Quito, Ecuador — Organizaciones de la sociedad civil y líderes indígenas han expresado su preocupación por la notificación que apunta a que la Corte Constitucional de Ecuador podría pronunciarse este jueves sobre el caso 1296-19-JP, que afecta a las comunidades waorani de Pastaza y a otras seis naciones indígenas, sin consultar adecuadamente a los pueblos indígenas. Tal decisión podría sentar un peligroso precedente, ya que socavaría aún más el derecho internacionalmente reconocido al consentimiento libre, previo e informado.

El caso, pendiente ante la Corte Constitucional desde 2020, se refiere a la impugnación por parte del gobierno ecuatoriano de un proceso de consulta petrolera de 2012 que ya había sido declarado inválido debido a graves violaciones de los derechos indígenas. En la actualidad, el gobierno está intentando llevar a cabo nuevos proyectos de extracción de petróleo en el sureste de la Amazonía sin consultar de manera significativa a los pueblos andwa, achuar, shiwiar, kichwa, shuar, sapara y waorani, a pesar del claro precedente legal que afirma su derecho a la autodeterminación.

«Este caso no trata sólo de los derechos y el territorio de los waorani, sino de la supervivencia de al menos otros seis pueblos indígenas y de la propia Amazonia», ha declarado Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines. 

«Si la Corte Constitucional emite un fallo sin diálogo y sin escuchar a los pueblos indígenas, está ignorando sus obligaciones, dándoles la espalda y enviando el mensaje de que la voz de los pueblos indígenas puede seguir ignorándose y de que sus derechos son negociables y no fundamentales».

Amazon Frontlines, organizaciones indígenas y otros aliados piden a la Corte lo siguiente: 

1. Celebrar una audiencia urgente en territorio Waorani para garantizar que las voces indígenas sean escuchadas antes de que se emita cualquier fallo.

2. Ratifique la sentencia Waorani y establezca jurisprudencia nacional para fortalecer el marco legal en torno al consentimiento libre, previo e informado.

3. Establecer normas jurídicas claras que exijan el consentimiento explícito de los indígenas para los proyectos extractivos que afecten a sus territorios, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos.

«La Amazonia se encuentra en un punto de inflexión y los pueblos indígenas han sido sus guardianes durante milenios», afirmó Nemonte Nequimo, líder indígena y miembro de la nación waorani. «Una decisión judicial tomada sin contar con nuestra opinión es una violación de nuestros derechos y una amenaza para nuestro futuro».

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