El 15 de noviembre de 2021, pocos días después de que finalizara la conferencia climática COP26, el movimiento Indígena de Ecuador recibió a jueces del tribunal más alto del país, para una audiencia histórica en lo profundo del territorio indígena amazónico, por primera vez en la historia de Ecuador. Líderes indígenas de todo el país, así como funcionarios estatales (anteriormente demandados), presentaron sus argumentos orales ante la Corte que busca sentar un precedente nacional sobre quizás, los dos derechos más importantes para la gobernanza Indígena sobre la selva tropical más grande de nuestro planeta.
Como se detalla en el comunicado publicado ayer por el Movimiento Indígena de Ecuador, el caso se refiere en primer lugar, “al derecho de los pueblos indígenas del Ecuador a decidir lo que sucede en nuestros territorios, es decir, nuestro derecho esencial a la autodeterminación y consentimiento previo, libre e informado, reconocido internacionalmente pero no así reconocido, respetado o aplicado en Ecuador”. Y segundo, “los Derechos de la Naturaleza, es decir, el derecho de los ríos, bosques, montañas y animales a existir sin amenazas, contaminación o destrucción”. Con el 70% de la Amazonía ecuatoriana en manos indígenas, y un nuevo presidente, exbanquero y conservador que promete duplicar la producción de petróleo y expandir rápidamente la minería en la Amazonía, este fallo podría determinar el futuro.
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Esta importante audiencia tuvo lugar en la comunidad A’i Cofan de Sinangoe, cuya victoria en el 2018 frente a un tribunal, canceló 52 concesiones de extracción de oro a lo largo de una de las cuencas acuíferas amazónicas más importantes del país. Los A’i Cofán, un grupo indígena conocido por sus habilidades de sanación, de navegación fluvial y administración de uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en Ecuador, acogió a cientos de líderes indígenas, ancianos y jóvenes de todo el país con un claro mensaje: “Nuestro territorio es la base de nuestra propia existencia y como pueblos ancestrales tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro y nuestros territorios”.
Los A’i Cofán de Sinangoe son una nación de pescadores, cazadores y recolectores, íntimamente conectados con su territorio y conocidos como grandes curanderos de la ayahuasca.
Su territorio es de 63.775 hectáreas de bosque primario, donde viven jaguares, osos andinos y tapires. “nuestros espíritus y la ‘gente invisible’ viven también allí, es donde reside nuestra identidad como Pueblo y solo allí se puede vivir, pensar y ser A’i Cofán”.
Cinco de los nueve jueces de la Corte cruzaron el río Aguarico y participaron en una ceremonia tradicional de armonización antes de conectarse vía internet satelital, e iniciar la audiencia de forma oficial. De parte del Estado ecuatoriano, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables estuvo presente en Sinangoe para defender la extracción de metales y petróleo en territorios indígenas para promover “la riqueza y el progreso de todos”. Otros Ministerios, como el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, participaron en la audiencia en línea.
Líderes de todo el país, especialmente de la Amazonía, viajaron a la audiencia para presentar un frente unificado contra el extractivismo en sus territorios sin su consentimiento. Los líderes indígenas presentaron escritos y testimonios ante la Corte, detallando una larga y sistemática historia de violaciones de derechos.
Wider Gauramag, coordinador de la guardia indígena de Sinangoe en la foto de arriba en coordinación con la escolta policial de la Corte, explicó a los jueces que “como pueblos ancestrales de estos territorios, como pueblos milenarios, tenemos derecho a ser consultados, pero también que nuestro consentimiento sea el objetivo último de esa consulta. Si decimos que sí, así será, si decimos que no, eso significa que no. Nosotros defendemos la vida, defendemos nuestro territorio”.
Los niños de la comunidad entregaron dibujos y cartas a los jueces como evidencia. Tayra Narváez, una niña A’i Cofán de 12 años, dijo a los jueces: “Quiero que nos escuchen porque a los niños este territorio nos lo da todo y somos felices. Necesitamos que cuiden nuestro territorio, para que podamos vivir sin minería y sin contaminación”.
Ecuador se convirtió en el primer país en consagrar los Derechos de la Naturaleza dentro de su Constitución en el año 2008, dando a los ciudadanos la posibilidad de demandar en nombre de árboles, ríos o animales. Este caso presenta una oportunidad para que la Corte Constitucional reconozca, entre otras cosas, cómo los derechos de un ecosistema fluvial frágil triunfan sobre los planes gubernamentales de minería o petróleo que podrían destruir ese río.
La abogada A’i Cofán de, María Espinosa, de Amazon Frontlines, argumentó ante la Corte que el historial de violaciones sistemáticas de derechos de parte del gobierno muestra que “la práctica actual de consultar a las comunidades indígenas frente a proyectos extractivos, pero sin reconocer su derecho a decir “no” viola sus derechos a la autodeterminación” Y pone a muchos en riesgo de exterminio físico y cultural.
Como dice ayer el comunicado publicado ayer por la comunidad Sinangoe y el Movimiento Indígena de Ecuador, “La resolución de este caso por parte de la Corte Constitucional es urgente y sumamente importante para el momento en que se encuentra Ecuador y el planeta. La audiencia se llevó a cabo días después de que los líderes mundiales firmaran acuerdos para enfrentar el cambio climático, y detener la deforestación en la COP26 en Glasgow, y meses después de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, prometiera duplicar la extracción de petróleo y expandir rápidamente la actividad minera en la Amazonía, a través de los Decretos Presidenciales 95 y 151. (que fueron recientemente impugnados por los pueblos indígenas en la Corte)”.
“Los pueblos indígenas cuidan el 70% de la Amazonía ecuatoriana, casi 7 millones de hectáreas de la selva tropical más importante del planeta. La deforestación de solo una hectárea de nuestros territorios representaría las emisiones de carbono equivalentes a 160 automóviles durante todo un año. No es posible enfrentar el cambio climático sin la Amazonía, y no es posible proteger la Amazonía sin nosotros, los pueblos indígenas, y sin garantizar nuestros derechos”.
Cuando los jueces interrumpieron la audiencia, los líderes indígenas tomaron medidas inmediatas, instalando una Asamblea General en el lugar para seguir escuchando los testimonios. La Asamblea resolvió mantenerse en vigilancia constante hasta que la Corte publique un fallo, y exhortó al gobierno nacional a congelar todas las concesiones o licencias futuras para las industrias extractivas hasta que la Corte decida.
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