La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador presentó el informe: “Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador: Retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección”. Este documento fue entregado a las autoridades del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y de la Defensoría del Pueblo por parte de las defensoras Josefina Tunki, Gabriela Fraga, Carlos Jipa, Elizabeth Durazno y María Espinosa, cuyos casos están incluidos en el reporte. De igual forma, la ciudadanía tendrá libre acceso al mismo.
El informe identifica patrones de vulneración de derechos de las personas defensoras y llama a las autoridades a tomar acciones concretas de prevención, protección, reparación y no repetición de los casos registrados o de situaciones similares. Así, este reporte también es un insumo que aporta a la construcción de la política que busca garantizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza, desarrollada desde 2019, por la Mesa interinstitucional presidida por por la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
El Estado debe implementar mejores prácticas para cumplir con los deberes de respeto y garantía de derechos, tal como señalan el artículo 3 de la Constitución del Ecuador y el artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Este tratado internacional incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
En este sentido, el informe también hace un llamado a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo a evaluar políticas y proyectos que han sido denunciados por ser restrictivos de derechos, como los proyectos de Ley sobre el Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de la Fuerza o aquellos que pretenden regular el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado sin la participación de las estructuras organizativas de los pueblos y nacionalidades.
El reporte es producto del trabajo colectivo de las 18 organizaciones que conforman la Alianza y dos más que aportaron en su desarrollo . Además, se construyó sobre la base de 22 casos, visibilizando la situación de 449 personas defensoras amenazadas, hostigadas y perseguidas sistemáticamente,e incluso se registran 3 asesinatos impunes.
Una de las preocupaciones más relevantes de las organizaciones es la participación o complicidad del Estado con las empresas que violan derechos. Asimismo, y que la mayoría de casos están localizados en zonas distantes geográficamente y marginadas por el Estado. Esto revela que, adicional a las amenazas sistemáticas a su integridad, la vida de las personas defensoras está siendo vulnerada por otras entidades estatales.
La lideresa del pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki, enfrenta amenazas de muerte por su trabajo contra la minería en su territorio, Amazonía ecuatoriana. Foto Lluvia Comunicación
Las guardias indígenas Kofan y Siona enfrentan la estigmatización de su legítimo trabajo en defensa de su territorio y cultura.
Los líderes indígenas enfrentan procesos penales como resultado de su participación en las protestas nacionales contra las políticas neoliberales del gobierno ecuatoriano en 2019. Foto Cortesia Ivan Castaneira
La comunidad afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier enfrenta una violenta represión por su resistencia a los intereses de la agroindustria. Foto cortesía de Ivan Castaneira / Agencia
A la entrega de este reporte, también incluímos la “Declaración en Defensa de los Derechos Humanos de las ecuatorianas y ecuatorianos, de los pueblos, nacionalidades y de la naturaleza”, documento publicado el 25 de mayo del 2021. Esta Declaración se compone de 10 tesis, en la cual se resalta la defensa a derechos fundamentales como: salud, educación, discriminación, violencia de género, trabajo digno y remunerado, el derecho a vivir en un ambiente sano, entre otros.
Hacemos un llamado a la ciudadanía a observar con empatía las acciones y protecciones en el rol de las y los defensores, quienes luchan en medio de entornos hostiles por defender los territorios en los que habitan y de los que dependemos también quienes vivimos en contextos urbanos. Es importante que las voces y las miradas de la sociedad civil se unan también a esta exigencia para que el Estado preste todas las garantías necesarias para que las personas defensoras puedan desarrollar su labor en contextos seguros. Instamos a la construcción de una cultura de paz, de respeto, de protección y de garantía de derechos humanos, donde todas y todos podamos realizar nuestro proyecto de vida en armonía con la naturaleza.
