PRONUNCIAMIENTO
El presidente Guillermo Lasso emitió los decretos ejecutivos 95 y 151 -el 07 de julio y el 5 de agosto de 2021, respectivamente-, los cuales oficializan la entrada en vigencia de los planes de acción inmediata para generar transformaciones profundas de la política petrolera y minera en Ecuador. Estos documentos han despertado nuestra preocupación por la vulneración de nuestros derechos esenciales de participación en las decisiones que puedan afectarnos y por los riesgos ante daños graves e irreparables derivados de la ampliación de la frontera extractiva al no tomar en cuenta los conflictos sociales existentes, así como las sentencias y directrices previas que han declarado al Estado ecuatoriano como responsable por la afectación de los derechos colectivos tanto en el sistema de justicia nacional como en organismos multilaterales con quienes este país mantiene compromisos y obligaciones, tales como el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos.
El Decreto 95, con una narrativa maniquea, protege los intereses del sector privado y las entidades financieras, y propone una “transición” en la que el control y el manejo de los sectores estratégicos pasan de las manos del Estado a las empresas transnacionales. Este traspaso implica que el Ejecutivo revise, acelere y flexibilice varios procesos habilitantes que autorizan la licitación y/o concesión de bloques petroleros, y viabiliza varios cambios normativos que evaden el marco constitucional en la garantía de derechos y la soberanía en la administración de los recursos. Asimismo, observamos con gran preocupación que el decreto que está en marcha implica una grave afectación a los ingresos fiscales del Estado, en desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Además, impone un modelo de contratos de participación que aseguran las ganancias a las empresas, y traslada el costo de los riesgos al Estado y, por supuesto, a nosotros: quienes habitamos estos territorios.
El Decreto 151, por su parte, pretende de manera engañosa, posicionar al país como un atractivo de inversión minera. En el mismo sentido, se establece una narrativa que promociona la minería como el camino hacia el desarrollo y la alternativa para la superación de la crisis económica que estamos atravesando. Esto nos preocupa sobre manera, porque varias de nuestras organizaciones de base han declarado sus territorios libres de minería. No queremos que está nueva intención de la política minera sea un justificativo para incrementar los ataques y la estigmatización a las personas que se oponen a la actividad minera. Asimismo, este documento propone la revisión y la aceleración de los procesos en curso de licencias ambientales y sociales de concesiones mineras y cambios de las condiciones contractuales entre las partes, que debilitan la posición del Estado, y extiende facilidades para que las empresas puedan operar libremente.
Ambos decretos habilitan los canales institucionales para expandir el extractivismo, y se omite explicar la forma en la que se van a garantizar los derechos de la naturaleza, humanos y colectivos de los pueblos indígenas y de defensores y defensoras ambientales que actualmente están criminalizados. De allí que los compromisos ambientales firmados por Lasso en la campaña política constituyen una mentira más para los pueblos indígenas. A través de estos documentos, el Estado incumple sus compromisos, ante sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el Acuerdo de Escazú, que entró recientemente en vigencia.
Señor Guillermo Lasso, le recordamos que los ministerios no deben ser mediaciones institucionales que estén al servicio de las empresas de extracción petrolera y minera. Todo lo contrario, el aparataje estatal debe estar abocado a la protección de los intereses colectivos de la población, los derechos humanos, derechos colectivos y de la naturaleza.
Actualmente, tanto los bloques petroleros como el catastro minero afectan a la mayoría de nuestros territorios. Así, la afectación será mayor de existir una ampliación. Estos vulneran tanto el derecho a decidir nuestros procesos de desarrollo económico, social y cultural como la relación esencial con nuestros territorios ancestrales, sobre la cual se basa nuestra supervivencia física y cultural. Esto nunca ha sido comprendido ni respetado por ningún gobierno ecuatoriano y afecta nuestra forma de vida y el futuro de nuestros Pueblos y Nacionalidades. Con ello, el anuncio de aumentar la producción petrolera y minera implica la continuidad y profundización de estas prácticas. Por tanto, recae bajo la responsabilidad del señor Guillermo Lasso y su gabinete la decisión de promover el etnocidio y exterminio de los pueblos indígenas que habitan en Ecuador.
En ese mismo sentido, la emisión de los decretos vulnera nuestro derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado frente a cualquier decisión, normativa o administrativa, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas y Americana sobre derechos de los Pueblos Indígenas y en la Constitución de 2008, en el artículo 57 numerales 7 y 17; y ratificados por la Corte Constitucional del Ecuador. Asimismo, recordamos que el Estado ecuatoriano ha sido declarado responsable tanto por los tribunales nacionales (Cortes Provinciales y Corte Constitucional) como por los tribunales internacionales (Corte Interamericana) por vulnerar ese derecho fundamental, piedra angular para el ejercicio del resto de nuestros derechos, especialmente la libre determinación, la decisión propia sobre nuestros procesos de desarrollo y la participación en procesos o decisiones estatales de cualquier tipo que puedan afectarnos. Además, incumplen con sus obligaciones internacionales derivadas de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y los múltiples instrumentos en materia de derechos humanos, que llaman a suspender las actividades extractivas para combatir el cambio climático, cuyos efectos son irreversibles.
Por tanto, es incompresible cómo el actual Gobierno impulsa estos decretos, más aún cuando la Agencia Internacional de Energía planteó en su último reporte la urgencia de detener la producción de materiales fósiles en la Amazonía, dado que nos encontramos en un punto de inflexión que define el destino de la humanidad. Este tipo de políticas son tan descabelladas frente a los hallazgos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que declaró que la emergencia climática sólo puede mitigarse si se toman decisiones urgentes desde los Estados para detener el calentamiento global, entre ellas, la más urgente es el abandono rápido de la producción de combustibles fósiles y los vectores de deforestación y contaminación, como la minería.
Denunciamos que la intención del régimen es impulsar la estrategia de las empresas petroleras y mineras, quienes buscan contar con facilidades para realizar intromisiones arbitrarias en nuestros territorios. Con la emisión de dichos decretos, retornamos a la apertura neoliberal de los años 70´s y 80´s, mismas que dejaron graves afectaciones en los territorios, como en el caso Chevron-Texaco (evidentes hasta la fecha). Desde entonces, se ha promovido la falsa promesa de desarrollo basada en el extractivismo, pero que, hasta el momento, no ha llegado. Son nuestras poblaciones amazónicas las más pobres del país, con los índices más bajos de satisfacción de necesidades y acceso a servicios básicos. No obstante, ante estos crímenes ambientales y sociales, producto de los abusos corporativos, el Gobierno insiste en violar la Constitución y cambiar las reglas del juego sobre los mecanismos de resolución de conflictos y controversias, admitiendo la inclusión del país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y otros mecanismos de arbitraje internacional.
Además, frente a la intención de generar una normativa específica que regule las obligaciones estatales para garantizar el derecho a la consulta y consentimiento previo, le recordamos y demandamos al Presidente de la República y a su gabinete acogerse a las Resoluciones de CONFENIAE sobre garantías en el ejercicio del Derecho de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado de los Pueblos y Nacionalidades Amazónicos, construida desde un proceso participativo entre los pueblos amazónicos, el pasado 6 de abril de 2021.
En base a ello, cobijados en el principio de unidad, las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento rechazamos las intenciones del gobierno nacional y estamos dispuestos a continuar con las acciones de lucha, resistencia, gobernanza y control territorial. Acciones que históricamente hemos ejercido, y que son necesarias para proteger la vida y la integridad de nuestros territorios.
Esta declaración se publicó el 19 de agosto de 2021.
