y defensa de la vida y la cultura, que hoy se trasladan hacia las ciudades por mandato Asambleario y acogida del movimiento social para visibilizar el recrudecimiento de la guerra en los territorios, el incremento de condiciones de desigualdad, y las afectaciones socio ambientales y de vulneración sistemática de sus derechos humanos y colectivos.
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) disparando indiscriminadamente a los manifestantes. Foto Cortesía de la Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Pese a la existencia de las herramientas normativas nacionales e internacionales para regular el uso de la fuerza del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de la Policía en los escenarios de protesta, se han presentado graves violaciones de derechos humanos en las jornadas de movilización del Paro nacional. Con corte al 15 de mayo, el país tiene un saldo de graves violaciones de derechos humanos que según la Campaña Defender la Libertad, deja 49 personas asesinadas en manos de presuntos actores estatales y/o “civiles” sin identificar y una joven menor de edad quien decidió acabar con su vida luego de las agresiones sexuales ejercidas por la fuerza pública; 578 heridos en enfrentamientos de la Policía Nacional y el ESMAD-, 37 personas con pérdida ocular, 87 víctimas de violencias basadas en género, 1460 detenciones, con algunas denuncias de tortura y sometimiento de tratos crueles, inhumanos y degradantes; 12 allanamientos de los cuales 8 han sido declarados ilegales, incluyendo capturas a defensores de ddhh; y un registro de 379 personas desaparecidas. Esta última cifra se encuentra en proceso de verificación y actualización. Todos estos hechos se mantienen a pesar de la creciente condena nacional e internacional sobre la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones.
A la indignación popular por la respuesta de abusos, militarización, y muerte, se suma que, desde el comienzo de la pandemia en 2020, con pañuelos rojos amarrados en las ventanas, familias empobrecidas en todo el territorio nacional pedían que se decretara renta básica urgente para hacer sostenible el encierro. En medio de tanta precarización, con un 42.5% del país en los límites de pobreza -de los cuales el 15.1% se encuentra en pobreza extrema-, sin garantías de educación, con universidades públicas desfinanciadas, y unas brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad en niveles alarmantes producto, entre otras cosas, del conflicto armado interno que lleva 60 años poniendo más de 7 millones de víctimas sin reparación ni consideración alguna, las personas perdieron tanto, que se quedaron sin miedo. Las pancartas del día 28 de abril, fecha en la que comenzó el Paro Nacional, señalaban que más que al COVID las personas temían a un Gobierno de Derecha criminal, el cual estaba intentando promover con unánime respaldo del Congreso de la República una reforma tributaria para entre otros, gravar elementos de la canasta básica familiar, pensiones de vejez, y financiar con impuestos a la clase media un déficit fiscal que detonó el descontento social, teniendo en cuenta que con el salario de un congresista (valorado en $34’417.000 COP), se pagan 48 salarios mínimos mensuales vigentes.
Foto Cortesía de la Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Aún con la renuncia del Ministro de Hacienda al sexto día de las movilizaciones el Paro continua como un estallido social, producto del rechazo absoluto a la represión exagerada de las manifestaciones, abusos de la fuerza pública y brutalidad policial, el curso de una reforma a la salud que privatiza aún más este derecho en medio de una pandemia, a las exigencias de educación universal, gratuita y de calidad, y al respeto mínimo por la vida, la dignidad y los territorios.
Desde nuestra organización expresamos preocupación por el hecho de que autoridades del gobierno nacional hayan declarado públicamente que las manifestaciones tienen fines “terroristas” y que, por esta razón, se justifique el uso excesivo de la fuerza contra la población. Además, las declaraciones de autoridades locales llamando a civiles a levantarse con el animo de justificar la utilización de estrategias paramilitares contra los marchantes. Esto no solamente es violatorio de los estándares de derechos humanos, sino es una afrenta a todas las víctimas de grupos paramilitares en un país que tiene el conflicto armado interno más largo del continente. El discurso de odio ha sido especialmente promovido por funcionarios de alto nivel como el Ministro de Defensa, Diego Molano; alcaldes, como el de Pereira, Carlos Maya; e influyentes figuras públicas como Álvaro Uribe Vélez, ex presidente que hoy regenta el partido de Gobierno; quienes realizado declaraciones con las que buscan, de manera intencionada, consciente y voluntaria, proyectar una imagen parcializada de las manifestaciones, incendian con apología al genocidio las manifestaciones ciudadanas. Con ello, se ha pretendido alentar, tanto a los miembros de la fuerza pública como a ciudadanos, a que actúen contra las personas que se manifiestan, lo que ha traído como consecuencia un alarmante incremento en el uso de la violencia institucional, ejercida directamente por agentes de la fuerza pública uniformados o encubiertos y mediante la actuación de particulares que han contado con la complicidad o aquiescencia del Estado.
