La “Alegría” que no llega: la deuda del Estado ecuatoriano con la educación en Sinangoe

La “Alegría” que no llega: la deuda del Estado ecuatoriano con la educación en Sinangoe

Por Erika Narváez, mujer indígena A’i Cofán de Sinangoe

Nací y crecí en la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, ubicada en la provincia de Sucumbíos, cantón Gonzalo Pizarro, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, donde la selva nos enseña a vivir y a cuidarla. Aquí, el río es nuestra carretera, el monte nuestro supermercado y la comunidad nuestra fortaleza. Pero también aquí, en medio de tanta riqueza natural, a nuestros niños y niñas les han negado un derecho tan básico como una escuela.

Han pasado seis años desde que empezamos esta lucha, inmediatamente después de que la escuelita Río Cofanes quedara inhabilitada, en 2019, por la erosión regresiva del Río Aguarico, que se llevó parte de las canchas y de la infraestructura, convirtiéndose en un riesgo para nuestros niños y niñas. Hemos caminado y enviado cartas al Distrito de educación de Cascales, a la UNESCO, hemos viajado hasta el Ministerio de Educación en Quito, recibimos promesas y más promesas, también excusas, tras más excusas. 

El tiempo fue pasando y la paciencia agotándose. El 10 julio de 2024 demandamos al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe – SEIBE, ante el Juzgado de Lumbaqui. Un mes después, el 14 de agosto de 2024, la justicia nos dio la razón: una sentencia clara ordenó al Estado construir la escuela de acuerdo a nuestras necesidades. La celebramos con lágrimas y abrazos, porque pensábamos que la espera había terminado.

Pero para los pueblos indígenas las sentencias parecen ser solo papel. Un año después, nada ha cambiado. Nuestros hijos siguen estudiando en casas comunales improvisadas, en bodegas, en la cancha, en una pequeña construcción de la Asociación de Mujeres Shame’cco. Lugares que no fueron hechos para aprender, sino para resistir mediante el trabajo comunitario.

Los niños terminaron otro año escolar sin espacios de aprendizaje. Algunos ya han crecido sin conocer lo que es una escuela propia. Otros, para continuar sus estudios en la secundaria, deben salir en canoa y luego viajar en carro hasta otros colegios lejos de casa. Ese trayecto no es solo cansado y costoso: también los expone a peligros y les arranca horas de su infancia.

Como mujer de esta comunidad, me duele ver cómo ellos sienten esa falta. Ellos marcharon junto a nosotros, escucharon nuestras reuniones, aprendieron a alzar la voz. Y hoy, en sus palabras, hay tristeza y enojo. Se sienten abandonados por las autoridades, discriminados al ver en su camino en la carretera, cómo otros niños y niñas tienen aulas, canchas y materiales, mientras ellos estudian en espacios prestados. Cuando llegan a otros colegios y ven instalaciones completas, sienten en carne propia lo que significa ser considerados invisibles.

Pero nosotros, como comunidad, no hemos dejado que esa herida crezca sin respuesta. Creamos Semilleros de Guardia, donde los mayores enseñamos medicina tradicional, historias, artesanías y los valores de nuestra cultura a los niños y sobre la guardia indígena. Allí, nuestros hijos aprenden lo que no está en los libros, pero que les pertenece por herencia. Sin embargo, esto no reemplaza el derecho que tienen a una educación formal, de calidad y en un espacio digno.

El Ministerio de Educación envía documentos diciendo que ha apoyado con libros, mesas o muebles. Pero la verdad es que eso nunca llegó en la forma que necesitamos. No queremos parches, queremos la escuela que la justicia ordenó construir. El incumplimiento no es solo una falta administrativa: es una violación directa al derecho a la educación y una muestra de abandono estatal a las comunidades indígenas.

Señora Ministra Alegría Crespo: la sentencia no es una sugerencia. Es un mandato que usted tiene la obligación de cumplir. Y no nos diga que es imposible porque ahora dirige no solo Educación, sino también Cultura, Deporte y Educación Superior. Si no puede garantizar el derecho básico a la educación de una comunidad como la nuestra, ¿cómo podemos confiar en que podrá manejar algo más grande?

Se acerca un acto de disculpas públicas en Sinangoe. Pero no necesitamos disculpas vacías. Necesitamos que vengan con el presupuesto listo, con la fecha de inicio de la obra, con la primera piedra preparada para colocarla en nuestro territorio. Una disculpa sin compromiso real es una burla.

Nosotros pedimos que venga usted misma, Ministra Alegría Crespo, no un delegado. Porque sabemos que los delegados escuchan, toman notas y luego “van a conversar” con sus superiores. Y el tiempo sigue corriendo. Usted, como máxima autoridad, tiene la capacidad y la responsabilidad de ejecutar. No nos conformamos con intermediarios.

Nuestros niños merecen lo mismo que cualquier niño en Quito, en Guayaquil o en cualquier ciudad: un lugar donde aprender y crecer sin sentir que su origen es una desventaja. Como pueblo A’i Cofán, queremos que la educación que reciban esté enraizada en nuestra cultura y también abierta al mundo. Queremos que puedan soñar sin tener que abandonar su identidad.

Hoy, lo que pedimos no es caridad, es justicia. No es un favor, es un derecho. Hemos demostrado que sabemos defendernos en las cortes, en las calles y en la selva. Pero no deberíamos tener que seguir luchando año tras año por algo que la Constitución y la ley ya reconocen.

En nombre de las familias de Sinangoe, le digo: ponga la mano en el pecho, cumpla con la sentencia y haga que esta historia deje de ser una denuncia y se convierta en un ejemplo de cómo el Estado puede escuchar y actuar. Porque si la educación es realmente la base del desarrollo, entonces no hay excusa para que siga siendo un privilegio reservado a unos y negado a otros.

Nuestros hijos no pueden seguir esperando. La selva nos enseña que todo tiene su tiempo. Pero este tiempo, el de la infancia, no se recupera. Y cada año que pasa sin una escuela es una oportunidad que se pierde para siempre.

Que la historia recuerde que Sinangoe no se rindió. Y que, algún día, recuerde también que el Estado tuvo la dignidad de cumplir con su palabra.