Tras cinco años sin respuesta, alertan riesgo inminente de que el caso sea deseleccionado por el juez constitucional Richard Ortiz el próximo viernes 18 de julio
Pastaza, Ecuador, 17 de julio de 2025.- Comunidades Waorani de Pastaza lanzaron hoy un nuevo llamado de alerta ante la alta probabilidad de que la sala de revision de la Corte Constitucional de Ecuador conformada por los jueces Richard Ortiz, Jose Luis Teran y Teresa Nuques deseleccionen el caso (1296JP-19) por el que han esperado más de cinco años para que se establezca jurisprudencia vinculante, por la violación de sus derechos al consentimiento previo, libre e informado, la autodeterminación y la protección reforzada como pueblos de reciente contacto en una situación de extrema indefensión y alta vulnerabilidad.
En 2011, el Decreto 1247 del gobierno de Ecuador buscaba impulsar la licitación de 21 bloques petroleros mediante la XI Ronda Petrolera, afectando a más de tres millones y medio de hectáreas en territorios indígenas amazónicos, principalmente en las provincias de Pastaza y Morona Santiago. En ese decreto se había declarado que el territorio Waorani de Pastaza se sobreponía con el denominado Bloque 22. Ese decreto violó los derechos a la autodeterminación y consulta previa, libre e informada, afectando además, por lo menos, a otras siete nacionalidades indígenas.
En 2019 la Corte Provincial de Pastaza sentenció que el gobierno violó el derecho a la Consulta Previa y Autodeterminación de las comunidades Waorani y advirtió que al tratarse de un pueblo de reciente contacto se deberá garantizar el consentimiento.
La Corte Constitucional seleccionó el caso en mayo de 2020 con la intención de revisar y generar jurisprudencia vinculante. Desde entonces, las comunidades Waorani de Pastaza han exigido, impulsado y esperado que la Corte se pronuncie de fondo y que, en cumplimento del principio y obligaciones de interculturalidad, garantice y genere espacios de diálogo intercultural, de autoridad a autoridad y que se recojan de manera integral los criterios y visiones de quienes han presentado esta demanda y coexisten con los territorios.
En febrero de 2025, el Juez Ortiz solicitó información a la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) respecto a varios de los derechos en discusión y sobre los parámetros en los que la Corte fundamentó la selección de esta causa en 2020.
Las organizaciones y comunidades compilaron información extensa sobre sus formas de vida, sus autoridades ancestrales y sus formas de gobierno propio. El 13 de mayo de 2025, una delegación de 120 waoranis, salieron desde la selva, su hogar, caminando y cruzando ríos para llegar hasta la Corte Constitucional y presentar sus respuestas, pues tras cinco años la Corte nunca fue a sus territorios. Aportaron elementos y argumentos de peso que evidencian la necesidad del desarrollo de jurisprudencia vinculante y estándares claros sobre los derechos a la autodeterminación y el consentimiento previo, libre e informado que, hasta el momento no existe, dejando en una situación de extrema indefensión y alta vulnerabilidad a los pueblos indígenas de reciente contacto que coexisten con los territorios en donde el gobierno nacional planea actividades extractivas.
Las comunidades esperaban una respuesta ágil por parte de la Corte; sin embargo, han transcurrido más de dos meses y el juez Richard Ortiz continúa en silencio, negándose a escuchar a las comunidades Waorani de Pastaza. Esto ocurre a pesar de las advertencias fundadas sobre el riesgo real que enfrentan estas comunidades —y otras siete nacionalidades indígenas— en cuanto a su vida y pervivencia, ante el manifiesto interés del gobierno nacional de avanzar con la explotación de hidrocarburos. La ausencia de garantías legales claras y específicas pone en grave peligro el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, reconocidos por la Constitución del Ecuador y por tratados internacionales de derechos humanos.
Del Juez Ortiz y del pleno de la Corte Constitucional, las comunidades Waorani de Pastaza esperan:
- Que resuelva con carácter prioritario el caso 1296-19-JP (Sentencia Waorani Pastaza), estableciendo jurisprudencia vinculante sobre el consentimiento libre, previo e informado que respete los derechos constitucionales y convencionales.
- Que se abstengan de resolver la presente causa sin convocar a un diálogo intercultural amplio, horizontal, genuino y cuyo protocolo y metodología sea debidamente concertado con el Consejo Awenidi y de Nee Anani Pikenani.
- Que se abstengan de resolver la presente causa con la mera mención o inclusión de estándares internacionales en la materia que no resulten progresivos y no supongan una efectiva protección de derechos y de la condición diferenciada de vulnerabilidad y riesgo cierto y fundado. Peor aún bajo la lógica de limitar los derechos en beneficio del interés superior del estado. Se le recuerda a la Corte la prohibición de disminuir o retroceder en los niveles de protección de los derechos humanos y colectivos ya alcanzados en base al principio de no regresividad como consecuencia fundamental del principio de progresividad.
- Que se abstenga de deseleccionar la presente causa ya que los criterios de selección siguen vigentes respecto de la novedad y la relevancia nacional y porque esta causa representa para la Corte y para los Pueblos Originarios de la Amazonia una oportunidad para seguir reforzando el derecho al consentimiento libre, previo e informado y su relación intrínseca e interdependiente con la autodeterminación; además de ser una valiosa oportunidad para avanzar en la definición de las competencias y procedimientos de la Corte respecto del diálogo intercultural como espacio constructivo y respetuoso.
Este caso es importante para todos los demás Pueblos y Nacionalidades de la Amazonía que defienden la vida y protegen su territorio de la destrucción y el saqueo extractivista. El desafío para la Corte Constitucional y para el juez Richard Ortiz sigue vigente y es inminente respecto de la protección integral, eficaz e idónea de los Waorani y de otros pueblos Amazónicos cuya integridad está gravemente amenazada, siendo además una oportunidad excepcional para que la Corte implemente sus propios estándares respecto de la interculturalidad, la escucha activa y la progresividad y no regresión de los derechos colectivos.
Datos de contacto:
Luisana Aguilar – Amazon Frontlines luisana@amazonfrontlines.org – +593 099 924 0129
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