Las actuaciones arbitrarias, violentas y desproporcionadas del ESMAD y las Fuerzas Militares, contrarias a protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública en contextos de protesta social pacífica responden a un escenario de miedo, confrontación y promoción de discursos de discriminación y odio que pretende imponer una concepción de seguridad fundamentada en el miedo generalizado de ciertos sectores privilegiados de la población y que justifica el tratamiento represivo de la protesta.
La preocupación por los hechos violentos que se han desencadenado producto de dichas declaraciones ha sido denunciada públicamente por diversas organizaciones de derechos humanos en Colombia y respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, quien ha expresado “su preocupación ante declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre las cuales resultan particularmente preocupantes aquellas que califican a los manifestantes y a las víctimas como “terroristas”, “enemigos” o “delincuentes”
Movilización en la ciudad de Popayán. Foto Cortesía de la Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Pese a que la movilización social y la protesta pacífica es un derecho político que, como pilar de un sistema democrático, se había contemplado explícitamente como parte fundamental de los Acuerdos de Paz, desde el 28 de abril esta garantía ha sido absolutamente incumplida por parte del Gobierno de Colombia que, con la brutal represión armada, persecuciones judiciales, bloqueos para su desarrollo y desconocimiento de las exigencias estructurales de la sociedad civil, ha alimentado el malestar popular acrecentando la situación crítica en materia de derechos humanos, que ya está en la mira de la comunidad internacional, con pronunciamientos específicos por parte de la CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y más de 650 Organizaciones de la Sociedad Civil de todo el mundo.
En los últimos días, el sur del país ha sido protagonista tanto de la barbarie como de la esperanza. Ciudades como Cali, Popayán, Yumbo y Bogotá han sido epicentro de los ataques contra las movilizaciones pacíficas, las cuales habrían estado acompañadas por la Minga Indígena y la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, quienes documentan continuamente por redes sociales y prensa alternativa ataques armados en su contra, saboteo por parte de la Fuerza Pública e interceptación violenta por parte de terceros armados, logrando incluso la captura, desarme y entrega al Estado de miembros de la Policía Nacional infiltrados en las marchas.
Miembros de la guardia indigena del Resguardo Buenavista del Pueblo Siona, Putumayo, Amazonia colombiana. Foto Cortesía del Resguardo Buenavista del Pueblo Siona
En el Departamento del Putumayo, el Resguardo Buenavista del Pueblo Siona, comunidad transfronteriza cuyo territorio se encuentra en la rivera del río Putumayo entre Colombia y Ecuador, ha movilizado su guardia indígena para participar, de manera pacífica junto con sus autoridades tradicionales y políticas en el Paro Nacional en el municipio de Puerto Asís y exigir el respeto por la Amazonía, denunciar las afectaciones que siguen sin remediación producto de las fumigaciones con glifosato, el riesgo que supone la reanudación de una guerra química en contra de la población civil, el inminente exterminio físico y cultural en el que se encuentran, la presión por el desarrollo de la actividad petrolera en la región y la falta de avance de los procesos de restitución y formalización territorial.Con dignidad, fuerza y valentía, hombres y mujeres de los pueblos indígenas, del sector obrero, jóvenes, estudiantes y campesinos salen a exigir su derecho a la protesta pacífica y a tratar de construir, por las vías de hecho, un país que continúa resistiendo a la violencia armada y al paramilitarismo. Como cantan en las calles, ¡El pueblo no se rinde carajo! Y menos si la ciudadanía se cansó de permitir la opresión y la injusticia. Que la sabiduría milenaria de los pueblos originales permita encontrar caminos de diálogo para la transformación, se frene de manera inmediata las graves violaciones de los derechos humanos y se acompañe por parte de organismos multilaterales, a través de misiones especiales de verificación internacional en Colombia, los hechos recientes que han impulsado la movilización.Escrito por:
Maria Espinosa & Laura Rojas Escobar
Abogadas del Equipo Legal de Amazon Frontlines
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