PARO NACIONAL ECUADOR 2022

Protege el Derecho de los Pueblos Indígenas
a protestar

Desde el comienzo de la movilización nacional, la respuesta del Estado ha sido estigmatizar, reprimir y criminalizar las protestas en varias regiones del país. 

Como resultado, se han producido múltiples actos de persecución, criminalización y uso abusivo y desproporcionado de la fuerza contra decenas de líderes y manifestantes, así como la negación de libertades por parte de agentes de seguridad del Estado.

Los individuos y organizaciones de la sociedad civil firmantes pedimos con urgencia al Estado Ecuatoriano, particularmente a las instituciones de justicia, que garanticen el debido proceso y no usen de manera abusiva el derecho penal para perseguir y desalentar la labor de líderes del movimiento indígena que hoy está criminalizado por ejercer su legítimo derecho a la protesta.

Asimismo, al Presidente Guillermo Lasso y a la Fuerza Pública, les exhortamos a que respeten la movilización y el derecho a la protesta social, no hagan uso indebido de la fuerza y garanticen la independencia judicial para respetar el ejercicio de derechos a los manifestantes, y a líderes/as indígenas y defensores/as de derechos humanos, y que puedan desempeñar sus funciones tan importantes en un estado democrático y de derechos.

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¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS DE ESTE PARO NACIONAL EN ECUADOR?

El 13 de junio de 2022, el movimiento indígena en Ecuador comenzó un paro nacional indefinido para mostrar su desacuerdo con las políticas neoliberales y extractivistas del gobierno del Presidente Lasso, y para demandar que sus derechos sean respetados. 

Desde el primer día del paro, el Gobierno ha reprimido el derecho a la protesta social y ha criminalizado a los líderes indígenas, incluida la detención ilegal de Leonidas Iza, actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Iza fue detenido ilegalmente, sin orden judicial ni debido proceso. Lo retuvieron en un lugar no revelado durante 20 horas y lo obligaron a firmar documentos sin explicación, acciones del Estado que violan directamente los derechos humanos fundamentales.

“We ask to be guaranteed our Constitutional rights, the right to free, prior and informed consent, and for you [Guillermo Lasso] to honor your word against mining and oil.”
Leonidas Iza, President of Ecuador's Indigenous Movement.
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La criminalización agresiva del movimiento indígena por parte del gobierno ecuatoriano, su uso de tácticas represivas violentas contra los líderes indígenas, los participantes de la huelga y la población víctima de sus políticas condenables, es un asunto de extrema preocupación.

Aunque desde entonces Iza ha sido puesto en libertad condicional, los arrestos violentos continúan aumentando en todo el país. La CONAIE exige que se respete el derecho a la protesta, garantizado constitucionalmente, y afirma que el paro nacional continuará hasta que se cumplan las demandas del pueblo.

¡Los pueblos indígenas de todo el Ecuador están solicitando acceso a los derechos laborales, un límite en el aumento de los precios del combustible, el fin de los proyectos extractivos en sus territorios ancestrales y que se respete su derecho constitucional a protestar!

¡CONDENAMOS LA VIOLENCIA DE LASSO EN CONTRA DE LOS MANIFESTANTES Y PEDIMOS TU APOYO!

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PARO NACIONAL ECUADOR 2022

Protege el derecho de los pueblos indígenas a protestar

Los individuos y organizaciones de la sociedad civil firmantes pedimos con urgencia al Estado Ecuatoriano, particularmente a las instituciones de justicia, que garanticen el debido proceso y no usen de manera abusiva el derecho penal para perseguir y desalentar la labor de líderes del movimiento indígena que hoy está criminalizado por ejercer su legítimo derecho a la protesta.

Asimismo, al Presidente Guillermo Lasso y a la Fuerza Pública, les exhortamos a que respeten la movilización y el derecho a la protesta social, no hagan uso indebido de la fuerza y garanticen la independencia judicial para respetar el ejercicio de derechos a los manifestantes, y a líderes/as indígenas y defensores/as de derechos humanos, y que puedan desempeñar sus funciones tan importantes en un estado democrático y de derechos.

Esta movilización nacional en Ecuador inició el lunes 13 de junio de 2022, y fue convocada por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador)  y diversas organizaciones indígenas y sociales. 

La movilización está motivada por la imposición de políticas neoliberales del gobierno que ha llevado a la exacerbación de la pobreza, la disminución del presupuesto general del Estado en Salud y Educación y la reducción de políticas sociales de igualdad social, el incremento de la inseguridad y la violencia en varias zonas del país, la imposición agresiva de políticas y actividades extractivas (minería y petróleo), la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; y en general, por la falta de garantías para el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Desde el inicio de esta movilización nacional, la respuesta estatal ha sido la de estigmatizar, reprimir y criminalizar la protesta en diversos puntos del país, fruto de lo cual se han dado múltiples hechos de persecución,  uso abusivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado y privación de libertad contra dirigentes y manifestantes.

El  14 de junio de 2022, el presidente de CONAIE y líder del Movimiento Indígena ecuatoriano, Leonidas Iza Salazar, fue detenido arbitrariamente y privado de libertad por miembros de Fuerzas Armadas del Ecuador y agentes de la Policía Nacional, durante 24 horas, durante las cuales permaneció en aislamiento por más de 15 horas, desaparecido gran parte de ellas; incomunicado de su familia y abogados, retenido en instalaciones policiales o militares y sin haber sido informado de las razones de su detención. 

Pese a estas vulneraciones a sus derechos, una Jueza declaró la legalidad de su detención y se inició un proceso penal contra él por supuesta paralización de servicio público; en un claro ejemplo de criminalización y de intento de aplastar el ejercicio del derecho universal a la protesta social encarnado en el líder del Movimiento indígena.

El futuro legal de Iza sigue siendo incierto mientras espera la audiencia del 4 de julio donde los jueces determinarán su presunta responsabilidad en los actos por los que se le investiga. Es una gran preocupación que, con el ánimo de silenciar al líder indigena y desalentar al Movimiento Indígena, se abuse del derecho y se condene al Sr. Iza.  

Por ello hacemos un enfático llamado al Consejo Nacional de la Judicatura y Fiscalía General para que se garantice el debido proceso y especialmente para que se proteja el derecho constitucional a la protesta.  La criminalización de la protesta social viola los derechos de las  comunidades indígenas que intentan resistir la precarización de las condiciones de vida, el desempleo y las actividades extractivas que amenazan su salud, territorios y formas de vida.

El tratamiento que dé el actual gobierno del Ecuador a la protesta social en curso y la  resolución del caso judicial contra Leonidas Iza enviarán un claro mensaje a los territorios, al país y al mundo de si Ecuador es un país en el que se reprimen los derechos de los pueblos indígenas y del movimiento social o existe independencia judicial y se respetan sus derechos para  exigir políticas más justas e inclusivas que aseguren el bienestar de su gente y sus territorios.