En la mañana de este miércoles, 16 de septiembre de 2020, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos suspendió por quinta vez la audiencia de apelación por el caso Mecheros, alegando que no se ha ratificado por escrito la participación de las y los abogados de las nueve niñas demandantes. A pesar de que las accionantes se encontraban presentes en la audiencia y a viva voz indicaban quienes ejercían su defensa técnica, ésta fue suspendida por el juez ponente Wilmer Suarez, quien dispuso que en el término de 72 horas las accionantes indiquen a la Corte, quien ejercerá la defensa técnica para cada accionante.
En la audiencia pública y oral que estaba prevista instalarse a las 10:30 de la mañana, se encontraban las nueve niñas accionantes, con sus representantes legales y defensa técnica. Esto permitía que las accionantes validen de forma oral la comparecencia de sus abogados dentro de la audiencia. De hecho, por tratarse de una acción de protección, las accionantes podrían comparecer sin abogados o abogadas, tal como lo faculta el literal c, del Art. 86 de la Constitución de la República. Sin embargo, sin que exista una motivación apegada a derecho, optó por suspender la audiencia de forma indefinida.
Estos retrasos injustificados no son nuevos en este caso, recordemos, que el día 25 de agosto del 2020, el mismo Juez dispuso: “En virtud de contar con un gran número de AMICUS CURIAE y para la revisión de la mismos se difiere la audiencia para el día Miércoles 16 de septiembre del 2020 a las 10h30 a fin de que se lleve a cabo la audiencia Oral, Pública y Contradictoria”.
Para el señor Donald Moncayo, padre de una de las niñas accionantes, lo que ocurre en esta acción es una total burla a las niñas accionantes y a la sociedad de Orellana y Sucumbíos. “Recordemos que existen más de 447 mecheros contaminando nuestra agua, nuestro aire, los cultivos, de forma permanente. Aquí tenemos un doble hecho de violación de derechos Humanos. En primer lugar, el Estado y las empresas petroleras violan nuestros derechos al destruir nuestros elementos de vida; luego violan nuestro derecho al dejarnos sin acceso a la justicia”, enfatizó el señor Moncayo.
Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación por la violación de derechos, pues una acción de protección es un recurso legal que debería actuar con celeridad, mucho más aún cuando tres padres de familia de las nueve niñas padecen diferentes tipos de cáncer. Los casos de cáncer se desbordan en Orellana y Sucumbíos. La Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco (UDAPT) conjuntamente con la Clínica Ambiental, en dos años, han registrado más de 230 casos de cáncer, más del 70% de ellos se producen en mujeres, lo que demuestra que, si las accionantes no encuentran justicia hoy, posiblemente mañana algunas de ellas sean las siguientes víctimas del cáncer.
La presente acción de protección fue presentada en febrero de 2020, donde nueve niñas y sus familiares demandaron al Estado ecuatoriano por autorizar a las empresas petroleras la quema de gases derivados de la explotación, sin precautelar la vida humana y los derechos de la naturaleza. Durante el proceso judicial, se conoció que existen un total de 305 plataformas petroleras con 447 mecheros, de los cuales 351 están activos y que Petroamazonas EP tiene bajo su responsabilidad 78% de los mecheros mapeados y el 80% de aquellos de los activos.
Todos estos casos reflejan la falta de independencia del sistema judicial que se vive en el Ecuador, donde la naturaleza, los pueblos indígenas, niñas y niños por campesinos, quedan sin acceso a la justicia. Existe un estado de desprotección e impunidad por parte del sistema de justicia en relación a la agresión que comete el Estado ecuatoriano y las empresas petroleras frente las comunidades afectadas.
Lo que ocurre con la acción de protección del caso Mecheros, no es aislado a lo que ocurre con otras acciones de protección que tienen que ver con el Estado y empresas petroleras. Esta situación ya ocurrió en días pasados, en la demanda del derrame en la zona de los ríos Coca y Napo. Este proceso tardó en resolverse más de 100 días y fue resuelto a favor del Estado y las empresas OCP y Petroecuador EP.
Ante esto, exhortamos al Tribunal Provincial de Sucumbíos a cumplir con el debido proceso y hacemos un llamado urgente a las organizaciones sociales a nivel internacional a vigilar el desarrollo de este proceso que parecería continuar con la impunidad sistemática. Adicionalmente, solicitamos a la Defensoría del Pueblo vigilar el desarrollo del proceso, dado que la justicia que se establece en función de los intereses de las empresas y se retarda, no es justicia.
Contacto: Pablo Fajardo +593 99 397 7811
