Han pasado 280 días desde que se emitió la sentencia que declaró la violación del derecho a la educación, a los niños y niñas de la comundiad A’i Cofán de Sinangoe en en norte de la Amazonía ecuatoriana, por parte del Ministerio de Educación de Ecuador y la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y de Etnoeducación (SEIBE). También declaró la violación del derecho a la no discriminación, a la dignidad y diversidad de culturas, tradiciones y aspiraciones y a la libre autodeterminación.
Sin embargo, ninguna de las medidas dispuestas por el Juez de Lumbaqui en julio de 2024 han sido cumplidas, perpetuando la violación a los derechos de los niños y niñas de la comunidad de Sinangoe. De nuevo, comenzarán un nuevo período escolar sin un lugar apropiado para recibir sus clases.
A pesar del abandono del Estado, las niñas y niños persisten en su lucha incansable. Han presentado propuestas de ambientes de aprendizaje. Han cruzado ríos para pararse frente a la Corte Provincial de Sucumbios y exigir ser escuchados. Han enviado cartas a los jueces y a la comunidad internacional y aún, desde su territorio vivo, desde su hogar y desde una escuela en ruinas, siguen buscando justicia. No solo desean un espacio para estudiar, exigen una educación propia: poder crecer como A’i Cofán, ser felices y vivir en armonía con su territorio y tradiciones. Por esto, siguen desarrollando su modelo de educación a pesar de las condiciones inadecuadas que enfrentan, debido a la inacción del gobierno.
“Hace seis años se nos derrumbó la escuelita y nosotros no podíamos jugar, y después los padres de familia y la comunidad nos trajeron a la cancha cubierta, y es abierta y cuando llovía hacía mucho frío y se mojaba el pizarrón y las hojas de los cuadernos y no podíamos estudiar; después nos prestaron una casa en donde entrábamos todos los grados y cuando había sol daba mucho calor, el agua entraba por los huecos del zinc, y se dañan las hojas, nosotros tenemos derecho a espacios de aprendizaje.”
– Melany Mayli Guaramag Hernández, 12 años, niña accionante
En julio de 2024, el juez de Lumbaqui, José Sacancela, admitió la acción de protección, interpuesta por los niños, niñas, madres, padres y miembros de la comunidad accionantes, que exigía al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y de Etnoeducación (SEIBE), el respeto, protección y cumplimiento del derecho a la educación de 59 niños y niñas que perdieron gran parte de la infraestructura del Centro Educativo Río Cofanes por la erosión del río Aguarico en 2019 y quienes, hasta el día de hoy, han tenido que recibir sus clases en una cancha cubierta, una sala comunal y bodegas soportando condiciones indignas y adversidades climáticas.
En dicha sentencia, la corte exigió, tanto el Ministerio de Educación como SEIBE, que cumplan ciertas medidas de reparación, en un plazo de sesenta días, dentro de las que se encontraban:
- que las entidades declaradas culpables realicen las acciones administrativas necesarias para atender la petición realizada por la comunidad respecto de la construcción de su escuela;
- un proceso de concertación intercultural para definir los elementos técnicos, pedagógicos, lingüísticos y arquitectónicos de la nueva escuela, respetando el derecho a la educación propia y a la autodeterminación;
- Adaptación del currículo con ajustes curriculares y pedagógicos con participación de docentes, comunidad y autoridades ancestrales, para garantizar una educación con pertinencia cultural;
- disculpas públicas en castellano y A’ingae (idioma A’i Cofán), en un acto comunitario en Sinangoe;
- coloquen una placa en la entrada principal de la escuela, al reconocimiento de los niños por la educación “A la lucha de los niños de la Comunidad A’i Cofán Sinangoe”. De la misma manera, mientras se construía la escuela, debían
- habilitar y adecuar los espacios comunitarios (como la cancha o la casa comunal) para que cumplieran las condiciones de salubridad, seguridad y dignidad.
