Ciudad del Coca, Ecuador, 30 de junio de 2025.- Ante la falta de respuesta para impartir justicia y facilitar el diálogo intercultural en territorio con las comunas kichwas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en los ríos Coca y Napo1 en abril de 2020, alrededor de 120 personas–entre ellas, niños, niñas, mujeres y personas mayores–hicieron un plantón afuera de la Corte Provincial de Francisco de Orellana.
Para mostrar los estragos de la contaminación que persiste en el agua y en la tierra de las zonas afectadas desde hace cinco años, los demandantes llevaron agua, plantas muertas, arena y tierra como evidencias de los daños por residuos de hidrocarburos.
Esta acción responde a la reapertura del emblemático caso del derrame de petróleo ocurrido en abril de 2020, el peor desastre ambiental de la última década en la Amazonía ecuatoriana. La rotura simultánea de dos oleoductos y un poliducto (el SOTE y el OCP) provocó el vertido de más de 15.800 barriles de crudo en los ríos Coca y Napo, afectando a más de 120 mil personas, entre ellas 27 mil kichwas que habitan sus riberas. En este caso ni un solo barril fue recuperado.
Los días 19 y 20 de septiembre de 2020, durante un recorrido de inspección por seis comunidades ubicadas en las riberas de los ríos Coca y Napo1 se verificó la presencia de contaminantes como hidrocarburos policíclicos aromáticos y metales pesados como níquel, plomo y vanadio. Las sustancias encontradas en las muestras sobrepasaron la norma porque resultaron muy tóxicas para la naturaleza y para la salud de las poblaciones. El derrame de petróleo afectó la salud, la soberanía alimentaria de la población de las comunidades visitadas al haber contaminado el agua del río, los suelos, el aire, los cultivos, los animales domésticos y silvestres, es decir, a la naturaleza presente en las comunidades visitadas.
Un estudio que ha analizado 50 años de derrames petroleros en Ecuador2 destaca que los principales riesgos y efectos de los derrames de petróleo son: contacto directo con la fauna silvestre, lo que afecta la piel, las mucosas y directamente a órganos importantes como el hígado y los pulmones, además de causar la muerte directa de los animales por la contaminación del agua y daños al suelo. Los derrames de petróleo en el agua son más dañinos porque los metales pesados entran en la cadena alimentaria y se bioacumulan, y la salinidad permanece en el suelo; limita el crecimiento de las plantas y afecta a la comunidad microbiana. La contaminación del agua también es la principal vía de dispersión de contaminantes. Además, las comunidades locales expuestas a la contaminación relacionada con la industria petrolera han mostrado una mayor incidencia de cáncer, malformaciones, significativamente mayores en recién nacidos y trastornos psicológicos debido a la exposición a metales pesados.
Después de que los jueces se negaran a impartir justicia en primera y segunda instancia por considerar que no existían ya pruebas de los daños por el derrame petrolero de 2020; en noviembre de 2024, la Corte Constitucional dejó sin efecto ambas sentencias y ordenó un nuevo tratamiento judicial que incluyera un verdadero diálogo intercultural con las comunidades afectadas.
Clemente Paz, el juez de la Corte Provincial de Francisco de Orellana, designado para este caso, inicialmente dispuso realizar dicho encuentro el 30 de junio de 2025 en la ciudad de Coca. Desde el principio, el pedido reiterado de la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y las comunas kichwa fue que dicho diálogo ocurriera en su territorio, como corresponde al principio de interculturalidad. Sin embargo, esta semana el juez notificó que la diligencia se postergaría hasta el 25 de julio y sin ninguna motivación negó la solicitud de que la audiencia se realice en el territorio indígena afectado.
Otra de las peticiones de los líderes y lideresas kichwas para hacer el diálogo en el territorio es que se escuche a los demandantes en el sitio donde han vivido con los diversos y continuos impactos petroleros desde abril del 2020 y hasta la fecha, y que ponen en riesgo continuo la salud de las familias Kichwas, de los ríos, de la selva.
Los derrames petroleros no son causados por fuerza mayor, se pueden evitar, se pueden prevenir. Pese a ello las empresas OCP Ecuador S.A. y EP Petroecuador siguen sin tomar medidas de carácter preventivo y de respuesta rápida, mostrando con ello el desprecio por la vida de miles de familias y de la naturaleza, como ocurrió el pasado 16 de junio con un derrame de 3.000 barriles de petróleo en el sector del Reventador.
Dirigentes y dirigentas de comunidades, accionantes, víctimas de la contaminación, jóvenes indígenas de otras nacionalidades, defensores y defensoras de Derechos Humanos y representantes de organizaciones sociales entre ellas, Amazon Frontlines, acompañaron el llamado para exigir que el proceso judicial se apegue a los principios de debida diligencia, justicia intercultural y reparación integral.
Para conocer más sobre el caso, puede consultar el siguiente documento informativo
Contactos de prensa:
Vivian Idrovo
Alianza por los Derechos Humanos Ecuador
+593 93 928 7754
alianzaddhh.ecuador@gmail.com
Luis Andy
Presidente FCUNAE
+593 96 755 9207
Luisana Aguilar
Coordinadora nacional de prensa de Amazon Frontlines
+593 99 924 0129
luisana@amazonfrontlines.org
1 Alianza por los derechos humanos Ecuador. 2020. Informe de la inspección realizada a las comunidades afectadas por el derrame de petróleo y combustibles del 7 de abril del 2020. https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2020-10/INFORME%20DERRAME%283%29.pdf Consultado el 25 de junio de 2025.
2 Rivera-Parra, J; Vizcarra, C; Mora, K; et al. 2020. Spatial distribution of oil spills in the north eastern Ecuadorian Amazon: A comprehensive review of possible threats. Sciencie Direct, Biological Conservation, Volume 252, December 2020, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320720308788, Consultado el 30 de junio de 2025