Intervenciones:
Josefina Tunki – Presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA)
“Nuestra organización hoy enfrenta una gran persecución que no termina. Esto es peligroso no solo por la contaminación generada por las actividades mineras en nuestro territorio, sino por la división de las familias producida por las empresas. El 06 de diciembre, recibí una grave amenaza de parte del vicepresidente de operaciones de Solaris, Federico Velásquez. Esta empresa Solaris es concesionaria y se adueñó de 26 bloques de terreno del centro Warints. Él me dijo que si seguimos con denuncias nacionales e internacionales degollará una de nuestras cabezas. El día 02 de junio, a las 19h30, mi persona y el conductor del PSHA miramos como un drone se acercó a la oficina de contabilidad, en la que ambos estábamos. También, a través de varias personas de confianza, se nos ha dicho que debemos cuidarnos porque de Soldgold, EcuaSolidus y Solaris nos buscan. El gobierno debe escucharnos. Nosotros, como pueblos originarios, hemos dicho que no queremos ser consultados y que las empresas deben dejar nuestro territorio. Defendemos nuestro territorio porque es nuestro patrimonio territorial. No hay otros espacios más para vivir. Luchamos para el buen vivir de nuestros nietos. Exigimos que se respete nuestra iniciativa de autodeterminación y nuestra vida”.
Carlos Jipa – Presidente de la F.C.U.N.A.E.
“Mientras pedimos justicia por una vida digna, el juez que nos negó la acción de protección por las afectaciones del derrame nos acusa de hacer un mensaje en el que se dice que se le aplicará justicia indígena por esta sentencia. Por desconocimiento o mala fe, considerar a la justicia indígena como una amenaza es un acto discriminatorio hacia nuestras prácticas ancestrales. Lo que buscamos con la justicia indígena es iniciar un proceso de sanación con la persona que se ha equivocado, en ningún momento esto representa una amenaza o intimidación a terceras personas. Las nacionalidades de Orellana estamos cansados de tanto atropello, continuaremos esta lucha hasta las últimas consecuencias”.
Elizabeth Durazno- Defensora y habitante de la comunidad de Molleturo.
“A Río Blanco ingresaron en 1995, en los años de Rafael Correa, se envió a militares al territorio, no se han respetado nuestros derechos. Han generado daño ambiental y división de nuestras comunidades. Nosotros decidimos seguir con la resistencia adelante y no vamos a permitir que nadie violente nuestros derechos. Seguiremos tejiendo solidaridad junto a las y los Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza de todo el mundo.”
Gabriela Fraga – Defensora y habitante de la Parroquia de la Merced de Buenos Aires
“En días recientes, me llegó una nueva citación. La criminalización es totalmente indignante e injusta. Sabemos que todo esto lo hacen como una forma de amedrentar y deslegitimar la lucha porque quieren mantenernos “entretenidos” en nuestra defensa. Es un desgaste económico para la población que no tiene recursos; para las situaciones como la rendición de versiones libres y voluntarias tenemos que realizar actividades como el bingo y hornados solidarios para poder pagar la defensa”.
Sofía Jarrín – Asesora de Incidencia de Amazon Watch, organización de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos:
“Atender la situación de las personas defensoras en Ecuador es urgente. No es posible que en el país no exista ningún tipo de garantía para la protección para quienes buscan defender derechos y detener los abusos de poder. También es imperdonable que los ataques contra 449 defensoras y defensores queden en la impunidad. Por ello, queremos construir una sociedad más democrática y contar con entornos seguros para la exigibilidad de derechos. Este es el primer paso”.
María Espinosa – Defensora de Derechos Humanos, Abogada de Amazon Frontlines y parte del equipo jurídico de la Alianza
“Quienes defendemos derechos humanos defendemos vida digna y nos enfrentamos contra quienes abusan del poder; empresas extractivas, funcionarios públicos miembros de fuerza pública que mediante la fuerza, la coacción o el abuso del derecho pretenden imponer sus agendas, socavar derechos o desconocer sus obligaciones, nuestro ejercicio de defensa siempre les va a incomodar y va a interpelar su ilegitimo autoritarismo eso nos pone en riesgo y por ello el Estado tiene la obligación concreta y urgente de garantizar y proteger nuestra labor; eso incluye abstenerse de usar de manera indebida el derecho penal, acciones de estigmatización y discriminacion y acoso a través del uso fuerza pública o de particulares con el ánimo de disuadir o desalentar nuestra labor”.
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