Pasaron sesenta días sin que el Ministerio y SEIBE respondieran a alguna de las medidas dictadas, pero no más de un mes en que el Ministerio de Educación presentara un recurso de apelación. En este, el Ministerio alegó que no compartía la sentencia de primera instancia, argumentando que “la violación de derechos que se describen en la sentencia es totalmente falsa (..)”, sosteniendo que “El Ministerio ha enviado maestros, ha entregado uniformes y libros” e intentando desacreditar la acción de protección acusando que “no se puede permitir que se pidan obras públicas (como escuelas o carreteras) usando acciones de protección. Eso no es el fin de esa garantía constitucional”. Así mismo, decidieron dar por sentado que el recurso de apelación suspendía las obligaciones dictadas en sentencia, cuando en realidad siguen latentes como obligación del Estado.
Ante los argumentos del Ministerio, Francis Andrade, abogada de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y defensora de derechos humanos de Amazon Frontlines , manifiesta:
“[E]l fin de una garantía constitucional es proteger y garantizar derechos humanos, y la realidad de los niños y niñas A´i Cofán, busca que el estado cumpla con su obligación de amparo directo y eficaz de los derechos de los niños y niñas; mediante el cumplimiento de la obligación constitucional de garantizar el interés superior de la niñez, conforme lo indica el artículo 44 de la Constitución; considerando que merecen una protección especial y reforzada, porque además de ser niños, hacen parte de la Comunidad Indígena A’i Cofán de Sinangoe, una población que se encuentra en situación de discriminacion estructural”.
En septiembre de ese mismo año, la Dirección Distrital de Educación se comprometió a entregar materiales como pupitres e insumos escolares para el Centro Educativo Río Cofanes. Sin embargo, informó a la comunidad que debían acercarse con un camión a retirar los insumos de sus instalaciones, argumentando que no contaban con transporte. Esta condición fue rechazada por la comunidad; la entrega es una responsabilidad estatal que no puede trasladarse a las familias ni condicionar el acceso al derecho a la educación. Posteriormente, indicaron que “los materiales que la Dirección dispone” serían enviados a la docente encargada, trasladando sobre ella la gestión y la coordinación de la entrega.
Esta fue solo una muestra más de una cadena de incumplimientos. Semanas antes, la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos había realizado una inspección en la que constató la falta de condiciones dignas para el desarrollo de una educación propia. Impulsó, mediante un oficio, una reunión entre la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y la Dirección Distrital, en la que esta última se comprometió a entregar materiales escolares, gestionar el acceso a energía eléctrica y agua para la escuela y convocar una mesa de trabajo interinstitucional en Sinangoe. Sin embargo, la Dirección Distrital decidió, de manera unilateral cambiar el lugar para la reunión desconociendo lo anteriormente acordado con la comunidad como garantía de diálogo intercultural.
Nada se cumplió.
Así mismo, pasaron cinco meses sin que se emitiera una respuesta ante el recurso de apelación. Hasta que, en abril de 2025, la Corte Provincial de Sucumbíos rechazó de forma contundente los argumentos del Ministerio confirmando la sentencia de primera instancia y dándole, de nuevo, la razón a las niñas y niños A’i Kofán.
“Los argumentos del Ministerio de Educación no desvirtúan la existencia de una violación a derechos constitucionales. Las excusas administrativas, la falta de presupuesto, los informes contradictorios, la dilación excesiva, y la ausencia de coordinación interinstitucional no justifican la omisión estatal (…) Existe discriminación estructural. Se ha permitido que niños y niñas de una comunidad indígena estudien durante años en una cancha abierta y una casa comunal sin agua potable, sin electricidad, sin materiales pedagógicos ni mobiliario adecuado”.
El 14 de agosto de 2025 se cumple un año, el plazo máximo para la construcción de la infraestructura educativa. Incluye: cinco aulas, parque infantil techado, casa de remedio tradicional, comedor, cocina, baterías sanitarias, talleres de carpintería, arcilla y tejidos, laboratorio de computación, iluminación, chacra tradicional, cerramiento. Hasta el día de la publicación de este artículo, la obra no ha comenzado.
Amazon Frontlines continúa trabajando de la mano con la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y otras nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana para fortalecer sus procesos de educación propia y exigir el cumplimiento de sus derechos.
